El acceso pleno a nuestros derechos políticos y electorales ha sido una larga lucha que hemos librado las mujeres desde hace muchos años y que, hasta el día de hoy no termina de materializarse principalmente debido a un Estado patriarcal y una cultura machista que empaña el reconocimiento de una igualdad formal.
Es por ello que resulta necesario visibilizar la importancia del informe sobre las quejas y denuncias presentadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que se conoció el pasado 26 de octubre por el pleno Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de dirección.
Este documento cobra relevancia ya que se dio a conocer en el marco del 70 aniversario del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres para votar y ser electas para cargos federales en México y que muestra que del 14 de abril de 2020 al 16 de octubre de este 2023, el INE ha recibido 313 quejas, denuncias o vistas en materia de violencia de política contra las mujeres en razón género; las que no son competencia del Instituto se han remitido a las autoridades administrativas competentes.
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Del informe destaca que el INE ha decretado diversas medidas cautelares entre las cuales en la mayoría de los casos (en 103 quejas) se refieren a ordenar el retiro de publicaciones, fotografías, videos, imágenes y/o comentarios, realizados en redes sociales, medios de comunicación y/o plataformas en medios digitales.
La violencia digital es una de las formas de violencia que más padecemos las mujeres en la actualidad, principalmente por la facilidad con la que cualquiera accede a las redes sociales, a la posibilidad del anonimato y la velocidad con la que son difundidas diversas acciones que generan un impacto negativo en la imagen, credibilidad, trayectoria o reputación de muchas mujeres.
Bajo este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que el 73% de las mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia digital o en línea, y 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de distribución de imágenes y videos íntimos sin su consentimiento.
Es por ello que la violencia digital, al igual que otro tipo de violencias como la violencia física, psicológica, patrimonial, económica, sexual o cualquier otra, es una forma de coerción, de abuso o agresión que tiene por objeto limitar o constreñir la vida de las mujeres para seguir preservando los privilegios del género masculino, lo que provoca consecuencias negativas en la sociedad ya que incrementa las condiciones de desigualdad, discriminación y vulnera los derechos fundamentales de las mujeres.
El Informe presentado en el Consejo General del INE enfatiza que, del periodo referido, se ha registrado un total de 680 probables infractores (personas físicas, personas morales y partidos políticos). Asimismo, destaca que las principales víctimas han sido diputadas federales que en 91 casos han presentado una denuncia en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
El crecimiento exponencial de este tipo de violencia llevó al Legislativo a incorporar el año pasado “la violencia digital” a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, razón por la cual será fundamental estar atentos a este tipo de violencia en los procedimientos sancionadores respectivos en los cuales se denuncien estos actos, especialmente en los procesos electorales en curso, en los que habrá el mayor número de mujeres postuladas a un cargo de elección popular en la historia de nuestro país, a fin de evitar que las mujeres sean excluidas de la vida pública del país.
Ahora bien, nuestro México no llegará a concretar una auténtica igualdad sustantiva si las inercias y cultura machista no son erradicadas. Mucho es el trabajo que aún tenemos por hacer si queremos una nación justa, equitativa, con seguridad jurídica, igualdad y sin discriminación. Por ello, y ante la cercanía de la elección más grande que haya registrado nuestro país, 2024 deberá ser un referente fundamental respecto de las atribuciones y responsabilidades que tiene este Instituto para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. De ahí la importancia de que este Instituto cuente, también con una Defensoría de Mujeres de la cual ya me he referido en otras ocasiones.