“El ‘pueblo’ de los populistas no es el constitucional: es histórico y moral, custodio exclusivo de una identidad y, por ello, único pueblo legítimo y dueño de la nación”: Loris Zanatta.
La hegemonía es la solución más armoniosa de la relación entre la sociedad política (el Estado). la sociedad civil (la ciudadanía o individuos privados con sus derechos + empresarios –otros actores–) y el pueblo, ese conglomerado a la vez unitario y diferenciado (Maquiavelo dixit) que entraña lo popular. La hegemonía es el resultado de un equilibrio en las relaciones de fuerza de la sociedad, entre la igualdad jurídica de todos y las desigualdades económicas y culturales de las clases, logrado a partir de un consenso, o un sentido común, una suerte de dirección política compartida por la mayoría.
Este sentido común o dirección compartida es construido mediante un discurso que contiene una racionalidad, donde los instrumentos, medios y fines del poder son compartidos por las mayorías, de modo que se constituyen también como un sentido común culturalmente compartido. La combinación de consenso y hegemonía legitima la dominación, de modo que el poder o los poderes construyen soluciones y resoluciones, entre gobernantes y gobernados, entre poderosos y plebeyos, que tienen una garantía de estabilidad, fundada en reglas aceptadas e incuestionables. Es decir reglas que cuentan con el consenso de las mayorías y de gobernantes que prefieren u optan por medidas, decisiones soluciones y resoluciones aceptadas, aceptables por esas mayorías.
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Esta condición tan poco común hoy, en los sistema políticos del mundo, es a juicio de Gramsci una condición propia de los estados nación europeos de los siglos XVIII, XIX y XX en el track histórico jaloneado por las fuerzas del liberalismo económico de los burgueses, por un lado y, la fuerza social y moral de los movimientos obrero-socialistas, fabianos, laboristas, así como el reformismo social de la iglesia católica, por el otro.
El triunfo de las naciones liberales en la Segunda Guerra (Estados Unidos, Inglaterra) en alianza con la Rusia socialista, trajo a su vez al suelo europeo, las alianzas interclasistas de las burguesías nacionales con los movimientos obreros, construyéndose una hegemonía de clase con el consenso de las clases subalternas que luchaban empero en la arena electoral con sus propios partidos por la conformación de gobiernos. Pero ya desde 1932 (Quaderni di Carcere) Gramsci había identificado cambios en la hegemonía del estado liberal por la presencia de dos dinámicas institucionales: por un lado, la canalización de las demandas económicas de las clases dominantes en proyectos políticos, hacia la arena parlamentaria a través de organismos de la sociedad civil (asociaciones empresariales, clubes, fundaciones, asociaciones religiosas, medios periodísticos, etc.) Y por el otro, la incorporación de la lógica estatal en el espacio privado de la sociedad civil, a través de un proceso de transformación que fue colocando lo estatal, como lo público, en el corazón de la organización de la vida privada. Lo que Foucault llama el nacimiento de la biopolítica y Polanyi La gran transformación, que dan lugar a los estados de bienestar. Hay que decir empero, que esta hegemonía y este consenso se desquebrajaron desde fines de los setenta, con el arribo del primer gobierno neoliberal de Margaret Thatcher (1979) y que las reformas neoliberales destruyeron los fundamentos de la solidaridad interclasista por lo que hoy Europa se debate en la búsqueda de una nueva hegemonía, donde crecen las fuerzas neoconservadoras y neofascistas.
En América Latina las élites criollas tanto las liberales como las conservadoras, herederas ambas de la colonización española, construyeron estados oligárquicos que aun cuando estaban basados en principios liberales, mantuvieron la exclusión política, social y económica de las clases subalternas: indígenas, campesinos pobres, peones, obreros y capas populares de trabajadores urbanos, es decir del llamado pueblo. Los casos excepcionales de construcción de regímenes incluyentes de lo popular en nuestra región se presentan en temporalidades distintas pero en un arco que va de los años 30 y 40 en su primera etapa: APRA en Perú, el Peronismo en Argentina, el Varguismo en Brasil, el Cardenismo mexicano, donde los gobiernos de corte nacionalista realizan reformas constitucionales contrahegemónicas respecto al orden oligárquico y a favor de los grupos excluidos a quienes incorporaron a las decisiones del poder.
