Durante más de 70 años nuestro país estuvo gobernado por un solo partido político, el cual era hegemónico, gobernaba todos los niveles de gobierno, los municipios, los estados de la república, la Ciudad de México (llamada anteriormente Distrito Federal) cuyo titular era nombrado por el Presidente de la República como regente capitalino, mismo que era quien designaba a los delegados, ahora llamados alcaldes. En esos tiempos la policía se manejaba de forma única, siendo las diferentes policías que pasaron a través de los años, desde la extinta Dirección Federal de Seguridad con su poderoso director Fernando Gutiérrez Barrios, hasta desaparecer y convertirse posteriormente en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN y al día de hoy en el Centro Nacional de Inteligencia CNI.
Se debe explicar para entender el contexto, que siendo el PRI el partido político que ganaba todas las elecciones, se regían por un solo mando donde las autoridades federales tenían un estatus superior a las policías estatales. Estas a su vez estaban por encima de las policías municipales, lo que hacía mucho más fácil la prevención de los delitos por una sencilla razón: si se tenía la sospecha que una persona podía ser un delincuente, se le detenía, se le investigaba (torturaba) y se le acusaba de los delitos que consideraba el agente policiaco, era llevado ante el Ministerio Público, quien convalidaba toda la información relatada por la policía en su investigación e imputaba los delitos, para ser presentado ante un juez penal, ya fuera del fuero común o federal dependiendo del o los delitos y este resolvía con un auto de formal prisión. Quien era acusado tenía que demostrar su inocencia lo cual podría tardar años.
A principios de los años 90s la oposición en México tuvo sus primeros logros electorales, ganó varios Estados de la República y por primera vez el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, esto creó una problemática en cuanto a los mandos policiacos. En México se acostumbraba que cuando las autoridades federales investigaban un asunto, las policías de los estados y municipios se ponían bajo su autoridad y mando, pero esto cambió cuando los Estados de la República y los municipios cambiaron de partido, lo que empezó con una problemática con las jurisdicciones y los ámbitos de competencia federales y locales.
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Las autoridades federales ya no eran los amos y señores que podían llegar a cualquier lugar de este país a investigar lo que quisieran y como quisieran, esto generó desacuerdos entre las autoridades estatales y federales en muchos casos, y fue utilizado por los grupos criminales para comprar impunidad –como siempre con los eslabones más débiles, las policías del municipio–. Realmente no se tenía una policía federal o nacional como la conocemos al día de hoy, como ya menciones existía la Dirección Federal de Seguridad (DFS), pero ya existía la Policía Federal de Caminos como Policía Federal en toda la Republica mexicana pero solo para los concerniente a las carreteras del país. Asimismo, la Policía Fiscal y la de Migración. Es cierto que existía la Policía Judicial Federal, que era la Policía de Investigación de la extinta Procuraduría General de la República, ahora Policía Federal Ministerial, así como los Policías Judiciales de cada estado de la República y el Distrito Federal. Sin embargo, en realidad no teníamos una Policía Nacional Federal encargada de la seguridad pública en el país.
En 1999 en el último año del gobierno de Ernesto Zedillo se crea la Policía Federal Preventiva, tomando como base a la Policía Federal de Caminos pero ampliando las facultades para todo el país y no solo para las carreteras, misma que dependía de la Secretaría de Gobernación. Cuando Vicente Fox ganó las elecciones presidenciales, con ayuda y apoyo de Ernesto Zedillo se crea la Secretaría de Seguridad Pública y se traslada a la Policía Federal Preventiva (PFP) quitándole el control a la Secretaría de Gobernación.
Recordemos que en el año 2001 se crea el AFI (Agencia Federal de Investigación) para acabar con lo que era la Policía Judicial Federal. Después de los fracasos en seguridad del sexenio de Vicente Fox, llega el gobierno de Felipe Calderón, quien en un intento por legitimar su gobierno y acabar con la problemática política y social que le generaba el robo de las elecciones presidenciales, crea a mediados de su sexenio la Policía Federal a la que se le dan facultades de investigación para realizar investigaciones junto con la AFI, que para ese entonces ya era un fracaso declarado por su mismo creador Genaro García Luna.
