Como hemos podido observar en un hecho inédito, cómo la estrategia y coordinación de los niveles de gobierno ha comenzado a dar frutos. En días pasados se desarrolló un operativo coordinado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dependiente de la Secretaría de Economía, junto con personal de Marina y la SSPC de la Ciudad de México, quienes realizaron el decomiso y aseguramiento de bodegas con mercancía de dudosa procedencia.
Recordemos que todo cambio ha sido de forma paulatina y hoy se han ido materializando cada una de estas estrategias, en este caso, se realizó un operativo para asegurar mercancía que se encontraba almacenada, donde no se presentó ningún propietario o representante legal para que pudieran acreditar su importación en forma legal en nuestro país, ubicada en la Plaza Comercial Izazaga 89, ubicada en la Ciudad de México (CDMX).
Como ya lo he expuesto en anteriores columnas, es necesario el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, para que se otorguen las órdenes de cateo y las órdenes de aprehensión correspondientes, actuando bajo el marco de la ley, sin que exista una comisión por omisión, con una teoría del caso fortalecida con los elementos materiales probatorios, de tal forma que no sea necesario ejercer exceso o abuso de la violencia. Esa es la gran diferencia, que se mantenga el estado de derecho y solo aquel que decida enfrentar la fuerza del estado tendrá como respuesta la restauración del orden.
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Todavía hay mucho por hacer, ya que hemos recibido diversas denuncias por parte ciudadanos y comerciantes que se encuentran en las demarcaciones de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde existen grupos de líderes que practican la extorsión y tienen de fachada ser organizaciones sociales, las cuales no declaran impuestos. Por si fuera poco, no extienden recibos de los pagos que piden de forma semanal y en los tiempos de romería, como en semana santa, temporada de muertos y las próximas fechas decembrinas, donde las cuotas llegan hasta el monto de diez mil pesos. Las organizaciones sociales supuestamente ayudan a los grupos vulnerables, pero hacen todo lo contrario violando principalmente los derechos de los adultos mayores.
Siguen proliferando las actividades de narcomenudeo, donde no se materializa la ejecución de la persecución criminal, la cual daña a muchos jóvenes que viven a inmediaciones de esta área, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 120 años de edad, y quienes se han convertido en asiduos clientes de este tipo de psicotrópicos prohibidos, teniendo como punto de referencia las calles de Rosario y Carretones, Plaza 2000, Mercado de carnes y Mercado de dulces. También se observa el agiotismo en su máxima expresión, ya que los delincuentes ofrecen préstamos a crédito con dinero de dudosa procedencia. Diario pasan a cobrar sus cuotas, por lo que todo esté cultivo de actividades ilícitas no ha sido atendido en forma contundente por las autoridades correspondientes.
Por último, la estrategia de seguridad no es solo contra los grandes grupos de la delincuencia organizada, es también contra todos los grupos criminales regionales que han acaparado las actividades criminales de forma regional. Roban, extorsionan, cobran derecho de piso, asesinan y tienen bajo el yugo criminal a los sectores más vulnerables de la sociedad que son protegidos por las autoridades municipales, estatales y en algunos casos federales.