La justicia no puede seguir siendo un privilegio inaccesible, una esperanza inalcanzable ni una promesa vacía. Es momento de mirar de frente el rostro de la injusticia y la desigualdad. En un país con tantos desequilibrios sociales como México, resulta inaceptable que el Poder Judicial permanezca distante del pueblo.
Para corregir el rumbo, las personas juzgadoras debemos construir verdaderos espacios de atención, donde las demandas de los más desfavorecidos sean resueltas con empatía y sensibilidad. Los tribunales deben convertirse en lugares donde la gente sea tratada con respeto, sus problemáticas no sean ignoradas y pueda encontrar soluciones que reivindiquen sus derechos.
En este proceso de renovación y mejora, la Suprema Corte debe asumir el reto de encauzar el cambio social y cerrar la brecha de desconfianza con la ciudadanía. Para lograrlo, deberá trabajar en dos ejes de acción: justicia con equidad y sentido social, y responsabilidad democrática.
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El pueblo de México percibe a la justicia como elitista, lejana e insensible a los graves problemas de desigualdad que aquejan a nuestra sociedad. Para acercarnos a sus exigencias, necesitamos ministros y ministras que defiendan el valor de la equidad. Que sean capaces de advertir las vulnerabilidades de los más oprimidos y estudiar sus planteamientos con deferencia, sin excusarse en rigorismos técnicos absurdos.
Sólo la justicia con equidad y sentido social es cercana a la gente. Para alcanzarla, necesitamos que la visión progresista predomine en la posición interpretativa del derecho de los y las ministras de la Corte. Así tendremos juzgadores constitucionales que privilegien las decisiones sustantivas sobre los obstáculos procesales y que comprendan que sus sentencias trascienden la resolución de los casos para dar cauce al cambio social.
La justicia con sentido social también exige un trato digno a las personas. Todos y todas merecen ser escuchadas con apertura y acceso al juez de su causa, así como recibir sentencias imparciales con rapidez y en lenguaje ciudadano. Sólo acercando el derecho a la gente, podremos recuperar su confianza.
De igual manera, requerimos jueces y juezas constitucionales que comprendan su responsabilidad institucional. Perfiles que acepten que el Poder Judicial debe colaborar con el Legislativo y el Ejecutivo en la protección de los derechos humanos. Ministras y ministros sensibles a las exigencias de la democracia, que no obstaculicen el cambio social.
En ese marco de responsabilidad institucional también se encuentra la posición de ministros y ministras frente al precedente judicial. Necesitamos juzgadores que comprendan que sus resoluciones no pueden ir por un camino, mientras que la realidad social avanza en otra dirección. Perfiles capaces de tomar un rol activo en el cambio jurisprudencial, escuchando las decisiones previas de sus pares y ajustando el derecho a las necesidades sociales del presente.
México necesita a las y los mejores juristas. A quienes con un robusto sustento argumentativo pueden pacificar conflictos, convencer a las partes y guiar la resolución de contiendas futuras. Requiere también de ministros y ministras con una sólida formación académica y profesional, que no se limite a las habilidades técnico-procesales que también son muy necesarias.
El próximo primero de junio, serán las y los mexicanos quienes escojan a los integrantes de la nueva Suprema Corte. En este proceso democrático sin precedentes, estoy segura de que tomarán la mejor decisión.
Magistrada Décimo Tribunal de Justicia