De todos los experimentos de la época, el más exitoso sin duda fue el de Lázaro Cárdenas. Cárdenas logró articular y estabilizar una alianza de la élite política gobernante con las clases subalternas: campesinos y obreros, que dio origen a lo que Viviane Brachet-Marquez (1996) llamó atinadamente un Pacto de dominación. Es decir una suerte de acuerdo político con reglas escritas y otras simplemente implícitas, que se fueron institucionalizando tanto en la Constitución Política como en el Partido gobernante, pero también en la legislación secundaria y terciaria que crearon diversas instituciones con vocación social. Gracias a este Pacto el trato político del gobierno con las clases subalternas se tradujo hasta cierto punto, en mejoras económicas y derechos sociales. El Pacto de dominación, al mismo tiempo que les ofrecía condiciones de un bienestar material progresivo, que se fue postergando con el tiempo, proveyó al régimen del consenso indispensable de estas clases en torno a la reproducción de las jerarquías políticas y las desigualdades sociales existentes.
La dominación de las clases subalternas sostuvo casi todo: crisis, carestías, devaluaciones, represión selectiva, autoritarismo, precarización. Sostuvo ya malparada, el giro de 180 grados que realizaron los reformistas neoliberales: la nueva élite que arribó al PRI en 1982 modificó de tajo los cimientos constitucionales de la hegemonía y el consenso creados en los años treintas. Entre 1983 y 2020, impulsaron 529 modificaciones (1) para cerrar el paso a cambios de ruta, usando por primera vez al poder reformador permanente del Legislativo para sellar el acuerdo de las nuevas élites políticas y económicas, que se consolida entre 1983 y 2012 con el Pacto por México.
El triunfo de la 4T en 2018 fue una respuesta masiva a la descomposición y corrupción de las élites reformistas neoliberales, que ya habían fraguado un consenso inter alia en la izquierda y derecha de los partidos que construyeron la alternancia del régimen entre 1994 y 2012. Las mayorías excluidas desalojaron a estas élites políticas. MORENA articularía una coalición variopinta con sectores contradictorios: evangélicos o de orientación conservadora con liderazgos más liberales promotores de derechos sexuales y reproductivos y otros postulados progresistas, que en conjunto no le da consistencia partidaria, pero que hasta el momento y gracias al cemento del poder ha sido funcional a las propuestas de su líder, incluyendo sacar adelante la candidatura de actual presidenta Claudia Sheimbaum.
Pero más allá de algunas consignas muy conocidas por repetidas como: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”; “Por el bien de todos primero los pobres”; Austeridad republicana”; “Abrazos no balazos”; “Amor con amor se paga; “Humanismo mexicano” y otras, no contamos todavía con un ideario articulado de las propuestas de la Cuarta Transformación, a partir del cual se pueda forjar un nuevo consenso y una nueva hegemonía.
Una puede advertir que hay en efecto un cambio cultural político en buena parte de la ciudadanía mexicana, que es el sustrato en el que se dieron las pasadas elecciones, donde la mayoría del electorado desechó tajantemente la oferta de la oposición integrada por los partidos de la etapa de la alternancia. En un rechazo que sugiere que todo lo que estos representan es ya agua pasada para las presentes generaciones. Pero la hegemonía y el consenso necesarios para establecer un nuevo pacto social no se ve todavía en el escenario de MORENA. Tal vez por esas razones las reformas constitucionales que ha emprendido el partido guinda además de dar una vuelta de tuerca a las reformas neoliberales, están cifrando un nueva base de gobernabilidad colgada de la ley, pero gelatinosa en el suelo social. El nuevo pacto no ha surgido pero la oposición está deshecha.
1. Las administraciones con mayor número de artículos reformados son la de Enrique Peña Nieto con 155, la de Felipe Calderón Hinojosa con 110, la de Ernesto Zedillo con 77, la de Miguel de la Madrid con 66 y la de Carlos Salinas de Gortari con 55. Ver Olaiz González, JAIME (2022) Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932021000200237