Las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 2 de junio tienen diversos componentes que la consideran la más grande que haya tenido nuestra nación de donde destacan que se tendrá el potencial de más de 97 millones de personas electoras, más de 20 mil cargos de elección popular en disputa que, multiplicados por las fuerzas políticas que contenderán en la elección más los registros de las candidaturas independientes hacen crecer exponencialmente el número de personas que estarán buscando la simpatía del electorado.
Los partidos políticos deberán acreditar al mayor ejército de representantes para la vigilancia de la votación en las más de 170 mil casillas que el INE tiene programado instalar; hablamos de alrededor de 340 mil representantes propietarios y suplentes y aproximadamente 17 mil representantes generales; el mayor número de ciudadanas y ciudadanos que fungirán como funcionarias y funcionarios de casilla que son poco más de 1.5 millones de personas, entre varios registros más.
Ante este panorama que enfrentarán las autoridades electorales, así como las instancias políticas, existen algunos factores de riesgo que son importantes observar y atender por parte de las autoridades correspondientes para arribar a la elección en las mejores condiciones de estabilidad y paz social. Entre estos factores destacan, entre otros, los siguientes:
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La inseguridad que persiste en nuestra nación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI publicada el pasado 19 de octubre de 2023, el 61.4% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en la ciudad de donde las mujeres destacaron manifestarse en este sentido en un 67.4%. En el mismo tenor, una encuesta publicada el pasado 3 de enero por El Financiero reveló que el 43% de las y los mexicanos considera la inseguridad como el principal problema del país, incluso por encima de la economía, el desempleo o la inflación; el 52% de la población encuestada consideró el trabajo de la seguridad por parte del gobierno de México entre mal y muy mal.
Diversas autoridades electorales se encuentran incompletas ya que el Legislativo no ha logrado concretar los más de 100 nombramientos pendientes que, para la adecuada atención del proceso electoral en marcha resulta fundamental para la funcional diligencia de los asuntos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral.
La posible incorporación del crimen organizado en las campañas que pronto comenzarán lo que coloca esquemas de posible inyección de dinero ilícito, corrupción y pertenencia no con la sociedad o el electorado, sino justamente con este tipo de organizaciones que se pareciera se incorporan como un cáncer en nuestra sociedad.
Los posibles actos anticipados de campaña pueden implicar severas multas a algunos actores políticos que pueden ir propiciando un ambiente de judicialización de esta importante etapa del proceso electoral.
El anuncio de diversas reformas legislativas que, a sabiendas que no prosperarán, solo generan un ambiente de incertidumbre en diversos organismos autónomos como el INE o las instancias jurisdiccionales.
El presunto uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia que puede incrementar un ambiente de tensión entre las que serán las instancias competidoras en el proceso electoral en la búsqueda del poder público. De no ser así, el discurso polìtico del tema se ha impregnado en la sociedad lo que ha generado una percepción negativa en las instituciones que deben ser garantes de la seguridad de las y los ciudadanos.
Contamos con una exacerbada polarización cuya cima está mayormente representada en el ámbito político incluido, por supuesto, la vertiente electoral. Este clima coloca a la población en dos polos lo que puede traducirse en diversas condiciones de enfrentamientos que van desde pronunciamientos hasta las acciones jurídicas que hemos observado y que pueden traducirse en un ambiente no óptimo para las elecciones.
Estos y otros factores son los elementos de riesgo que pueden dificultar el óptimo desarrollo del proceso electoral por lo que estamos en tiempo de que los diversos actores políticos, las instituciones, líderes de opinión, medios de comunicación, entre otros, hagan lo que corresponda para propiciar, en sentido contrario, un ambiente diferente con el único objetivo de contar con elecciones seguras, auténticas, limpias, certeras, en condiciones de igualdad y participativas en donde sea la o el elector que con su voto defina las o los candidatos, las coaliciones o las instancias partidistas triunfadoras para los próximos años independientemente de quienes logren el triunfo electoral.