Aquí lo advertimos durante meses. Una advertencia que en la más reciente semana se convirtió en realidad: un golpe de Estado ordenado por el propio presidente.
Un golpe a la División de Poderes, a la civilidad política, la legalidad y, sobre todo, al orden democrático, que fue demolido por diputados y senadores del partido oficial; verdaderos lacayos del presidente.
¿Y cuál fue la razón de tal oprobio?
Poca cosa; aprobar un puñado de reformas que degradan al Estado todo; destruyen la transparencia, ocultan un descomunal saqueo oficial, les arrebatan a los ciudadanos derechos y libertades fundamentales, concentran todo el poder en un solo hombre y, sobre todo, militarizan la vida nacional.
En rigor, el bodrio legislativo, ordenado desde Palacio, cumple todas las características de un golpe de Estado.
La tradición francesa define al “golpe de Estado” como “una violación deliberada de las normas constitucionales, llevada a cabo por un gobierno, un Congreso o por un grupo de personas que detentan la autoridad”. (Bobbio, Diccionario de la Política, pg. 724).
En efecto, lo que vimos en el Congreso mexicano fue una violación deliberada de la Ley Suprema –la Constitución–, ordenada por uno de los poderes del Estado –el Ejecutivo--, y operadas por otro poder que debiera ser independiente pero que terminó como un subordinado; el Poder Legislativo.
Peor aún, se trató del clásico “golpe ejemplar” de López Obrador, cuyo mensaje es que todos se enteren de quién manda y quién tiene el poder.
Al final de cuentas, lo que vimos en el Congreso de la Unión fue la muerte de la División de Poderes, la cancelación de derechos humanos fundamentales como el derecho a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas y a derechos como la salud.
Sí, asistimos a la muerte de la democracia y a la instauración de la dictadura de López Obrador; un sátrapa que, de esa manera, prepara el fraude electoral en la contienda del 2024.
Pero también es cierto que no todo está perdido. ¿Por qué?
Porque tanto diputados, como senadores de Morena y sus aliados, siempre conocieron el tamaño de las violaciones constitucionales en las que incurrieron y tienen claro que, tarde o temprano, la Suprema Corte echará abajo el bodrio legislativo ordenado por AMLO.
Y es que en los próximos 15 meses, la Suprema Corte mantendrá su independencia y, por tanto, seremos testigos de la última batalla por la defensa del Estado democrático.
Por esa misma razón a diario crecen los embates contra la Corte, lanzados desde Palacio, al extremo de que por orden presidencial se han movilizado cientos de golpeadores a sueldo que hostigan a las y los ministros de la Corte, a su llegada a la sede del Poder Judicial.
Y aquí empiezan las preguntas.
¿Cuánto tiempo van a resistir las y los ministros de la Corte? ¿Hasta dónde va a llegar el acoso ordenado desde Palacio?
La respuesta se puede encontrar en el último de los diques de contención de un Estado democrático; en los ciudadanos.
Y es que históricamente el poder ciudadano ha resultado el más eficiente escudo para contener a los gobiernos dictatoriales y la sociedad mexicana de hoy empieza a entender el valor de la movilización contra un gobierno que día con día le arrebata derechos, instituciones y libertades.
Y el mejor ejemplo de la respuesta social a los manotazos del poder es el paro nacional convocado por la comunidad científica de todo el país, en protesta por la desaparición del Conacyt y contra la locuaz decisión de entregar a los militares la ciencia.
Pero ese es apenas el principio, ya que son muchos los indicios de que las protestas ciudadanas se pudieran generalizar.
¿Y cuales son esos indicios?
Que la veintena de reformas aprobadas al vapor por la ilegal aplanadora de Morena, afecta de forma directa o indirecta a todos o casi todos los sectores de la sociedad mexicana.
Las reformas afectan a la ciencia y a los científicos; atentan contra la cultura y todas las expresiones culturales; afectan a la agricultura y a millones de mexicanos que viven de producir los alimentos de 130 millones de personas; afectan a ramos industriales estratégicos como la minería.
Las reformas golpean instituciones fundamentales y de alto impacto en toda la población, como la salud, la educación y el deporte, además de que pronto veremos los efectos de la militarización y la debilidad democrática en el cierre de empresas y de un desempleo creciente.
Por eso la pregunta final: ¿Cuánto tiempo tardará la sociedad mexicana, toda, para entender el tamaño del golpe de Estado promovido por López Obrador, para salir a la calle y exigir la renuncia del dictador?
Al tiempo.