A raíz de un embarazo, más de dos millones de mujeres, sufren de incontinencia urinaria o fecal, después del parto, debido a una lesión en el orificio entre el canal del parto y la vejiga o el recto causado por la prolongación u obstrucción de un parto y no recibir atención médica de manera urgente.
La lesión se llama fístula obstétrica, y aunque ya no debería ocurrir, es una realidad, como lo ha retratado el creativo mexicano Lorenzo Hagerman, en su más reciente documental, “Fifaliana”, en el que da seguimiento a un grupo de médicos, de diferentes nacionalidades, que año con año, por sus propios medios, se trasladan a Madagascar y Mozambique para ayudar a centenas de mujeres afectadas por esta lesión.
En su primer parto, Zaevo llegó al filo de la muerte, perdió el bebé y su marido desapareció. Ahora tiene 16 años y sufrió una herida que le apartó de la sociedad, debido a los olores provocados por la misma ante su incapacidad de retener la orina o el excremento. No pudo remediar su situación ante la falta de un servicio médico adecuado y cercano a su hogar.
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El de Zaevo y muchos otros casos son el reflejo de las políticas de salud inequitativas, que a pesar de que en varias regiones del planeta, la fístula obstétrica está erradicada, hay otras como África Subsahariana, Asia, Medio Oriente, América Latina y el Caribe, donde cada año se documentan nuevos registros.
La garantía de que no se presente la fístula obstétrica es parte del cuidado de la salud materna, entendida como la salud de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio debido a que en cada etapa debería ser una experiencia positiva que asegurara el pleno potencial de salud y bienestar de las mujeres y sus bebés.
Esta es parte de la salud sexual y reproductiva, ese cuidado de la salud en su aspecto reproductivo, pero también, en cuanto al respeto de los derechos sexuales y reproductivos a fin de que todas las personas puedan gozar de su sexualidad sin contratiempos y con todos los insumos necesarios para evitar embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, y cualquier otra situación de complicación.
De acuerdo con el informe sobre salud sexual y reproductiva Vidas Entrelazadas, Hilos De Esperanza - estado de la población mundial 2024 (UNFPA,2024), de seguimiento de los avances de la Convención de El Cairo, celebrada en 1994, en el caso de México, la cifra de razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos es de 59. En cuanto a partos atendidos por personal de salud cualificado, se registró que eran el 97 por ciento de los que ocurren en territorio nacional.
Sobre la tasa de uso de anticonceptivos de mujeres de entre 15 y 49 años se cuantificó que 55 por ciento utiliza un método cualquiera, cifra que se incrementa a un 74 por ciento en el grupo de quienes se identificaron como casadas o unión libre. En el caso de acceso a métodos modernos, 53 por ciento afirmó utilizar cualquier mientras que aquellas que tienen una pareja establecida lo reconocieron en un 71 por ciento.
Alrededor de nueve por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años consideró tener alguna necesidad insatisfecha de planificación familiar y 82 por ciento afirmó tener una demanda satisfecha con métodos modernos. Alrededor de 75 por ciento indicó tener acceso a cobertura sanitaria universal.
En el caso de las niñas y adolescentes, se reveló que hay 44 embarazos por cada mil niñas de entre 15 y 19 años.
Por otra parte, casi 100 leyes vigentes garantizan algún derecho sexual o reproductivo para las mujeres en algún municipio o entidad federativa.
Si bien la información no es abundante, México fue uno de los 16 países que sí contaba con algunos registros de poblaciones indígenas, aunque falta desagregarlo en términos de población afrodescendiente.
La situación documentada por Hagerman es el reflejo de la escasez de políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva y las consecuencias del descuido de estas, vidas mermadas y calidades vulneradas, que no deberían de serlo, y mucho menos, cuando está comprobado que muchos de esos problemas sanitarios, deberían haber sido erradicados desde hace décadas.
Si bien en el país, esa no es una realidad, y hay avances sustanciales en la materia, estos no son iguales para todas las mujeres. Pues, en las zonas urbanas es posible gozar de los servicios de salud sexual y reproductiva, pero en las áreas rurales o alejadas de los núcleos urbanos, estos son inaccesibles. Por lo tanto, aún hay brechas por superar a fin de que todas las mujeres gocen de sus derechos y se eliminen las desigualdades motivadas por el género y ciertas condiciones de las personas.