El presidente ha dicho que la mejor política exterior es la política interior, asumiendo como prioridad las acciones para fortalecer el régimen interno y las bases sociales y políticas de su gobierno. En consecuencia, la agenda de relaciones exteriores fue menospreciada y condicionada; se ha desdibujado nuestra posición en la comunidad internacional; se ha complicado la relación con los Estados Unidos y, de manera selectiva, nos hemos plegado a los gobiernos populistas y autoritarios de la región.
El sesgo ideológico que inspira la política exterior de nuestro país genera desconfianza entre nuestros principales socios comerciales, nos aísla de los flujos de inversión y crecimiento, nos expone a sanciones económicas y a acusaciones reiteradas de injerencia selectiva en países en conflicto, claramente afines al populismo autoritario del gobierno.
La negativa del gobierno para pronunciarse en contra de la violación a los derechos humanos y las libertades en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, argumentando el respeto a la soberanía nacional y a la autodeterminación de los pueblos, pronto quedó atrás para dar paso al apoyo injerencista a Lula en Brasil; al rescate y asilo a Evo Morales en Bolivia; al silencio cómplice ante las atrocidades de Diaz-Canel en Cuba y de la dictadura de Ortega y Murillo en Nicaragua y, a últimas fechas, al secuestro de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, en franco apoyo a Pedro Castillo, desafiando al gobierno constitucional de Perú.
La tensión en la relación bilateral con los Estados Unidos ha alcanzado niveles poco vistos, en especial, por la inseguridad, la delincuencia organizada y la política migratoria. La guerra contra el fentanilo ha delimitado los campos, evidenciando la incongruencia y la falta de resultados del gobierno mexicano. La agudización de la crisis migratoria por la culminación del título 42, ha puesto sobre la mesa los acuerdos no revelados del gobierno mexicano para incrementar ostensiblemente la presencia militar en la frontera sur y para recibir a 30,000 migrantes cada mes sin mayor trámite.
El cruce de declaraciones entre el presidente López Obrador y un senador republicano de muy bajo perfil, ha agregado nuevas tensiones con el país vecino, por la desproporción de los señalamientos y el llamado injerencista a no votar por el partido Republicano, por parte del presidente y de muchos de sus voceros oficiosos.
El señalamiento directo de la cancillería peruana, en contra de los presidentes Petro y Lopez Obrador, por acciones injerencistas en contra del pueblo y gobierno de Perú, fueron acompañadas por la declaración de la aspirante presidencial guatemalteca Zuri Rios, quien denunció la injerencia del presidente mexicano en el sistema judicial del vecino país centroamericano, al exigir la liberación de un inculpado en delitos de alto impacto.
Se podrá decir que los señalamientos a las declaraciones del ejecutivo, responsable por mandato constitucional de conducir la política exterior, son interesados y que buscan dañar a nuestro país; lo cierto es que la política selectiva del gobierno, ha incurrido en posiciones contradictorias y contrarias a la defensa del interés nacional, de los derechos humanos y de la democracia; y ha expuesto al país a un mayor desgaste y a la pérdida de oportunidades de inversión por acción u omisión.
Ante los grandes desafíos que enfrentamos como país, es urgente reconducir la política exterior y sometería al mandato de la constitución, por encima de la presunción o la obsesión.