De forma inédita y a partir de una amplia convocatoria y de la evaluación de propuestas, no fue la Universidad Nacional Autónoma de México, sino la Universidad Autónoma de Nuevo León la institución seleccionada para realizar el registro de coberturas electorales en radio y televisión con la metodología y el catálogo de programas aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), labor que se realizó en tiempo y forma de manera satisfactoria para el contratante y produciendo elementos útiles y de alta calidad para la comprensión de lo sucedido en campañas para actores políticos y electores en general.
En esa ocasión, el monitoreo realizado incluyo diversas variables que permitieron seguir el tratamiento de aspectos como la visibilidad de las candidaturas a través de acciones afirmativas, el reconocimiento a personas candidatas de género no binario, así como el registro de actos de violencia y/o agresiones a contendientes.
La cuestión de género en los medios
Una vertiente destacada por quienes integran el Consejo General del INE al presentarse el informe final del monitoreo en la sesión ordinaria de este órgano del 27 de junio de este año fue el resultado en las variables de género, de equidad de género y de violencia política en razón de género.
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Al respecto, se mencionó, con apoyo en los resultados del monitoreo, que en el caso de las senadurías se dedicó 57 por ciento del tiempo para hablar a hombres y 43 por ciento para mujeres, a pesar de haberse registrado más candidatas que candidatos, mientras que en el diputaciones el desbalance es mayor, al reportarse más de 61 por ciento del tiempo para seguimiento de los hombres y sólo 39 por ciento para mujeres.
Esto mismo se refleja si en lugar de observarse los tiempos se revisan las piezas de monitoreo contabilizadas según género: 59 por ciento de estas piezas en el caso de la senadurías fueron para hombres y el resto para las mujeres, mientras que en el caso de las diputaciones la brecha por género fue mayor, al alcanzar los hombres 62 por ciento de las piezas registradas, contra 38 por ciento destinado a mujeres.
Más allá de este desbalance, sobre el que reflexionaremos al final del texto, se encuentra que los reportes relacionados a la equidad y a la violencia política de género, aunque su seguimiento y reporte es relevante, los datos muestran un peso marginal de esta vertiente en la información que se difunde: menos de uno por ciento de las piezas valoradas en radio y televisión presentaron roles o estereotipos de género y menos de dos por ciento no hicieron uso de lenguaje incluyente y no sexista por parte de actores políticos. Aunque no dejan de ser criticable estas inequidades, su peso específico en las campañas no estaría luego siendo relevante para la formación de las preferencias del electorado.
Para dar densidad al monitoreo
Durante las campañas, se registró un reclamo por el único candidato varón por una supuesta inequidad en la cobertura de medios hacia su campaña. Varios medios respondieron que no estaban obligados a darle idéntica cobertura y que además ello era derivado de la relevancia e intensidad de sus actividades y no necesariamente de políticas editoriales sesgadas.
Ello lleva a mostrar una limitación actual del monitoreo para la interpretación de los datos que aporta: no existe forma de constatar si las distribuciones de piezas y tiempos en la cobertura informativa son reflejo de sesgos en los difusores o consecuencia del patrón de actividad de quienes contienden.
Para darle densidad a los datos compilados, sería necesario disponer de un inventario de las actividades públicas por candidatura que diera cuenta al menos de su número y eventualmente de su duración, para contrastarlo con las piezas y tiempos destinados en medios y así poder ponderar los resultados del monitoreo contra las actividades realizadas y no contra la cantidad de candidaturas, lo que resulta realmente irrelevante para evaluar si existen o no sesgos en la difusión que dan los medios.
Es cierto que sería complicado construir este inventario, pero la autoridad administrativa electoral bien pudiera solicitar reportes bajo un formato estandarizado a quienes contienden para alimentar una base de datos que se consolidara como parte del monitoreo y que permitiera contrastar la equidad en la cobertura informativa respecto a las actividades públicas realizadas. La generación de este inventario podría fundamentarse en el hecho de que disponer de estos datos coadyuvaría a los propósitos del propio monitoreo.
En fin: ahí queda la idea.