En el pasado debate de las y el contendiente presidencial se abordó entre los temas, el problema de la inseguridad que es el número uno en las preocupaciones ciudadanas del país. Y para desencanto nuestro escuchamos de unas y del otro, una serie de lugares comunes, que representan solo más de las mismas estrategias que han venido siguiendo, desde que comenzó esta imparable subida de los delitos y las muertes por homicidio: formación a policías municipales; fortalecimiento de cuerpos policiales federales; resurrección de la policía de caminos; sesiones madrugadoras del gabinete de seguridad, más cámaras y videovigilancia de policías y espacios, etc. Arsenal este, además de pobre, centrado en los delitos de los abajo, pero no en los crímenes de los de arriba.
En lo que ninguno/a de les contendientes reparó es en el abordaje del problema público de la inseguridad, por lo que escuchamos respuestas sin preguntas claras de lo que genera, multiplica o ha tornado imparable la inseguridad en nuestro país. Pasar directo a las respuestas sin reparar en el problema impide visualizar cuáles pueden ser los objetivos generales y particulares de las intervenciones públicas; Qué se puede y debe hacerse dado el carácter del problema; qué papel tiene cada nivel de gobierno en el problema y en las soluciones; qué carácter tiene la inseguridad, los delitos, los agentes de los delitos y qué cuestiones caracterizan a las expresiones y el contexto locales o regionales de la inseguridad. Qué áreas de intervención pueden identificarse a partir de una mejor comprensión del problema. Preguntas todos para las que sobran propuestas, experiencias y sistematización de conocimiento, por cuanto el problema ha venido siendo estudiado desde diversas perspectivas por un cúmulo de estudios, en los últimos veinte o treinta años.
Aquí adelantaremos solo algunas de las perspectivas que nos parecen importantes del problema.
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Esta es una pregunta importante para determinar el problema. Al respecto podemos, a riesgo de matizar o de incurrir en reduccionismo, pero con el propósito de caracterizar de qué hablamos en México cuando nos referimos a la inseguridad, identificar al menos tres etapas en el comportamiento de la violencia criminal en México.
1) La primera que llamaremos como de la Pax Narca y de la delincuencia menuda decir que iría de 1982 a 2007. De acuerdo a la estadística de SNSP la inseguridad estuvo asociada, hasta 2007, con las crisis económicas. A medida que la inflación, la carestía, el desempleo se incrementaban (1982, 1987, 1995, 2005) los delitos, sobre todo económicos subían. La mayoría de los casos se trataba de delitos de la delincuencia menuda; las organizaciones criminales operaban en delitos como el secuestro, el robo de automóviles, robo a comercios, a transporte comercial, caracterizados como delitos violentos.
De los ochenta hasta el 2000 la población en general padecía más a la delincuencia desorganizada, que a la organizada. Las organizaciones del Crimen Organizado (CO) dedicadas al narcotráfico disfrutaban de la pax priísta: el acuerdo cupular entre el pináculo del poder y los liderazgos criminales, mediante el cual el gobierno federal centralizaba las relaciones políticas y de control del CO protegiendo plantíos, pistas de aterrizaje y transporte de droga, además de regular el crecimiento y relevo de liderazgos y grupos criminales. El trasiego de drogas irrumpía eventualmente en eventos de violencia por ajustes de cuentas en organizaciones oponentes, o en operativos para captura de delincuentes, disputas por cargamentos, etc. El indicador de 7.8 homicidios por cada 100 mil habitantes nos colocaba un poco por encima de los países de la OCDE, pero muy lejos de Colombia (39.7) o Brasil (51.4) por esos años, que vivían su propia guerra contra las drogas. Fueron también estos años de crecimiento del tráfico de drogas por el crecimiento de las adiciones sobre todo de mariguana, cocaína, heroína, goma de opio, en EU, donde la adicción pasa de 10 a 18 millones de usuarios de droga.
2) La segunda etapa sería la de la Guerra contra la criminalidad y la multiplicación de los negocios criminales. Esta etapa inicia en 2008 con la guerra contra las drogas declarada por Calderón asociado con el gobierno de Estados Unidos (Plan Mérida 30 de junio 2008) el panorama cambia radicalmente. El ataque intensivo y extensivo de cuerpos militares y policías contra células, grupos y liderazgos criminales desató violencia y muertos al por mayor. En cinco años, el indicador de homicidios por cada 100 mil habitantes creció más del triple, ubicándose en 23 homicidios por cada 100 mil, colocando el baremo de violencia criminal en México casi 50 años atrás. También se multiplican las organizaciones criminales, de 5 cárteles al inicio en 2007 a 67 a finales del sexenio. Los negocios criminales también se diversifican incluyendo lo que G. Trejo y S. Ley (2021) identifican como la extracción ilegal de riqueza humana por extorsión, trata y secuestro, además de la riqueza de recursos naturales, saqueo ilícito de minas, bosques y refinerías de gas y petróleo. Otro cambio importante en la estructura orgánica en este momento es la integración de la criminalidad menor de bandas locales de grandes ciudades o zonas metropolizadas, que se articulan en un esquema tipo franquicia con las grandes organizaciones criminales que los reclutan, los equipan con armas y los capacitan en zonas de entrenamiento, para que operen descentralizadamente en la ampliada cartera de negocios ilícitos. Es esta una estrategia de expansión del territorio y la escala de negocios en México; algo que las organizaciones del CO tenían anteriormente acotado, concentrados en el negocio de surtir a los narcotraficantes expendedores del mercado norteamericano. Lo que tiene un impacto directo en el aumento de la inseguridad interna.
