En medio de diversas presiones y tensiones por la pretensión reiterada del poder Ejecutivo de ignorar y vulnerar la división de poderes, se celebró el 106 aniversario de la Constitución.
Durante el acto central, en Querétaro, los representantes de los poderes legislativo y judicial, exaltaron los principios fundamentales de nuestra vida democrática y llamaron a dejar de lado los enfrentamientos estériles que dividen a la nación. Recordaron que la la paz y la justicia se sustenta en el fortalecimiento de la vida institucional, que la garantía de igualdad y legalidad radica en la autonomía, imparcialidad e independencia judicial; y que la solución a los problemas del país se construye en unidad, diálogo y respeto a la pluralidad.
Ante los distintos embates a la división de poderes, conviene recordar y tener presente lo que establece el artículo 116 constitucional, respecto al ejercicio del poder: “el poder público se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo”.
Es claro que quienes hoy atentan contra este principio, no desconocen el precepto constitucional, lo grave es que su interpretación está dominada por prejuicios ideológicos y por el interés manifiesto de mantenerse en el poder al precio que sea. Por ello, resulta altamente preocupante el desprecio constante a la ley y a la Constitución, hasta el punto de conformar una agenda y de profundizar la deriva autoritaria del gobierno.
De forma y de fondo se actúa con desdén en contra del poder Legislativo, negando el diálogo entre poderes y promoviendo iniciativas que buscan imponerse, sin ningún respeto al proceso legislativo, por el voto mecánico de la mayoría oficialista. Quien suponga que la simple imposición de la mayoría es democracia, desconoce los principios y valores que la sustentan y desdeña el valor y el potencial de la pluralidad expresada en el Congreso.
Una y otra vez se ha intentado someter al poder Judicial, pretendiendo manipular el proceso para elegir a sus representantes o imponer la voluntad del poder Ejecutivo en los asuntos que la judicatura debe resolver con total independencia. Es cierto también, que a últimas fechas, contaron con la colaboración de algunos de sus integrantes y la abyección de otros, sin embargo, nada justifica ni suprime a la norma constitucional.
Medidas similares se han intentado en contra de los órganos que gozan de autonomía constitucional, como el INE, buscando debilitar y desmantelar su estructura y funcionamiento para lograr el control de las próximas elecciones. El instituto electoral, como el resto de los organismos autónomos, si bien se debe coordinar con los otros poderes, no está subordinado a ninguno de estos.
En su apetito de poder, el régimen actual busca la eliminación de todos los contrapesos democráticos, sin importar la ilegalidad o inconstitucionalidad de sus acciones. El llamado Plan B, que en breve se discutirá y votará en el Congreso, es un atentado contra la democracia y las libertades políticas de los ciudadanos, en especial, contra el derecho al voto y la soberanía popular.
No por nada, la fecha, la reforma electoral ya es la más impugnada de la historia judicial de nuestro país. Pero no basta la impugnación, la voz de exigencia de la concentración ciudadana del 26 de febrero y las diversas iniciativas de rechazo deben ser escuchadas hasta lograr la declaración de inconstitucionalidad.
Debe quedar claro, en defensa del sistema electoral que nos hemos dado, de las libertades y la democracia, #MiVotoNoSeToca.