Este 11 de septiembre se cumplen 50 años del Golpe de Estado en Chile. Asimismo, se cumplen 33 años desde el retorno de la democracia. Este último acontecimiento abrió un proceso que se ha denominado como justicia transicional, no solo para el caso chileno, sino para otros países de la región. Este se ha caracterizado por buscar una mejor transición para países post-dictadura, con el foco en al menos cuatro aspectos: justicia, verdad, reparación y no repetición.
Por supuesto estos procesos no han estado exentos de críticas, entre las cuales destaca la poca atención a la dimensión económica en disputa, la cual suele quedar relegada tras la idea de recuperación del proyecto político democrático. Al respecto, el presente texto se propone tensionar la idea de justicia transicional con la idea de neoliberalismo de guerra a partir de la reciente promulgación de la Ley Naín-Retamal en Chile.
En este punto, retomo lo planteado por González Casanova (2002) para quien “la actual comprensión del mundo implica profundizar en una lucha de clases negociada y reprimida, y en un imperio que se hace de muchos imperios y organismos financieros mundiales, y que habiendo postulado hace dos décadas una ideología neoliberal de paz y democracia, hoy la sustituye por un neoliberalismo de guerra fundamentalista, colonialista e imperialista con el que defiende su invariable decisión de seguir la misma política de empobrecimiento y saqueo del mundo”. Por tanto, esta dimensión económica, ubica al capitalismo neoliberal no sólo como contexto y/o telón de fondo de estos procesos represivos en América Latina y el Caribe, sino que como un eje que articula estos mismos.
Para el caso chileno, la Dictadura cívico-militar estuvo marcada por la consolidación del modelo capitalista neoliberal. Hoy en día, esto se expresa en la privatización y/o subvención de distintas dimensiones de la vida como: salud, educación, previsión social, por mencionar algunas. Asimismo, el auge económico con el que se suele caracterizar al país se encuentra concentrado en una reducida porción de la población. Así, millones de chilenas y chilenos deben endeudarse para cuestiones fundamentales como la alimentación para llegar a fin de mes.
En respuesta a este modelo, sobre todo a partir de los dosmiles, distintas organizaciones y manifestaciones sociales se comienzan a plasmar en las calles de distintos puntos del país. En cierto modo, esto culmina con la masividad de las protestas de la revuelta social de octubre del 2019. En contra de este tipo de manifestaciones es que desde la Dictadura como en los gobiernos democráticos posteriores se ha enfatizado en la narrativa de la seguridad para controlar estas acciones sociales. En ese sentido, como señala Vazquez (2015) “las dictaduras militares siguieron políticas de seguridad sostenida bajo criterios de seguridad nacional e interior que giraban en torno a la defensa y protección de una élite-económica en el poder”.
Esto es importante para abordar la tesis del presente texto, ya que, es en un contexto post-movilización social en el que se promulgó en abril de este año, la Ley Núm. 21.560, llamada institucionalmente como “Ley Naín-Retamal” y renombrada por organizaciones sociales como “Ley Gatillo Fácil”. Apenas promulgada ya ha recibido críticas desde distintos sectores, tanto de organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Comisión Interamericana de Derechos Humanos; como de organizaciones sociales.
De acuerdo con lo señalado por la legislación se limitan derechos y libertades democráticas como la de cubrirse el rostro para el resguardo de lxs manifestantes en contextos de movilización social. Asimismo, se le otorga mayor poder e impunidad a la policía. Esto se plasma en el carácter retroactivo de la ley, la que permite revisar casos de violaciones a derechos humanos por parte de la policía. En el mismo sentido, esto facilita el incremento de la violencia estatal. De hecho, apenas entró en vigor son al menos tres los casos de muerte a civiles por parte de la policía donde aunque se observa un uso desproporcionado de fuerza, según el caso, estos caen dentro de la causal de legítima defensa privilegiada que promueve la ley. Finalmente, todo lo anterior facilita la criminalización de la pobreza como protesta social. Para Robledo y otrxs (2022) a través de estas reformas limitativas de derechos y de libertades democráticas, así como de otorgar mayor poder e impunidad a las fuerzas policiales; se impulsa un movimiento global hacia la securitización, el que a su vez, significa criminalización de la pobreza y la protesta social.
Entonces, ¿por qué hablar de neoliberalismo de guerra? Porque es urgente que retomemos el análisis de un entramado complejo donde el modelo económico se complementa con aparatos legales, que aunque emergen en contextos democráticos, no pueden ser ajenos a la crítica, así como a la oposición. Más allá de la crítica a la justicia transicional como propuesta, cabe preguntarse nuevamente ¿qué tipo de democracias hemos recuperado? Sobre todo cuando se pone en riesgo el derecho a la protesta.
Fuentes consultadas:
Amnistía Internacional (2023). Chile: Proyecto de ley de legítima defensa privilegiada podría aumentar los abusos policiales y la impunidad por estos crímenes. Recuperado desde https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/03/chile-bill-could-increase-police-abuses-impunity/
González Casanova, Pablo (2002). Neoliberalismo de guerra y pensamiento crítico. Recuperado desde https://www.jornada.com.mx/2002/09/13/030a1mun.php?printver=1
Robledo Silvestre, Carolina et al (2022). “Introducción”. En Carolina Robledo et al Coords., Todavía no: Justicia, democracia y transición en América Latina, Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana: Editorial Universidad del Rosario. Leer pp. 15-37.
Vázquez Daniel (2015). “A cuarenta años de los golpes de Estado. Tesis para una reflexión” En Ana Buriano, Silvia Dutrénit y Daniel Vázquez, Eds. Política y memoria. A cuarenta años de los golpes de Estado en Chile y Uruguay. México: Flacso, Instituto Mora, pp. 245-270.
* María Constanza Larenas Poblete
Actualmente es doctorante en Estudios del Desarrollo. Problemas y Perspectivas Latinoamericanas en Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y Maestra en Estudios Regionales en el mismo Instituto. Licenciada en Sociología por la Universidad de Concepción, Chile. Sus líneas de investigación son movimientos sociales, feminismos y territorios. Es parte de la colectiva Callejeras y coordina el espacio de aprendizajes Feministxs Aprendiendo.