3) El surgimiento de la narcopolítica de 2013 a 2024. Esta tercera etapa, cuya muestra más palmaria la constituye la desaparición de los alumnos de escuela normal de Ayotzinapa, es una fase donde quedan muy claros los vínculos y asociaciones de las organizaciones criminales que imponen su dominio en los negocios criminales de vastas regiones, con autoridades y cuerpos policiales de municipios, fiscales y gobiernos estatales, policías federales y miembros de corporaciones militares. Si bien la muestra deriva de Guerrero, los vínculos político-policiales-criminales tutelan operaciones similares en otras entidades y van desde la producción y el trasiego de drogas, explotación ilegal de minas de oro, plata, despojo de tierras y despoblamiento forzado de comunidades, tala ilegal, tráfico de especies, trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, secuestro, extorción, etc. Estos vínculos suponen lo que algunos autores han identificado como doble pacto, el primero entre políticos y policías para encubrir las operaciones del CO y el segundo entre policías y criminales para permitir y facilitar estas operaciones. Sin embargo, en México a partir de la envergadura de las operaciones criminales en estados como Tamaulipas y Guanajuato se advierten tres niveles de acuerdos: el primero arriba, entre gobernantes y líderes criminales, que incluye a fiscales, forenses, autoridades carcelarias, jueces, notarios, pero también empresarios y banqueros; el pacto entre gobernantes y policías y el de los policías con los criminales.
Según la teoría política desarrollada para entender las relaciones entre las CO y la violencia de tintes políticos desarrollada por estas organizaciones en las “nuevas democracias latinoamericanas: “ … las organizaciones ilícitas que compiten de cierta forma para construir órdenes sociales propios en ciudades, pueblos y barrios. Pero cuando los capos desarrollan acuerdos de colusión con agentes estatales y aprenden a coexistir con ellos, cunde la paz en el inframundo del crimen. De suerte que cuando los GCO compiten entre sí por territorio o por la protección del Estado —o cuando compiten contra él—, la guerra y la violencia a gran escala se convierten en la forma de interacción dominante.” (G. Trejo y S. Ley Votos, Drogas y Violencia 2021, 30)
Sin embargo, lo que está ocurriendo en México durante los procesos electorales particularmente en el presente donde han sido asesinados más de treinta candidatos/as y más de 100 han renunciado a contender el próximo 2 de junio, no se explica de acuerdo con lo desarrollado por la teoría política mencionada por estos autores. No se trata aquí de una competencia del CO por la protección de las instituciones del Estado en los territorios en pugna con otras organizaciones, como sugieren los estudiosos, sino de una especie de alineación política de los GCO con unos partidos u otros, según el municipio y la entidad federativa que se trate. En una suerte de fusión o asociación de líderes o políticos locales y los cárteles, es decir en una suerte de narcopolítica. Una forma de competencia política donde los intereses, la violencia y el dinero de las organizaciones criminales se ponen al servicio de candidaturas y colores partidarios, para que, una vez llegados al poder, los/las personajes “electos” pongan el aparato de estado al servicio de las redes criminales.
En este sentido la inseguridad generada por la violencia del CO no se trata solamente como sugieren los autores de la creación de una “zona gris” para la realización de sus negocios producto de la asociación de agentes estatales que ofrecen redes de protección informal a las actividades de las organizaciones criminales, en los territorios “concesionados” por decirlo así, donde estos pueden coexistir, crecer y reproducirse, sino de auténticos para-estados o segundo estados (Segato, 2004) que articulan el poder y la gobernanza real de regímenes político-criminales, donde todo o buena parte del poder legítimo institucional (gobernantes, policía, jueces, notarios, legisladores, fiscales, forenses, sistema carcelario) está cooptado por la CO.
Si además se considera el tamaño de los negocios criminales a nivel regional y mundial y la colusión de bancos y grupos financieros y empresarias del mundo con estas operaciones, es ingenuo plantear estrategias como las que ofrecen implementar las candidatas y el candidato, porque solo le hacen cosquillas al problema de la inseguridad en México.