La rendición de cuentas, a través de la transparencia de las instituciones y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de la población, son herramientas socialmente útiles para combatir la corrupción. La transparencia favorece la exposición y publicidad de los actos de opacidad que merman las capacidades del Estado, y por tanto, la respuesta que las instituciones le deben a la población.
A manera de contexto, en el año 2021 el Índice de Percepción de Corrupción (CPI) advirtió que, en América Latina, las medidas extraordinarias ante el covid-19 habían restringido los derechos civiles de la población, coartando su libertad de expresión y de reunión, debilitando los controles y contrapesos institucionales, y limitando el espacio de la sociedad civil. Asimismo, se reportó que, durante este periodo, la ciudadanía había presentado dificultades para conseguir información fiable y oportuna sobre datos sanitarios y suministros de emergencia que solventaran la crisis de salud causada por el covid-19. Este índice posicionó a México en el lugar 124 de los 179 países examinados.
En junio del año 2022, la cuarta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) —un análisis realizado elaborado por la organización Americas Society/ Council of the Americas, (AS/COA) y la consultora Control Risk, que evalúa la capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción en los países de América Latina— dio a conocer que, por tercer año consecutivo, el país de la región con mayor puntuación en el Índice CCC es Uruguay con 7.42 puntos sobre 10, seguido por Costa Rica con 7.11 y Chile una puntuación de 6.88. En el caso concreto de nuestro país, este estudio, en el que se consideran 14 variables claves, tales como: la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación, y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco, posicionó a México en el lugar 12 de los 15 países evaluados.
Uno de los elementos mejor calificados para México, residió en la acción de la sociedad civil y los medios de comunicación, específicamente en la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para movilizarse, las mejoras en la educación, la comunicación digital y las redes sociales, así como la calidad de la prensa y del periodismo de investigación.
Indudablemente coincido con ello, la acción comprometida de las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo de investigación han sido claves para el impulso y consolidación de la transparencia y del derecho de acceso a la información en México. El principio de transparencia se ha conformado como un bien público para la población.
La sociedad tiene derecho al acceso de información pública completa, fiable, oportuna y de calidad, que le permita conocer si los recursos, con los que contribuye al erario, se administran y ejercen bajo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
En el Instituto Nacional de Transparencia trabajamos con el pleno convencimiento de que la transparencia es elemento ineludible en la integración de políticas públicas y estrategias para erradicar la opacidad de las instituciones. Contar con esquemas más transparentes que detecten y visibilicen las transacciones opacas, a sobreprecio, o que deriven en la carencia o mala calidad de los servicios y estrategias, es indispensable para que las personas responsables rindan cuentas de sus actos y sean sancionadas.