Derivado del fracaso de la Policía Federal, llega Enrique Peña Nieto y como costumbre priísta nuevamente regresa el control a la Secretaría de Gobernación, desapareciendo la Secretaría de Seguridad Pública y regresando el control a los políticos, por medio de la Comisión Nacional de Seguridad, un órgano administrativo. Es importante recordar que en el año 2013, se anunció la creación de la Gendarmería, misma que jamás terminó por cumplir funciones específicas, pero que para antes de finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, en México, ya teníamos un nuevo sistema de justicia penal en el país.
Tampoco se debe olvidar que en el año 2008 se aprobó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se estableció el sistema de justicia penal acusatorio, con la finalidad de modificar la procuración e impartición de justicia en el país, ya que se reconocieron los derechos humanos de todos mexicano, los cuales antes solo eran considerados como garantías individuales.
Para el 5 de marzo de 2014 se expidió el decreto del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales en el Diario Oficial de la Federación, mismo que entró en vigor a nivel federal el 24 de noviembre de 2014. En junio de 2016 todo el país ya había aplicado el nuevo sistema de justicia penal, lo que creó una nueva problemática: nuestras policías municipales y estatales no tenían facultades de investigación, la cual es única y exclusiva del Agente del Ministerio Público, a menos que los delitos se cometan en flagrancia.
En 2018, gana las elecciones presidenciales Andrés Manuel López Obrador, extinguiendo la Policía Federal y creando la Guardia Nacional, figura ya mencionada por nuestra Constitución. Por primera vez se utiliza a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública con un marco legal, gracias a la ley de la Guardia Nacional, ya que antes se había creado la Policía Federal Preventiva y Policía Federal, para sacar al Ejército y Marina de las calles, pero nuevamente se tuvo que sacar al Ejército y a la Marina a las calles para cuidar a las Policías Federales.
Este pequeño resumen de las policías que hemos tenido en México en los últimos 30 años nos demuestra que cada presidente ha tratado de implementar su propia estrategia para crear una institución que, considera, será su legado al dejar el poder.Hemos visto cómo todos los nuevos presidentes han llegado y han cambiado las instituciones y estrategias para empezar de cero. Este no debe ser el caso hoy en día, por fin la Guardia Nacional está conformada por un número de elementos suficientes para tener presencia a nivel nacional, ya se graduaron las primeras generaciones de oficiales de la Guardia Nacional, ya empezamos a ver resultados en prevención de los delitos de alto impacto, pero no hemos entrado al problema real.
Si no reformamos nuestro sistema de justicia penal, no importara de nada que tengamos a las mejores policías del país, si la ley no le concede facultades de investigación a la policías, a menos que los delincuentes sean detenidos en flagrancia. Si no entendemos que las fiscalías deben ser realmente reformadas, (ya que teníamos procuradurías y les cambiamos de nombre por fiscalías pero no mejoramos ni cambiamos nada), debemos entender que tenemos muy pocos ministerios públicos, mismos que están saturados de trabajo. Es imposible que en la grandes ciudades de nuestro país un Ministerio Público tenga bajo su investigación alrededor de 1200 carpetas, esto hace imposible una investigación profesional, más si se le suma la corrupción institucional, donde se les pide dinero para comprar hojas porque no las proporciona la fiscalía, cuando se le pide “cooperar” para pagar el internet porque no lo proporciona la fiscalía, cuando hay que pagar la gasolina porque no lo da la fiscalía. Este tipo de situaciones suceden todos los días. Así resulta imposible llegar ante los juzgadores, los cuales también están saturados de trabajo para realizar imputaciones y acusaciones certeras y profesionales.
Hasta que se tome en serio la problemática, será posible solucionarla. Hoy escuchamos a los políticos en los debates hablar de cosas que desconocen y que además son realmente imposibles de llevar a cabo, este es el problema de que nos gobierne gente que jamás ha tenido experiencia en estos temas, y que los asesores solucionen todo en el papel. Como siempre lo he dicho, el papel aguanta todo, porque no tiene nada que ver con la realidad.