Antes de 2021 se tenían sospechas y se tenían algunas “líneas de investigación”; pero es a partir de esa fecha que se fue confirmando cada vez más: el crimen organizado estaba dispuesto a imponer a sus candidatos, fieles a su causa y a sus intereses económicos como también criminales. Tenían todo a su favor: “Abrazos, no balazos”.
Aquel año se registró el asesinato de, al menos, 34 candidatos o aspirantes a puestos de elección popular; hubo 749 víctimas de agresiones como asesinatos, atentados con armas de fuego, amenazas, secuestros, desapariciones y otras formas de violencia de alto impacto en contra de funcionarios o exfuncionarios, políticos o expolíticos, aspirantes, familiares de dichos actores y víctimas colaterales. En el proceso electoral de 2018 habían sido 24.
Al término de las campañas electorales para las elecciones del 2 de junio de 2024 se reportó la muerte de, al menos, 38 candidatos a puestos de elección popular, lo que las hizo ser las elecciones más violentas de la historia mexicana para candidatos y aspirantes, sin contar que hubo agresiones físicas y/o secuestros a muchos de ellos, a integrantes de sus familias, hostigamiento y extorsión…
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Las organizaciones criminales deciden –en muchos lugares del país, sobre todo en aquellos en los que sus negocios ilícitos se mueven con mayor intensidad–, quiénes habrán de ocupar estos puestos, los que van de presidentes municipales o legisladores o gobernadores… y para ello amedrentan y amenazan o asesinan a quienes representen un obstáculo para sus intereses.
Son zonas en las que la ingobernabilidad tanto federal, estatal o municipal ha dado paso al predominio de las organizaciones delincuenciales, con lo que se cumple aquello de que ante el vacío de poder, hay quienes o quien ocupe esos espacios; y se cumple en esos casos.
Con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio en Texas por las autoridades estadounidenses y luego la publicación de una carta enviada a través de su abogado defensor, el escándalo no se hizo esperar: Zambada involucraba al gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya como uno de los posibles asistentes a la reunión en la que lo sustrajeron, así como la de Héctor Melesio Cuén, nacido en Badiraguato, Sinaloa en 1955 y diputado federal electo. Asesinado el mismo 25 de julio.
De la historia de lo acontecido esa fecha todavía hay mucho por conocer. Poco a poco se va desgranando la información, aunque el gobierno mexicano se mostró sorprendido por lo ocurrido a sus espaldas en la detención de uno de los capos más buscados por el gobierno estadounidense.
Sin embargo lo importante aquí es la revelación que hace “El Mayo” Zambada en esa carta, hecha pública por su abogado defensor el sábado 10 de agosto, en respuesta a las versiones de que fue él quien se entregó a las autoridades estadounidenses. No. Lo niega y sí afirma que le tendieron una emboscada y que fue sustraído con la presunta ayuda de uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán.
Lo importante ahí es la cercanía de gente de gobierno con el capo del Cártel de Sinaloa. Refiere su cercanía con Cuén y lamenta su asesinato; asegura que acudió porque le garantizaron la presencia del gobernador Rubén Rocha y que tenía protección de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública sinaloense (a la que Rocha en su defensa señala como “autónoma” y por lo tanto no de gobierno).
Que Zambada y Guzmán López estarían ahí para dirimir un pleito entre Rocha y Cuén, para definir quién sería el rector de la Universidad de Sinaloa. Y ahí está el punto que nos interesa: ¿Como por qué ellos tendrían que dirimir la rectoría de la UAS? ¿Significa esto que la institución universitaria podría ser regida por un funcionario aprobado por el cártel sinaloense? ¿Lo ha sido?
Y surge la duda: ¿Cómo es que llegó al poder político del estado de Sinaloa Rubén Rocha y cómo consiguió puestos de elección popular Héctor Melesio Cuén? ¿Estas decisiones políticas tenían que ver con la cercanía con Zambada, o no?
¿Cuántos candidatos ganadores de puestos de elección popular en 2021 y 2024 fueron impuestos por el crimen organizado en el país? ¿Por quiénes fueron sustituidos algunos de los candidatos muertos? ¿En qué condiciones de gobernabilidad quedan los estados o municipios en los que ocupan el poder político gobernadores y presidentes municipales impuestos por estas pandillas? Y el Congreso federal y los locales, ¿cómo están conformados?
Para ocupar estos cargos se habrán tenido que utilizar los procedimientos democráticos vía electoral una vez que se hizo a un lado a los candidatos de partido:
¿Y qué dice a esto la señora Guadalupe Taddei presidenta del INE tan proclive a la 4T? ¿No es responsabilidad de esta institución presuntamente autónoma la de vigilar que tanto candidatos como partidos representan a la voluntad ciudadana y no a intereses ajenos a ello? ¿Y los Tribunales electorales?
Al final de cuentas todo esto confirma lo que ya se decía sotto voce: nadie sabe quién gobierna en amplias zonas del país. ¿En manos de quién está el destino político y social de miles de mexicanos en zonas de alto riesgo?
De acuerdo con la versión periodística de Salvador García Soto, publicada en El Universal el 12 de agosto de 2024, el señor Rubén Rocha Moya le dijo en entrevista de 2021: “¿Entonces sí conoce al “El Mayo” Zambada?: “Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa –respondería Rocha–: Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato”.
“Y yo fui a pedirles su apoyo” –sigue–. “Quien diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente. Así es la cosa, para qué nos hacemos pendejos”.