La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública data de mucho tiempo atrás y se intensificó durante el gobierno de Felipe Calderón ante lo cual, quien en ese entonces era el principal dirigente opositor fue un muy duro crítico y, al igual que muchos de sus seguidores, rechazaba tajantemente la presencia militar en las calles. Por ejemplo, en 2010 López Obrador declaró que “el presidente Benito Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar sino a una república civilista, esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles”, y en sus campañas se comprometió a regresar al Ejército a los cuarteles.
Sin embargo, en unos pocos años cambió radicalmente su visión -así como de muchas otras personas que hoy forman parte del grupo en el poder- y durante esta administración los militares no solo han asumido prácticamente la responsabilidad total de la seguridad pública a nivel federal y en muchos casos también de las instituciones estatales o hasta municipales que están a cargo de militares o marinos, pues su participación se ha ampliado a cada vez un mayor número de actividades de la administración pública.
Por ello, es necesario y oportuno conocer el análisis que en su reciente libro “Érase un País Verde Olivo”, seis personas investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (Juan Jesús Garza Onofre, Javier Martín Reyes, María Marván Laborde, Guadalupe Salmorán Villar, así como Pedro Salazar Ugarte y Sergio López Ayllón quienes fueron directores del IIJ y del CIDE respectivamente) realizaron sobre el proceso de militarización en nuestro país, advirtiendo que no se trata de un alegato contra el Ejército, sino que es un llamado de atención sobre la relevancia e implicaciones de las decisiones que involucran a las Fuerzas Armadas desde una perspectiva histórica, documentado la situación actual y compartiendo sus preocupaciones por el futuro.
Te podría interesar
Para dimensionar el acelerado incremento de la participación militar en la vida pública basta con revisar los datos citados en el libro a partir del inventario elaborado por el programa de política de drogas del CIDE, que arroja que desde 2006 se han transferido 197 actividades civiles a las Fuerzas Armadas, de las cuales solo 19 fueron en el sexenio de Felipe Calderón, 74 con Peña Nieto y 104 han sido durante el gobierno del presidente López Obrador y que, además de la seguridad, tienen que ver con migración, aduanas, puertos, aeropuertos, obras públicas o distribución de medicamentos entre muchas otras.
En lo que se refiere a las dependencias que le han trasladado más funciones -y que son muy disímbolas entre sí-, se encuentran las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, del Bienestar, Hacienda, Medio Ambiente y Recursos Naturales así como la Comisión Nacional Forestal y hasta el SAT, además de que presupuestalmente, tan solo del Banco del Bienestar, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Secretaría del Bienestar le han transferido casi 10 mil millones de pesos.
Pero me parece que lo más relevante del análisis que nos ofrecen sus autores, es la revisión sobre el sustento legal de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles la cual, aun cuando debía ser excepcional se ha convertido en permanente, así como el riesgo que implica en el debilitamiento de los controles democráticos. En este sentido, concluyen con algunas reflexiones más que pertinentes en el contexto actual. 1) Es indispensable cuestionar la presencia militar en la vida civil así como el discurso militarista sobre todo a la luz de los resultados en términos de seguridad, transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas; 2) Mientras los cuerpos de policía civiles no sean tomados en serio y se fortalezcan desde una óptica integral y federalista, el panorama difícilmente va a cambiar reconociendo que la militarización de la seguridad pública no podrá revertirse de un día para otro, sino que se requiere de un proceso gradual; 3) Resulta indispensable un análisis detallado de las tareas civiles encomendadas a las Fuerzas Armadas más allá de la seguridad pública e iniciar paulatinamente con la construcción de controles democráticos en cada una de ellas, pues si bien el objetivo debe ser el regreso de esas funciones a instancias civiles, en lo inmediato se debe evitar que gane la inercia y se imponga la opacidad, y 4) Es necesario abandonar el discurso militarista para recuperar el lenguaje de los derechos, las libertades, la democracia, la igualdad y la inclusión.