En el 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Por ello, en esta entrega he considerado oportuno discutir el alcance particular, en el ámbito de los derechos humanos, de la desaparición de personas y su impacto en las mujeres que, como víctimas indirectas, enfrentan situaciones particularmente complejas y adversas. Por lo que es importante adentrarse en la complejidad de hacer efectivas las reparaciones integrales, así como explorar la dimensión específica que la desaparición de personas adquiere en el marco de género.
La desaparición de personas, definida como la privación de libertad de una persona seguida por la negación de su detención o ubicación, constituye un problema grave y trascendente. Esta realidad requiere la revisión de los cimientos fundamentales de los derechos humanos.
En México, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición adquiere mayor relevancia ante los datos alarmantes. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hubo un promedio de 26 personas desaparecidas por día en 2022.
A finales de ese mismo año, la Comisión Nacional Búsqueda registró 11,349 hombres y 7,273 mujeres desaparecidas. Esta cifra engrosa el registro histórico total hasta este 2023, de más de 110 mil personas desaparecidas y no localizadas.
Es vital reconocer que la mayoría son hombres. Sin embargo, no debemos obviar que las desapariciones de mujeres se han triplicado, lo que subraya la importancia de un análisis más profundo.
Las mujeres que se ven afectadas por desapariciones de personas, ya sea de manera directa o indirecta, se encuentran en una encrucijada compleja en la que convergen la violencia de género, la discriminación y la invisibilidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, ha destacado la obligación estatal de prevenir estos casos, investigar diligentemente y sancionar a los responsables. La CIDH enfatiza, además, el acceso a la justicia y a la reparación para las víctimas y sus familias, así como la necesidad de establecer protocolos de investigación con una perspectiva de género.
En el caso de las mujeres víctimas indirectas de desapariciones, es necesario reconocer el impacto diferenciado que enfrentan. La feminización de la desaparición de personas, caracterizada por la violencia sexual, la explotación y la violencia de género, resalta la necesidad de medidas específicas de prevención y reparación.
En este sentido, la ONU ha emitido comentarios que destacan la urgencia de atender estas condiciones específicas. Ese organismo internacional ha subrayado que la desaparición de personas afecta desproporcionadamente a las mujeres, y que la violencia de género que acompaña este fenómeno se convierte en una agravante inaceptable.
La atención a víctimas indirectas demanda perspectiva de género. Más allá de sus vínculos, las mujeres enfrentan necesidades únicas que deben ser abordadas. Ellas no solo luchan con la incertidumbre, también encaran discriminación y violencia de género.
No solo deben ser reconocidas como madres, esposas e hijas de desaparecidos, sino como individuos con necesidades propias, sus proyectos de vida truncados y su dolor singular.
Para estas mujeres, el camino hacia la recuperación requiere un acompañamiento sólido. La atención psicológica, el acceso a la educación y la capacitación laboral son esenciales para empoderarlas y permitirles superar la adversidad.
El apoyo no solo es una responsabilidad moral, sino también una obligación legal y humanitaria. El Estado debe implementar políticas que faciliten la recuperación emocional y económica de estas mujeres, brindándoles oportunidades reales para salir adelante y proteger a sus familias.
La búsqueda de personas desaparecidas no es solo una tarea, es una urgente prioridad nacional que exige una acción decidida y sensible. En esta lucha por la verdad y la justicia, la transparencia debe ser la brújula que guíe cada paso, desde los procesos y protocolos, hasta el Registro de Personas Desaparecidas.
La búsqueda de personas desaparecidas no puede ser un esfuerzo aislado. Debe estar respaldada por un compromiso genuino de todas las instituciones y actores relevantes para llevar a cabo búsquedas exhaustivas y sistemáticas. Esto incluye la implementación de protocolos de búsqueda rigurosos y efectivos, que sean cumplidos de manera constante y transparente.
La confianza en las instituciones encargadas de la búsqueda sólo puede ser construida a través de una comunicación abierta y honesta, que informe sobre avances, obstáculos y resultados.
La participación ciudadana, especialmente la de las familias de las víctimas, es invaluable en la construcción de una estrategia efectiva y sensible. Sus voces deben ser escuchadas y respetadas, ya que nadie comprende mejor el dolor y la urgencia de la búsqueda que aquellos que están viviendo en la incertidumbre.
En este camino, el Registro de Personas Desaparecidas desempeña un papel central. La precisión y actualización constante de esta base de datos son cruciales para que cada historia no se convierta en una estadística olvidada, sino en un recordatorio constante de la necesidad de actuar.
Cada paso en esta búsqueda debe ser transparente, con las voces de las víctimas en el centro. La claridad en los procesos y la participación de la sociedad son la clave para construir un futuro donde las desapariciones sean una sombra del pasado, y donde la memoria de aquellos que han desaparecido brille en la luz de la verdad.
La desaparición de personas se erige como un desafío para los derechos humanos, y las mujeres víctimas indirectas de esta problemática enfrentan una realidad particularmente compleja. Las voces de organismos internacionales como la ONU y la CIDH resuenan en este escenario, pero es en la acción colectiva y en el compromiso continuo de la sociedad organizada y las autoridades estatales donde encontramos la clave para transformar esta realidad.
La lucha por la justicia y la equidad trasciende fronteras y obstáculos. Como miembros de la comunidad global y defensores de los derechos humanos, estamos llamados a apoyar y empoderar a las mujeres afectadas por desapariciones de personas.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, recordemos que detrás de cada estadística hay vidas rotas y esperanzas truncadas. Nuestro compromiso debe ir más allá de un día conmemorativo; debemos trabajar para cambiar la realidad. No solo recordar, sino actuar. El enfoque de género y el apoyo integral a las víctimas indirectas son pasos ineludibles hacia un México más justo y solidario.