En un momento crucial para la historia de México, el Senado aprobó en lo general, por más de dos tercios de los votos (86 contra 41), y con apego a los procedimientos constitucionales, la reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar y sanear al Poder Judicial.
Felicito y reconozco a las y los senadores de la Cuarta Transformación por aprobar la Reforma al Poder Judicial. Un paso clave para fortalecer la justicia y lograr un sistema más eficiente, transparente y al servicio del pueblo.
Con esta reforma, la transformación avanza, garantizando justicia para todas y todos los mexicanos. Se aprobó en los suficientes Congresos de los estados, incluyendo el de la Ciudad de México para que se concreten los cambios a la Constitución y la pueda publicar el Presidente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Te podría interesar
Una vez publicada, entrará en vigor al día siguiente y comenzará a correr el plazo de siete días para que el Instituto Nacional Electoral (INE) lleve la primera sesión para preparar la elección de la mitad de jueces de Distrito y magistrados de Circuito, así como de magistraturas pendientes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de ministros de la corte.
La jornada para elegir a jueces, magistrados y ministros se celebrará el primer domingo de junio de 2025.Las personas que resulten electas tomarán protesta de su cargo el 1 de septiembre de 2025. En tanto, la nueva conformación de la Corte será de 9 ministros en lugar de 11; y su periodo de 15 años pasará a 12.
Ahora, los tres poderes constitucionales serán elegidos por el pueblo mediante el voto popular, libre y universal de los ciudadanos, evitando imposiciones paritarias, cuotas partidistas e injerencias del poder político y económico.
El 2 de junio dimos nuestro voto mayoritario para elegir a la primera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo; por la continuidad de la 4T y la aprobación del Plan C; es decir; la voluntad ciudadana ha sido respetada.
Se cumplió con los principios de No mentir. No robar. No traicionar, y la aprobación de esta reforma es un ejemplo de ello. Contraria al modelo que imperó durante muchos años, esta reforma deja patente el ejercicio del poder del pueblo.
De hecho, el Art. 39 Constitucional establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, razón por la cual todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.
México merece un poder judicial que garantice el derecho humano de acceso a la justicia, derecho que ha sido una deuda histórica del estado mexicano, como se dijo en el Senado después de una larga sesión.
Este dictamen refleja el anhelo del pueblo de México por mejorar los procedimientos judiciales y fomenta un enfoque sensible e inclusivo. La justicia debe ser un reflejo de esta diversidad y debe garantizar que las voces más silenciadas sean escuchadas y atendidas. Con esta reforma, la transformación avanza, garantizando justicia para todas y todos los mexicanos.
Significa el fin de la burocracia dorada; el fin del apoyo irrestricto a los delincuentes de cuello blanco; a los fallos judiciales (amparos y suspensiones) en lo "oscurito"; al carácter oligárquico donde el poder “supremo” está en manos de pocas personas; es el fin a la arrogancia y propuestas a destiempo por parte del Poder Judicial; el fin de la justicia lenta, de la indolencia de los jueces.
Es también el final del discurso violento de una oposición sin ruta, desprestigiada, sin proyecto, sin líderes, es el final de la acción corrupta del Poder Judicial y de la Suprema Corte en fallos a favor de la impunidad. Es el fin de la opulencia de jueces, magistrados y ministros; el final del contubernio entre el poder judicial y áreas jurídicas de empresas y bufetes de abogados. El final de los intereses fácticos; de los sueldos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con integrantes que tienen un salario anual mayor al que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cada persona ministra percibe anualmente 3 millones 793 mil 644 pesos, además de aguinaldo, prima vacacional y medidas de protección, según el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación 2024; mientras que en el mismo período anual el Presidente obtiene 1 millón 992 mil 214 pesos netos, de acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024.
Es el fin del nepotismo judicial donde la mitad de los trabajadores del Poder Judicial federal tiene lazos consanguíneos dentro de las distintas áreas de ese sector, pues el 49 por ciento de la plantilla (24 mil 546 personas) tiene algún familiar dentro del mismo, lo anterior, con base en datos del Consejo de la Judicatura.
Es el fin al bastión de poder corrupto y conservador que han mantenido por décadas; fin a la conservación y prolongación de sus intereses; fin a las cárceles con 24 mil personas que actualmente esperan sentencia (999 de ellas llevan más de 15 años esperando su juicio); es el final del contubernio de jueces y magistrados que en los últimos años han liberado a presuntos delincuentes los fines de semana y han negado órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR), o han retrasado la justicia. Hoy, en el sistema acusatorio hay más de 4 mil 520 procesados que llevan más de un año sin sentencia, lo que incumple el Artículo 20 Constitucional.
Es el final de las acciones de evidente obstaculización y abuso por parte de las autoridades judiciales frente a temas prioritarios para el desarrollo del país, es el fin de los acuerdos políticos, influencias o de las relaciones familiares.
Bienvenida pues, una nueva etapa en el proceso de transformación del país; bienvenida la democracia parlamenta; bienvenido el mandato justiciero; bienvenido el esfuerzo transformador del gobierno por su propuesta de reforma jurídica; bienvenida la autonomía, independencia y especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales; la participación ciudadana en la designación de las personas titulares de estos órganos y la administración de justicia de manera pronta y expedita.
Bienvenida la justicia mediante un cambio profundo en la organización e integración de los diversos órganos que forman el poder judicial de la Federación, y de los poderes judiciales locales. Bienvenida la autonomía e independencia del poder judicial, imperativos para lograr que la justicia alcance a todas y a todos, sin importar su ingreso, su influencia política, económica o social.
Bienvenida la democracia y la participación ciudadana en los asuntos públicos; bienvenido el reclamo social a la justicia; la respuesta a las demandas históricas de los ciudadanos que claman por un sistema judicial, más justo, más transparente y accesible, real y efectivo.
El dictamen presentado es resultado de un amplísimo proceso de discusión y análisis que se realizó en todo el país, se escucharon a toda las voces, y ello enriqueció el trabajo legislativo.
La reforma del poder judicial es una de las iniciativas más analizadas y debatidas en nuestra democracia parlamentaria, resultado de este amplio proceso de discusión y análisis. La iniciativa fue enriquecida y se hicieron más de 100 modificaciones y precisiones al texto original.
Es una obligación moral enfrentar la corrupción en beneficio del pueblo; la justicia es un asunto público que involucra a toda la sociedad, y es esencial para la democracia y la paz, como bien dijo Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en su discurso en el Senado al detallar el contenido de esta reforma que modifica diversos artículos de la Carta Magna.
La auténtica democracia y el derecho se todas y todos los ciudadanos del país se abren paso. ¡Que la violencia jamás sea el camino!