La seguridad del país posee una planeación y obedece a objetivos estratégicos, tácticos y operativos, que se desprenden del artículo 21 constitucional, del Presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo.
Mientras que la Constitución establece los anhelos del pueblo mexicano, en el PND se definen las directrices como política de Estado o como política pública, y el Presupuesto de Egresos les otorga recursos para ejecutarlos. Esto quiere decir que, el Presupuesto y el PND son complementos ejecutores de política pública, a los designios de la Constitución.
La seguridad es estratégica, porque se trata de un deseo del pueblo mexicano, consignado en la Constitución. En el diseño y elaboración de políticas de seguridad pública existen elementos que deben ser tomados en consideración, como el estado de fuerza o la capacidad de fuego.
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El estado de fuerza representa la cantidad de elementos disponibles para la seguridad pública. Hay municipios que tienen unos cuantos elementos, hasta unos cuantos miles de elementos de las policías estatales. Obviamente las Fuerzas Armadas duplicarían el estado de fuerza.
Por lo que toca a la capacidad de fuego, mide el tiempo en que de manera intermitente las corporaciones pueden disparar un arma.
El modelo de seguridad que se encuentra contenido en el texto del artículo 21 constitucional, tiene como premisa el establecimiento del orden y paz públicos, -que constituyen la seguridad pública-, en la cúspide de la seguridad mexicana.
Por esta razón es, que la seguridad nacional y la seguridad interior no tienen cabida en el texto constitucional, porque dogmática e ideológicamente el diseño de la seguridad gira en torno a estos elementos de la seguridad pública y, por ende, al existir una confusión en el diseño contemplado en la Constitución, por inercia cae al Presupuesto de Egresos de la Federación y al Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Sin embargo, la seguridad nacional es una atribución expresamente conferida al presidente de la República y la seguridad interior fue desechada por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero es un elemento necesario en el marco del federalismo de seguridad.
El retrato actual de la seguridad mexicana es una obsolescencia dogmática e ideológica, cuyos conceptos se confunden con la magnilocuencia que representa hablar de temas de seguridad nacional. Hoy en día está agotado.
Este es un retrato viejo, cuyo modelo e implementación datan de 1992 es, en parte, una de las causas por las cuales no es posible actualizar métodos, procedimientos y protocolos y una de las causas por las que no hay sincronía entre la Constitución, el PND y el Presupuesto de Egresos, sumado a una politización de la seguridad, en el que Federación y Entidades se culpan mutuamente por las fallas estructurales u operativas de la seguridad, pero buscan a toda costa la mejor participación de recursos federales para seguridad.