La Guardia Nacional recién cumplió su tercer año en operaciones, en ese lapso hoy más de 110 mil elementos capacitados en la formación básica policial y en diferentes especialidades cumplen la función de seguridad pública de la federación en todo el territorio y al mismo tiempo apoyan a estados y municipios en tareas propias de la seguridad pública. Los resultados están a la vista de la ciudadanía y por eso tiene una aprobación del ochenta por ciento en confianza y desempeño profesional, sobra decir que esa institución no ha desplegado campañas onerosas a cargo del erario en medios de comunicación, la confianza se la ha ganado con trabajo, con presencia y con resultados, no más tampoco menos.
Sin embargo, la Guardia Nacional aparece, de vez en vez, como blanco de una “mentirocracia” muy particular, este término es inexistente pero regularmente se le ha querido aplicar a gobiernos real o supuestamente populistas, lo cierto es que hay “mentirocracias” en todas partes, y la evidencia disponible muestra una serie de publicaciones y estudios a modo en que se mezclan verdades a medias, estadísticas sesgadas y datos discutibles con mentiras completas sobre la Guardia Nacional.
La razón principal de estas críticas tiene su origen en que la creación de esta institución de seguridad de la federación terminó con una era de negocios que beneficiaron a unos cuantos, cerró un sistema de compras gubernamentales protegido por la mayor de las secretarías, y concluyó con el tiempo en que el gobierno pagaba a un grupo de supuestas organizaciones sociales por “supervisar”, “asesorar” y “aconsejar” sus acciones. La creación de la Guardia Nacional canceló el proyecto de privatizar la seguridad pública de México. Este proyecto había dejado en manos de privados, agencias y “expertos” las decisiones sobre el tipo de seguridad de la federación que se necesitaba y de la seguridad pública de estados y municipios.
En la práctica se crearon fondos multimillonarios para adquirir tecnologías, equipo táctico, vehículos y armas; esos fondos en muchos de los casos ya tenían nombre y apellido. Al mismo tiempo, se crearon alianzas con organizaciones supuestamente sociales cuyos compromisos han estado con el poder político, con fondos extranjeros que las financian -al menos eso ponen en sus publicaciones- y que repiten la misma narrativa como si se tratara de una fotocopiadora.
Ha de señalarse que varios de los “estudios independientes” de estas organizaciones en su mayor parte fueron elaborados por las instituciones de gobierno, pues a través de las oficinas de transparencia pedían prácticamente que les hicieran la tarea, después acomodaban las estadísticas al gusto y finalmente aplicaban el socorrido “copiar y pegar”; resulta extraño que sus financiadores no les llamaran la atención por la falta de decoro al asumirse como autores de esos trabajos, pues resulta de sobra conocido para las Unidades de Transparencia del Gobierno Federal la forma abusiva en que operaban y la presión que ejercían para hacerles el trabajo.
Algunas organizaciones sociales y actores políticos repiten con insistencia cinco mentiras como especie de caballito de batalla contra la Guardia Nacional y la Fuerzas Armadas. La primera es que se está militarizando la seguridad y el país en su conjunto, sin embargo, a) ningún sector de la población está bajo las órdenes y la doctrina militar; b) las libertades públicas no se han suspendido en alguna parte de la nación por motivos militares; c) no existen mandos militares en el Congreso de la Unión ni en los 32 Congresos Locales, tampoco en el Poder Judicial de la Federación ni en los 32 Poderes Judiciales del país; d) el número total de elementos de la SEDENA y la SEMAR en el activo es prácticamente el mismo que hace diez años, y e) tan libertades hay en México que todos pueden publicar sus mentiras por gravosas que sean, del sentido de patria mejor ni hablamos.
La segunda mentira es que la Guardia Nacional incumple la Constitución por estar integrada por militares, este balbuceo bien puede ubicarse en la ignorancia supina, pues los “desinteresados” críticos conociendo que el Congreso de la Unión aprobó por consenso de todas las fuerzas políticas su creación mediante una reforma precisamente constitucional que con todas sus letras dice que la SEDENA y la SEMAR participarán en su consolidación, intentan reciclar los errores que justo esos actores y sus aliados cometieron al integrar a las fuerzas armadas a tareas de seguridad sin un marco sólido que les diera certeza jurídica y que en su momento motivó la aprobación de una Ley de Seguridad Interior.
La tercer mentira parte de una verdad a medias, según el crítico en turno, se dice que entre un sesenta y un ochenta por ciento de los elementos de la Guardia Nacional son militares, y aquí vuelve la burra al trigo porque la propia reforma constitucional prevé que la SEDENA y la SEMAR aporten capacidades para que la nueva institución funcione, lo que no dicen es que una cifra cercana a los 50 mil elementos son civiles, de nuevo ingreso, es decir, no fueron parte de la ninguna institución castrense antes de ser Guardias Nacionales, y esa cifra representa por lo menos el doble, de lo que inventos sucesivos -Policía Federal Preventiva, Policía Federal, Gendarmería Nacional- lograron acumular en 18 años.
La cuarta mentira radica en señalar que no se trata de una institución profesional y que los mandos son militares que desconocen sus funciones, esto es falso de toda falsedad debido a que un elemento de la Guardia Nacional sabe cuál es su ruta profesional, sabe que debe mantener una capacitación continua y sabe que los mandos se forman en el Colegio Militar durante cuatro años, y lo mismo ocurre en la Escuela Militar de Sargentos. La acusación de falta de profesionalismo expresa el nulo compromiso con lo público. Un General se forma en cuarenta años por lo menos, habría de recordar los tiempos en que elementos civiles con cargos y sueldos equiparables amanecían de paisanos y se acostaban de comandantes, pero de eso los adalides de la seguridad, no dijeron ni dicen nada.
La quinta mentira, nuevamente parte de una socorrida figura retórica que se resume en una frase: la creación de la Guardia Nacional no ha mejorado la seguridad pública en México. La “mentirocracia” en este caso hace como que no conoce la ley, como que no sabe que existen 32 policías estatales, más de mil corporaciones municipales y 32 sistemas de justicia en el país además del federal, fingen desconocer que el 95 por ciento de los delitos que se comenten son el fuero común y simulan ignorar que existen recursos en las administraciones estatales y municipales para la seguridad, ahí de paso también olvidan su oposición permanente a la creación de mandos únicos y otras tantes bagatelas que no han de ser importantes.
Finalmente a esta “mentirocracia” se le olvida que la Guardia Nacional brinda seguridad a instalaciones sensibles o estratégicas como telecomunicaciones, refinerías, puertos y aduanas, a los perímetros de todos los penales federales, a aeropuertos, carreteras federales y puntos nodales de conexión, así como auxilio a la población en casos de desastre, y que aparte de eso, apoyan en tareas de seguridad pública a los gobiernos locales, es decir, la “mentirocracia” pretende hacerle creer a la ciudadanía que la responsabilidad de la seguridad pública es de la Guardia Nacional y no de los 32 sistemas de justicia penal del país donde hay más de 260 mil policías en el activo. Al menos por ahora, esta “mentirocracia” tendrá de asumir que se canceló la privatización de la seguridad de la federación, que la Guardia Nacional brinda cada día mejores resultados, y que la ciudadanía le otorga su confianza.
*Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
Académico de la FCPyS-UNAM