El dilema resurgió con fuerza. Los ajustes que tuvo el peso en relación con el dólar, primero, y luego la difusión de tres encuestas que hizo la presidenta virtual electa Claudia Sheinbaum sobre la reforma al Poder Judicial, colocaron en el centro de la atención el tema de quiénes, cuándo y cómo van a tomar las decisiones de política pública durante el próximo sexenio.
¿Decide la gente a través de una encuesta o la presidenta? En el caso de la elección presidencial y el Congreso, el pueblo ya lo hizo el pasado 2 de junio. Su voto fue claro y contundente. A Morena y sus aliados les dio un poder enorme, legítimo e incuestionable. La mayoría ciudadana optó por un modelo en el que ambos poderes podrán cambiar la Constitución casi sin ningún obstáculo.
Sin embargo, la controversia se mantiene por el desacuerdo de algunos sectores que consideran al llamado Plan C un capricho personal del presidente; una acción que apunta a un sistema autoritario porque afecta el sistema de contrapesos del Estado; o el escalamiento de un conflicto personal entre quienes encabezan hoy los poderes Ejecutivo y Judicial.
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De lo que no hay duda es que la estrategia de comunicación política oficial sigue siendo eficaz. A pesar de que la mitad de las personas encuestadas desconocen la esencia del contenido de la Reforma Judicial, el nivel de apoyo al presidente y el acuerdo con que ministros y ministras, jueces y juezas sean electos por votación parecen incuestionables.
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Por lo tanto, el Plan C va adelante: sin grandes cambios. A menos que la presidenta virtual electa decida generar un punto de inflexión antes de tomar posesión, con el fin de imponer un estilo personal de gobernar sin generar ningún conflicto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La posibilidad existe, se dice, pero en realidad es poco probable.
Los detalles específicos de los pros y contras —o de los riesgos que implica un proyecto de reforma como el que se presentará al Congreso— no parecen estar en el interés de la ciudadanía, que ya decidió. Y todas y todos lo debemos aceptar porque el voto en favor de Morena y sus aliados vino acompañado de un voto de confianza que también es incuestionable.
A partir del 2 de junio, Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad directa sobre las decisiones que tome y también sobre el rumbo que seguirá el país. Las encuestas son una brújula necesaria para fortalecer sus procesos de toma de decisiones, pero no la obligan a acatar lo que dice una encuesta o a evadir las obligaciones que le impone el marco jurídico vigente.
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La democracia participativa no se expresa a través de las encuestas. Se ajusta a otras características, reglas y procedimientos. La opinión de la ciudadanía reflejada en esos estudios es, además de una brújula política, una herramienta propagandística muy útil para mantener arriba los niveles de popularidad, tal y como lo hizo el presidente López Obrador.
Desde el inicio del actual gobierno, la oposición no ha podido convencer a la mayoría sobre los problemas que traería una reforma como la que propone el presidente. Los pocos argumentos que han permeado no han sido suficientes ni contundentes para que la ciudadanía respalde a los partidos y líderes que están abiertamente en contra.
En contraste, la narrativa del gobierno federal y los partidos que lo sostienen está bien alineada, aunque 1 de cada 2 personas encuestadas dijeron no estar enterados de la propuesta de reforma al Poder Judicial. Luego de lo sucedido en las campañas, es obvio pensar que no es fácil interpretar la postura de la gente frente a algunos grandes problemas nacionales como la violencia y la inseguridad.
Ante la Reforma Judicial y otros grandes temas de la agenda nacional, la ciudadanía permitirá que la presidenta tome las decisiones que considera más convenientes, haya consulta de por medio o no, parlamento abierto o no, presiones de los mercados financieros o de algunos medios de comunicación, o de los partidos políticos que se oponen a su proyecto.
La mayoría ciudadana debe estar consciente de su decisión. Aquellas y aquellos ciudadanos que votaron por otras opciones políticas deben respetar y acatar la decisión de la mayoría porque así es la democracia. Las leyes están para regular los desacuerdos y conflictos. Aunque algunos no descartan la posibilidad, no parece lo más adecuado elegir ministras y ministros, juezas y jueces, sin la capacidad y experiencia profesional para cumplir con su misión.
Votar por ellas y ellos conlleva grandes retos. Por eso, la decisión final de la presidenta no puede dar señales de autoritarismo. El diálogo que pretende abrir es una vía a la que no puede renunciar, no obstante, el sistema de partido hegemónico que hoy tenemos. Gobernar para todas y todos también ha sido un compromiso público y reiterado. Si no fuese así, entonces el país estaría en el umbral de un sistema antidemocrático.
Las acciones y obras del presidente López Obrador, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco o la construcción del Tren Maya, entre tantas otras, no fueron reprobadas por la mayoría ciudadana. Tampoco hubo rechazo de dicha mayoría a su intervención en el proceso electoral. El silencio, la omisión, dejar hacer, dejar pasar o la falta de crítica también es una decisión. Visto así, el pueblo ya decidió. Lo demás es retórica… o la evidente falta de capacidad para comunicar y convencer de quienes se oponen a lo que está sucediendo.