En distintas partes del país, los grupos armados del crimen organizado han diversificado sus actividades. Más que el tráfico de drogas, se dedican principalmente al control de distintos recursos y bienes públicos y privados, lo cual les permite no solo la extracción de un capital económico sino también el dominio de las poblaciones y el territorio. Se convierten así, más que en actores meramente delictivos, en actores políticos, logrando una gran capacidad para regular la vida cotidiana.
Este fenómeno es denominado gobernanza criminal y no puede entenderse sin la presencia de distintas autoridades públicas que de alguna manera participan en ella (Sampó, 2021). Es decir, más que por su ausencia o ineficiencia, como suele asegurarse, las autoridades tienen un papel primordial por su colusión o, en el mejor de los casos, por su permisión de la gobernanza criminal. Incluso, la forma en que actúa el Estado respecto a ello ha configurado expresiones de gobernanza criminal que no requieren el uso de la violencia física y que satisfacen clientelarmente ciertas necesidades básicas de las comunidades a través de la provisión de ciertos bienes y servicios, así como del reparto de dádivas, desde dinero en efectivo, electrodomésticos y despensas, hasta el financiamiento de eventos sociales y fiestas patronales.
No obstante, la mayoría de las veces la gobernanza criminal se expresa de manera predatoria mediante el uso exacerbado de la violencia sobre la población. En ocasiones, es ésta la que llega a encontrar una respuesta de las personas agraviadas mediante una forma de acción colectiva conocida como defensa comunitaria, que puede ir desde reacciones espontáneas, con poco nivel de organización y cortas en el tiempo, hasta otras con mayor ritualización y que pueden derivar en formas autonómicas de organización social (Fuentes & Fini, 2018).
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Los recientes sucesos ocurridos el pasado 8 de diciembre en el poblado de Texcapilla, perteneciente al municipio de Texcaltitlán, Estado de México, han sido una expresión de defensa comunitaria. Esto se evidencia en la decisión de la población de confrontar a una célula delictiva perteneciente a La Familia Michoacana, la cual se disputa el monopolio de las actividades criminales en la entidad con Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según testimonios de residentes difundidos en distintos medios de comunicación, aquella organización criminal tiene un control sobre las actividades económicas de la localidad, pues exige una cuota a los agricultores por cada metro cuadrado de siembra y a los comerciantes por la venta de tortillas, huevo y pollo. Estas acciones han provocado el encarecimiento de los precios de la canasta básica en la zona.
De ahí la indignación de las personas que habitan Texcapilla, misma que se materializó en un duro enfrentamiento que dejó 14 personas muertas, de las cuales 10 eran miembros del grupo criminal, entre las que se encontraba “El Payaso”, lugarteniente de La Familia Michoacana en el Estado de México; mientras que las cuatro personas restantes eran habitantes de la comunidad. Ante la presencia de las autoridades estatales y de la propia gobernadora días después de los sucesos, los pobladores exigieron que les fuera autorizado el uso de armas y chalecos antibalas para hacerse cargo ellos mismos de la seguridad, petición que, por supuesto, fue denegada.
Pese a ello, las preguntas que surgen ante este tipo de irrupciones no son sobre sus causas, ya que es claro que surgen como repulsión a los órdenes criminales, en este caso en una de las entidades con mayor índice delictivo y de extorsión en el país; sino, sobre el camino que puede tomar y el tiempo que se puede sostener la defensa comunitaria.
Las experiencias de otras regiones del país nos dan unas posibles pistas sobre las respuestas a estas interrogantes. Por ejemplo, desde el año 2013 en la Tierra Caliente de Michoacán, se han conformado grupos de autodefensa compuestos en su mayoría por productores de aguacate y limón que se vieron afectados por las excesivas cuotas impuestas por el crimen organizado, así como por la violencia que ejercían en la comunidad. Desde aquel entonces, los grupos civiles armados se han expandido en la entidad, lo cual ha derivado en su enfrascamiento en un conflicto armado con criminales e instituciones policiales y militares. Así, más que una contención de la violencia, esta se ha mantenido o incrementado en algunos municipios de la región.
Por otro lado, también en Michoacán, pero en la Meseta Purépecha, en el municipio de Cherán, un par de años antes de que surgieran las autodefensas de Tierra Caliente, la comunidad enfrentó y expulsó a los miembros del crimen organizado que además de extorsionar y violentar a la población tenían un férreo control sobre los recursos naturales del lugar, pues, entre otras cosas, llevaban a cabo una tala ilegal y deforestación desmedida de las tierras comunales para traficar con los recursos madereros, así como para establecer laboratorios de producción de drogas en la región. Después del episodio de confrontación entre pobladores y criminales, la defensa comunitaria devino en una forma de organización social que trascendió a los problemas de inseguridad, ya que se implementaron proyectos económicos y educativos de largo plazo, así como el establecimiento de un sistema normativo interno con base en las tradiciones del lugar. Ejemplos similares son los municipios de la región de la Montaña, Guerrero, que desde finales de la década de los noventa han formado policías comunitarias para hacerse cargo de la seguridad, pero también han conformado proyectos de largo alcance para mejorar sus condiciones de vida en general.
Aunque el caso de Texcaltitlán apenas deja ver una incipiente expresión de defensa comunitaria, invita a interrogarse si esta se mantendrá en el largo plazo y, en caso de hacerlo, si adoptará una perspectiva centrada en el castigo a la criminalidad u otra más amplia que busque no solo la seguridad e integridad física, sino el cuidado y el bienestar de la población en temas como la educación, la economía y la participación comunitaria. En otras palabras, lo que subyace en este y otros casos de defensa comunitaria frente a la creciente gobernanza criminal en el país es la discusión sobre cómo deberíamos concebir la seguridad: como una medida punitiva o como un sostén para la vida.
Referencias
Fuentes, A., & Fini, D. (2018). Defender al Pueblo. Autodefensas y Policías Comunitarias en México. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Sampó, C. (2021). Gobernanza criminal. Una aproximación teórica. En Los actores implicados en la gobernanza criminal en América Latina. Real Instituto Elcano.
*Alan Salvador Hernández Morales
Es maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y licenciado en Sociología por la UAM Xochimilco. Actualmente realiza estudios de doctorado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México.