Escuchamos en los últimos años que estos son los tiempos de las mujeres, que tenemos la posibilidad de tener por primera vez una presidenta en México, que las mujeres han dejado de ser solo un objetivo en la política para convertirse en las actoras principales de nuestros tiempos modernos. Que serán quienes tomen las riendas del país y busquen la igualdad social.
Hemos podido observar que en los últimos años existe una mayor equidad en los puestos públicos, tratando de igualar el número de mujeres en el gobierno con el de los hombres. Hemos podido observar por primera vez en la historia un gran número de gobernadoras y presidentas municipales electas, así como alcaldesas en la Ciudad de México. Por primera vez veremos una gobernadora de oposición en el Estado de México, cosa inimaginable hace algunos años. Pero la tarea de la maestra Delfina Gómez será difícil, complicada y llena de obstáculos, llega al estado más priista de todos, con congreso de mayoría priista y panista, con un Fiscal General de Justicia cercano al viejo PRI y gente cercana del actual gobernador Alfredo del Mazo, quien lo defenderá a él y su gente hasta la muerte y cuyo cargo terminará hasta 2031. Además enfrentará un poder judicial que se alinea al mejor postor bajo la presidencia del Magistrado Alfredo Sodi Cuellar, quien estará hasta el 2025. Por todo lo anterior se ve muy complicada la gestión de la nueva gobernadora.
El Estado de México sigue siendo el Estado más violento contra las mujeres de acuerdo al INEGI, con 78.7%. Es donde existe mayor impunidad en delitos contra la mujer. Llama la atención que los números sean tan altos cuando se tiene una Fiscalía de Género que todos los días atiende decenas de delitos y denuncias contra las mujeres. Pero no se puede entender hasta que vives en carne propia el peregrinar de las víctimas, y lo más increíble de todo el criterio de los jueces y juezas, ya que de acuerdo a sus criterios el delito de violencia familiar es un delito continuado, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo reconoce como un delito de realización instantánea.
Lo más increíble de todo es que de acuerdo al criterio jurídico local si el delito de violencia familiar o contra la mujer sucede en un lugar distinto al Estado de México y se continúa en esa entidad federativa, ellos no tienen jurisdicción para juzgarlo. Si a usted la violentaron hace años en la Ciudad de México, el estado de Morelos o Guerrero que son estados colindantes y usted denuncio la violencia en ese estado de la república, no importa que a usted la golpeen o maten en el Estado de México, al ser un delito continuado según el criterio jurídico local la Fiscalía de dichos estados de la republica deberán realizar la investigación para imputar esos delitos en otra entidad federativa. Para que lo podamos entender, de acuerdo a los jueces de control del Estado de México si usted denuncia un delito como violencia familiar cometida en su agravio o de sus menores hijos y usted se casó en otro estado de la república, y vive en otro estado del país y por alguna razón va al Estado de México por negocios, vacaciones o quiere cambiar su residencia derivado de la violencia que vive, si usted llega a denunciar hechos de violencia contra usted o sus menores hijos no importa que la fiscalía del estado los investigue, simplemente no podrá realizar una imputación del delito de violencia familiar al violentador y presunto responsable porque de acuerdo al criterio local de los jueces de control todos los hechos derivados de violencia familiar deberán ser investigados por la fiscalía donde usted tiene o tenía su domicilio desde la fecha en que se casó hasta el día en que se disuelva el vínculo familiar. Por increíble que parezca y no importara que un juzgado federal de amparo le ordene al juez de control que realice la audiencia, se realice la imputación y después de valorar los argumentos de las partes resuelva con libertad de jurisdicción, ya que el criterio local es que no se puede juzgar a una persona que comete ese delito si su domicilio principal está en otro estado de la república. Este criterio jurídico lo hizo valer, así como se los escribo, la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tenancingo Estado de México, Maestra en Derecho Irma Isabel Vargas Quezada.
Pero ¿por qué la justicia a favor de las mujeres sigue siendo selectiva? ¿Acaso el Magistrado Presidente del Estado de México Alfredo Sodi Cuellar es ajeno a estas violaciones procesales?, ¿Acaso su secretario particular el Licenciado Jesús Estrada García no le hace del conocimiento de las decenas de casos de mujeres violentadas y que han tenido que luchar contra estas decisiones de jueces en el estado de México todos los días? ¿Acaso no tiene conocimiento de las denuncias contra sus jueces de control, civiles y familiares que se dan todos los días?
Llama la atención que en la mayoría de los casos esas decisiones judiciales son contrarias a los preceptos jurídicos más esenciales, y por lo general es en favor de personas influyentes, poderosas y con alcances políticos. Espero que el Magistrado Presidente no tenga conocimiento de dicho actuar de los jueces bajo su liderazgo y que solo sean casos aislados que coinciden curiosamente con personajes como los antes descritos. Ojalá que su secretario particular haya tomado decisiones personales sin avisar a su jefe por considerarlo políticamente correcto, pero que para una persona que aspira a ser algún día Ministro de la Suprema Corte de la Nación es una dura mancha difícil de borrar.
Por último, será importante que la maestra Delfina Gómez tome nota de toda esta problemática. Se necesita un poder judicial con perspectiva social y de género que deje de lado los intereses personales, basando resoluciones en criterios jurídicos inexistentes y legaloides para no buscar la verdadera esencia de la ley que es buscar la justicia. Ojalá la nueva gobernadora tenga un poder judicial honesto y profesional, que busque la protección de la mujer y el núcleo familiar y no solo beneficie a ciertos personajes poderosos y con alcances políticos con sus resoluciones. La justicia no es un negocio personal, es una obligación del estado, si no dónde dejaríamos la famosa frase de Generalísimo Morelos, “que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”.