En sesión de consejo general del INE del pasado jueves 7 de septiembre, se declaró el arranque formal de la organización del proceso electoral 2024 en el que además de la presidencia de la república, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se renovará la integración del congreso federal, mil 803 presidencias municipales con sus respectivas sindicaturas y regidurías así como más de mil diputaciones locales para sumar 20 mil 286 cargos de elección popular, lo que seguramente incidirá en la ya de por si compleja dinámica de la Cámara de Diputados y del Senado cuyo penúltimo periodo ordinario de sesiones de esta LXV Legislatura inició unos días antes.
Quizá lo de menos sean los estridentes y poco productivos debates en tribuna para atacar y defender a quienes serán las candidatas del oficialismo y del bloque opositor, lo que realmente preocupa es que en plena y muy anticipada efervescencia electoral, será aún más difícil que se lleguen a acuerdos en las dos cámaras legislativas para definir temas tan importantes como la aprobación del paquete económico para el próximo año o para definir nombramientos pendientes por citar tan sólo algunos de sus muchos pendientes -otro ejemplo es la omisión para regular la reelección aún y cuando a partir de 2021 se permitió que las y los legisladores buscaran repetir en el cargo-.
En el caso del presupuesto de egresos que se estima para el próximo año en poco más de 9 billones de pesos representando un incremento en el gasto de 368 mil millones de pesos respecto a 2023 -hay que tener en cuenta que el déficit público será de 4.9% del PIB que es el más alto desde 1990 e implicará un endeudamiento importante-, de acuerdo con varios análisis tiene una clara lógica electoral al enfocarse principalmente a transferencias directas de los programas sociales a los que se destinan más de 740 mil millones de pesos, así como a los proyectos presidenciales.
Pero además de que en la propuesta del Ejecutivo no se tiene contemplado otorgar los recursos necesarios para atender los graves rezagos que se han acumulado durante estos años como el acceso a servicios de salud, es muy probable que, como ya anticipó el presidente López Obrador, utilicen su mayoría en la Cámara de Diputados para recortar drásticamente y sin diagnóstico previo el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia amenazando con ello la independencia judicial, y también podrían estar en riesgo los recursos para el tribunal electoral federal (TEPJF) y para otros organismos autónomos como el INE, lo que es particularmente preocupante de cara al proceso electoral más grande de la historia y que se advierte puede ser sumamente complicado por diversos factores como el nivel de polarización política y social, posible presencia de financiamiento ilícito, una alta litigiosidad o la intervención del crimen organizado.
En este contexto, el 31 de octubre concluirá el periodo de dos magistrados de la Sala Superior del TEPJF por lo que, una vez que la SCJN defina las dos ternas (una por cada género) y las remita al Senado, se deberán cubrir dichas vacantes para las que se requiere de una votación calificada de dos terceras partes de las y los senadores presentes en la sesión respectiva. Lo anterior cobra particular importancia dado que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para hacer la declaración de validez o en su caso de nulidad de la elección presidencial deben estar presentes por lo menos seis integrantes del pleno de la Sala Superior del tribunal. Es decir, en caso de que no se realicen las designaciones como ha ocurrido en el caso del INAI o de las magistraturas de las Salas Regionales del propio TEPJF -que tienen un año y medio acéfalas-, no se alcanzaría el quórum legal toda vez que quedarían sólo cinco integrantes pudiendo provocar un serio problema legal y político.
Por lo menos hace unos días recibimos una buena noticia desde el congreso al aprobarse por unanimidad en la Cámara de Diputados la minuta que remitió el Senado para que no prescriban los delitos sexuales contra personas menores de dieciocho años, que fue impulsada por Josefina Vázquez Mota y posteriormente por senadores y senadoras de varios grupos parlamentarios como Ricardo Monreal, Antares Vázquez, Lilly Téllez, Raúl Bolaños Cacho o Samuel García, lo que permite pensar que, a pesar de todo, no es imposible que se puedan generar consensos. Ojalá prevalezca la buena política y se tomen decisiones responsables con una mirada de largo alcance.