El próximo 9 de diciembre estaremos conmemorando el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y el 10, el Día Internacional de los Derechos Humanos, dos días trascendentales en la historia de la humanidad.
Han pasado 234 años desde que la Asamblea Nacional Constituyente francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, documento que es un legado fundamental de la Ilustración y los principios liberales que la inspiraron; por su profundo valor humano, constituyó la base de la Declaración de las Naciones Unidas adoptada el 10 de diciembre de 1948.
El Día Internacional de los Derechos Humanos conmemora 75 años de la Declaración de Naciones Unidas y es un recordatorio de los derechos que tenemos todos los seres humanos y que, idealmente, deberíamos disfrutar de manera inherente a nuestra condición humana.
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Desde su establecimiento, a la fecha, estos días han sido testigos de avances significativos en la promoción de los derechos humanos. Sin embargo, seguimos enfrentándonos a desafíos considerables en todo el mundo. La discriminación, la violencia y la falta de acceso a derechos básicos persiste en algunas regiones, lo que nos lleva a mantenernos en la lucha por la justicia y la igualdad.
Nuestro país, como muchos otros, cuenta con un valioso grupo de mujeres y hombres que han decidido abrazar la causa de la defensa de los derechos humanos. Estos y estas defensoras, en muchas ocasiones, han trabajado en condiciones desafiantes, desempeñando un papel crucial en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Las personas defensoras de derechos humanos en México tienen una gran relevancia para garantizar que todas y todos gocemos de los derechos básicos. Su labor abarca una amplia variedad en estas áreas; desde la defensa de las poblaciones históricamente discriminadas hasta la lucha contra la impunidad y corrupción. Estas personas valientes trabajan en la línea del frente, a menudo enfrentándose a riesgos considerables para garantizar que la voz de los vulnerables sea escuchada y que se haga justicia.
Lamentablemente, y a pesar de su noble tarea, quienes defienden los derechos humanos en México en ocasiones se han topado con situaciones precarias. Amenazas, intimidaciones y violencia son, desgraciadamente, comunes en su día a día. Reconocer y abordar estos riesgos es esencial para garantizar un entorno seguro en el que puedan llevar a cabo su trabajo vital.
Uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta la defensa de derechos humanos en México es la persistente violencia y la impunidad que rodea su labor. Muchos de ellos y ellas se enfrentan a amenazas, agresiones e incluso asesinatos como represalias por su trabajo.
Las personas defensoras que se centran en temas específicos, como la igualdad de género, los derechos de la comunidad LGBT+ o los derechos de los pueblos indígenas, en ocasiones son los que más luchan contra la discriminación y la exclusión. La diversidad de sus luchas refleja la complejidad de la sociedad y destaca la necesidad de un enfoque inclusivo y respetuoso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos), instaron a los Estados a garantizar la protección y a aumentar los esfuerzos para el reconocimiento de quienes defienden los derechos humanos.
Las autoridades y los funcionarios en todos los niveles debemos abstenernos de realizar acciones o pronunciamientos que menoscaben la legitimidad de la labor de los y las defensoras. El Estado tiene el deber de vigilar que las empresas no contribuyan a la emisión de mensajes perjudiciales y sancionar a quienes perpetúen discursos de difamación o estigmatización hacia estas personas.
Los gobiernos tienen una responsabilidad fundamental en la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Este compromiso no se debe limitar a palabras, sino que se debe reflejar en acciones tangibles. La creación de políticas y leyes que salvaguarden a estos defensores, así como investigación y persecución de cualquier acto de violencia en su contra.
Esta protección legal debe ir acompañada de condiciones reales de acceso a la justicia que permitan investigar y sancionar a los responsables de ataques y amenazas contra los defensores de derechos humanos.
Se debe fomentar un ambiente propicio para su labor, reconociendo y valorando su contribución a la sociedad. Facilitar su trabajo implica garantizar su participación en procesos de toma de decisiones y proporcionar recursos adecuados para que puedan desempeñar eficazmente su papel.
Las y los defensores de derechos humanos en México son piezas fundamentales para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Su valentía y dedicación son ejemplos de inspiración para los demás.
Debemos tener claro que, para avanzar como un país en donde los derechos fundamentales sean respetados, es importante que los gobiernos y las y los servidores públicos, reconozcamos y apoyemos efectivamente a las personas defensoras. Únicamente, con el compromiso real y efectivo, se podrá crear un entorno donde todos los ciudadanos gocemos plenamente de nuestros derechos humanos. #HagamosComunidad