Uno de los principales factores que desquebrajan a las familias, a la sociedad y ponen en tela de juicio la obligación constitucional del Estado de velar y dotar de seguridad de las y los habitantes de una determinada comunidad, estado o país, es la desaparición forzada que, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas…..”.
En nuestro país, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con corte al 20 de agosto de 2023, la cifra ascendía a 111 mil personas. No obstante, en diciembre del año pasado el Gobierno de la República indicó que solamente reconocía a 12,377 personas desaparecidas.
No obstante, la diversidad de información y datos sólo lastima al factor y núcleo de la sociedad: la familia. Si tomamos en cuenta la cifra oficial reportada por la Comisión Nacional, tenemos que alrededor del 38% de las personas corresponden a un rango de edad entre 0 y 19 años. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, diariamente se reportaron 17 personas desaparecidas entre 0 y 17 años durante 2021.
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Para el caso específico del Estado de México, resulta que es la entidad con la mayor problemática en cuanto a personas desaparecidas ya que, en 2022, por ejemplo, desapareció o no fue localizado un menor de edad en 89 de los 125 municipios que conforman nuestra entidad federativa.
Estos registros constituyen uno de los aspectos más dolorosos que sufren las familias, ya que las desarticulan, las fracturan, y aunque recuperen en el mejor de los casos a la persona que estuvo desaparecida por algún tiempo, las cicatrices quedarán toda la vida y con ello, la sociedad deja de confiar en sus instituciones, en las autoridades y, como consecuencia, se debilita nuestro sistema democrático y el Estado de Derecho.
En este sentido, presenté a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante el Pleno del Congreso Mexiquense un proyecto de iniciativa por el que se adicionarían algunas disposiciones legales tanto a la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; ambos del Estado Libre y Soberano de México.
Esta Iniciativa contempla materializar las mejores prácticas para agilizar la búsqueda de personas, en particular, de niñas, niños y adolescentes en el Estado de México a través de las siguientes consideraciones:
- Implementar y difundir ante la población mexiquense estrategias que fortalezcan la cultura de la prevención en torno a la desaparición forzada de este importante segmento de la población, como mecanismo estatal de coordinación en materia de investigación y búsqueda de personas.
- Promover entre las instituciones del Estado el trato directo con niñas, niños o adolescentes, así como entre los padres, cuidadores o quien ejerza la patria potestad para generar lazos y vínculos comunicativos permanentes.
- Integrar una Cédula que registre los principales datos de identificación de niñas, niños y adolescentes tales como nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, género, estatura, grupo sanguíneo, huellas dactilares de ambas manos, tabla de características físicas, señalización de las señas particulares, muestra de ADN, y fotografía. Esto con la finalidad de prevenir y reaccionar en el menor tiempo posible ante la presencia de desaparición, privación de la libertad o sustracción de una niña, niño o adolescente.
Esta iniciativa pretende dar seguridad y herramientas jurídicas tanto a las autoridades como a la población para actuar ante el fenómeno de la desaparición forzada de personas con lo que se generarían las bases para prevenir, atender y erradicar este mal que irrumpe la paz social de nuestro estado.