Recientemente el gobierno del presidente Joe Biden envió al Congreso estadounidense una propuesta para admitir a 125 mil refugiados para el año fiscal 2023 que comenzará en octubre próximo. Esto, sin embargo, hace pensar en tres causas posibles, dos de ellas de índole político y la tercera de naturaleza administrativa.
En primera instancia, hay que tener presente la retórica de la administración Biden-Harris respecto a su compromiso de abordar las necesidades generadas por las crisis humanitarias, entre cuyos efectos se encuentran el desplazamiento de millones de personas en todo el mundo; en segundo lugar no hay que olvidar la promesa de Biden de revertir el rumbo de las políticas de reasentamiento del expresidente Donald Trump quien recortó el tope de refugiados a 15 mil en 2020 por considerarlos una amenaza cultural, económica y de seguridad nacional; conforme con su promesa de campaña Biden aumentó el límite máximo de aceptación de refugiados a 62,500 en 2021.
A primera vista ambas causas no dejan duda de que deben atenderse por cuestiones humanitarias, sin embargo, es inevitable pensar que también se tratan de maniobras políticas de cara a las elecciones intermedias que se celebrarán en Estados Unidos el 8 de noviembre y de las que podrían reconfigurarse el Senado y la Cámara de Representantes. Si bien ahora ambas cámaras están en manos de los demócratas, las encuestas muestran que la popularidad de Joe Biden ha caído desde que tomó posesión por lo que de no corregir su estrategia política corre el riesgo de perder el control del Congreso y, en consecuencia, llegar a un escenario difícil de manejar durante la segunda mitad de su mandato y perder la oportunidad de cumplir los compromisos que lo llevaron a la presidencia.
La tercera causa es una realidad innegable, la frontera con México se ha convertido en un caos. De acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza, desde marzo de 2021 un promedio mensual de más de 150 mil personas indocumentadas cruzan la frontera y más de un millón de ellos han sido liberados debido a la falta de capacidad para albergarlos, para obtener datos personales y trasladarlos al interior. Como ocurrió con Trump, el desorden fronterizo fue la motivación para resaltar la inmigración ilegal en el ámbito político, logrando crear una percepción de caos y la falta de control gubernamental que más tarde le sirvió para conseguir respaldo político y la victoria en las elecciones de 2016. A diferencia de Trump, Biden aboga por la inmigración legal, pero desafortunadamente la percepción que persiste sobre el caos en la frontera con México reduce el respaldo político que el presidente necesita para transformar el restrictivo sistema migratorio estadounidense cuyo efecto es precisamente el caos que está llevando a un impasse político en materia migratoria en Estados Unidos.
A ese impasse político se le suma la propuesta de admitir un máximo de 125 mil refugiados para el año fiscal 2023, cuota que está muy por debajo de las metas anteriores del presidente Biden pues el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos reportó que durante el año fiscal 2021 se habían admitido 11,411 refugiados de un límite máximo de 62,500; y en el año fiscal 2022, que concluye el 30 de septiembre, el Programa estima que se admitirán hasta 25 mil de los 125 mil refugiados autorizados.
Por si fuera poco, de acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, un refugiado es una persona fuera de su país “que no puede o no quiere regresar” debido a “persecución o temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a una determinado grupo social u opinión política”, pero los detractores de Biden afirman que su gobierno ha hecho de lado el recurso legal del Título 42 y la política de Quédate en México para fomentar la inmigración masiva en la que prevalece la confusión entre las peticiones de refugio y asilo.
Lo que sí es cierto, es que Estados Unidos por más que quiera no puede albergar a suficientes refugiados para resolver los problemas del mundo, como señala la propuesta presentada por el Departamento de Estado al Congreso, lo que lleva a cuestionar si dicha propuesta es una política humanitaria legítima o bien, una maniobra política, y aunque podrían ser ambas es indudable que la política migratoria estadounidense se encuentra en un atolladero especialmente en la frontera con nuestro país.