Mireya Rodríguez Lemus, Paola Buenrostro García, Octavio Acuña, Sandy Cazorla, Alessa Flores, Cheba, Gary, Edgardo, Marylin e Itzel son algunos de los nombres de quienes han sido asesinados en este país por su forma de ser y de amar, por su orientación sexual y su identidad o expresión de género o sus características sexuales.
Les recordamos a días de haberse conmemorado el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, una efeméride en la que se recuerda que en 1990 se eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y que tiene la finalidad de recordarle a la población que no deben existir prejuicios en contra de la diversidad sexual y todo aquello que cuestione a un sistema hegemónico binario y heteropatriarcal.
Una labor nada sencilla, si se toma en cuenta lo señalado en su momento por el pionero en estudios LGBTIQ+ y catedrático de la Universidad de Nueva York, Byrne Fone, quien señala que la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia son las pocas formas de exclusión social que aún encuentran cierta legitimidad en algunos sectores de la población y no son tan ampliamente cuestionadas como lo podrían ser el racismo, el antisemitismo o la misoginia.
Estas formas de animadversión pueden ir desde un comentario negativo o un chiste para burlarse sobre la forma de ser de las personas, a pasar a agresiones físicas o sexuales que dejen cierto daño a las personas, o peor aún, tengan consecuencias fatales y cuesten una vida.
Este tipo de agresiones son una realidad, de acuerdo con el Informe de muertes violentas y crímenes por prejuicio contra personas LGBT+ que año con año da a conocer la organización Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C., en 2022 se registraron al menos 87 homicidios de personas LGBTI+ en el país, presumiblemente relacionados con la orientación sexual y la identidad o expresión de género de las víctimas. Y en lo que va de 2023, han ocurrido 19.
De los crímenes de este tipo ocurridos durante 2022, 48 tuvieron como víctima a una mujer trans, 22 a hombres gay y 11 a mujeres lesbianas. La mayoría de ellos en Oaxaca, que ocupó el primer lugar con un total de 11 asesinatos registrados, seguido por Veracruz con 10, Chihuahua con 9 y el Estado de México con 7.
Entre las víctimas se identificaron a seis personas defensoras de derechos humanos, tres periodistas, y una persona con VIH. Además, en 27 casos se determinó que las víctimas fueron sometidas a múltiples violencias: golpes, violencia sexual, indicios de tortura (cuerpos atados de pies y manos y embozados).
El documento señala que en los últimos cinco años se han registrado 453 crímenes de este tipo, y en el caso de los ocurridos durante 2022, sólo en 20 se han encontrado presuntos responsables, 11 de ellos se encuentran vinculados a un proceso penal, 6 de ellos se reportan como detenidos, 2 más en prisión preventiva y 1 más como prófugo.
En este rubro de acceso a la justicia aún hay un gran pendiente pues sólo se han emitido dos sentencias en reconocimiento de que las personas fueron asesinadas por su orientación sexual o identidad de género, una en Ciudad de México y la otra en Morelos; se ha dado una disculpa pública ante la inacción de las autoridades, por el caso Paola Buenrostro, y en el caso de Puebla, a raíz del asesinato de la activistas trans, Agnes Torres, se elaboró una ley en su honor para reconocer la identidad sexogenérica de las personas trans sin necesidad de elaborar peritajes psicológicos o judiciales, sino simplemente hacer un trámite administrativo.
Desde el año pasado, el matrimonio entre personas del mismo sexo es una realidad en todo el país, en más de 20 entidades federativas es posible el cambio de identidad en la documentación legal para las personas trans sin más requisitos que el cumplir con un trámite administrativo, en algunos estados se sanciona a quienes pretenden someter a las personas LGBT a terapias de conversión y en algunos otros se ha modificado el Código Penal para reconocer las agresiones en su contra como parte de un prejuicio.
Sin embargo, el cambio cultural no se apareja necesariamente con los cambios legales, pues, datos de la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género revelan que 86.4 por ciento de las personas LGBTIQ+ considera que en México se respetan poco o nada sus derechos y seis de cada 10, se ha sentido discriminada, al menos una vez en su vida. A nivel más general, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 mostró que 64 por ciento de la población mexicana declaró que justifica poco o nada que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja.
Por lo tanto, aún restan grandes pendientes en la materia para poder vivir en un ambiente incluyente y con igualdad de oportunidades para todas las personas. Una de las grandes riquezas de la humanidad es su diversidad por lo que se debe continuar fomentado su gran valor y recordar que todas las personas representan formas únicas de ver y explicar el mundo y de querer y amar a otras personas.