Hace poco más de un mes, por instrucciones presidenciales y con autorización del Senado, una delegación de 60 marinos, 20 militares, así como 11 expertos de la Comisión Nacional de Búsqueda y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores partieron en un barco de la Armada rumbo a una isla panameña para buscar los restos de Catarino Erasmo Garza Rodríguez, donde al parecer falleció y fue sepultado hace aproximadamente 130 años. Probablemente la gran mayoría de las y los mexicanos no habían escuchado hablar de quien se dice fue precursor de la Revolución mexicana al ser de los primeros que se levantó contra el gobierno de Porfirio Díaz -cuando menos así era en mi caso-, pero para el presidente López Obrador se trata de un personaje histórico de la mayor importancia, al grado que en 2016 escribió un libro sobre su vida en el que lo describió como un héroe anónimo que luchó por la libertad, y mandó a una numerosa delegación integrada por 93 personas para participar durante dos meses -su regreso está programado para el 16 de abril- en trabajos de excavación arqueológica y, en caso de que encuentren los restos, exhumarlos y repatriarlos.
Quizá Catarino Erasmo Garza tenga la relevancia y los méritos para que se le reconozca su lugar en la historia nacional, pero me parece que ese no es el principal tema. Lo que habría que preguntarnos es si en la situación actual por la que atraviesa nuestro país, se justifica que se destinen tantos recursos para esta misión en tanto que las familias y sobre todo las madres de las miles de personas que desaparecieron en los últimos años se sienten abandonadas por su gobierno en medio de un gran dolor y, en muchos casos, hayan tenido que dejar todo poniendo incluso en riesgo sus vidas para buscar a sus seres queridos.
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De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Gobernación, el número de personas desaparecidas es de poco menos de 100 mil pues de las 114 mil que se tenían registradas, se han localizado a 15 mil con prueba de vida además de señalar que no todas las desapariciones son forzadas debido a que se ha identificado que en la mayoría se trata de ausencias voluntarias. Sin embargo, aun tomando las cifras oficiales, lo cierto es que estamos ante una crisis humanitaria que ha seguido creciendo ya que más de 45 mil desapariciones, es decir, cerca de la mitad, han ocurrido durante esta administración y existen muchas dudas sobre la consistencia del Registro Nacional de Personas Desaparecidas a partir de su reciente actualización, además de que alrededor de 56 mil personas fallecidas se encuentran en fosas comunes sin identificar y eso sin contar las cientos de fosas clandestinas existentes. Pero al parecer para ello no hay recursos.
También resulta inexplicable la molestia gubernamental e incluso la descalificación hacia los colectivos de madres buscadoras ante su enojo, indignación y justas exigencias. Ni siquiera se les ha querido recibir a pesar de que se han parado en diversas ocasiones afuera de Palacio Nacional esperando ser escuchadas -a diferencia de Estela de Carlotto, fundadora de la organización argentina Abuelas de la Plaza de Mayo que se reunió con López Obrador en julio del año pasado-, e incluso Cecilia Flores quería entregar al presidente la pala que usa para buscar a sus hijos, pero la única respuesta que obtuvo fue que se la dejara en la puerta. En su último mensaje en redes sociales, la activista denunció que en estos días que ha tratado de ver al presidente López Obrador ha recibido más amenazas que nunca, y que no claudicará en su intención de verlo por lo que regresará a Palacio Nacional, pero por lo pronto continuará yendo a esos campos donde nadie se atreve a entrar porque no se quiere morir sin antes encontrar a sus niños. Mientras todo esto sucede aquí, sigue la búsqueda de los restos de Catarino Erasmo Garza.