Durante los últimos meses los estados de Colima, Zacatecas y Michoacán han vivido una serie de enfrentamientos y actos violentos que involucran a distintas organizaciones criminales, a las instituciones encargadas de seguridad de los tres niveles de gobierno y, en algunos casos, a diversas organizaciones de defensa comunitaria. Este escenario se presenta en un contexto de intervención gubernamental como parte del Plan de Apoyo que busca restablecer el orden y garantizar la paz para los habitantes de aquellas demarcaciones con el despliegue de miles de elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.
A pesar de que en dicha estrategia se contemplan no sólo acciones que pretenden el uso de la fuerza para hacer frente a los grupos delictivos, sino también la implementación de programas sociales que buscan la reactivación económica y el mejoramiento de servicios básicos como la salud y la educación, aquellas no distan mucho de las que se implementaron durante las administraciones federales pasadas en momentos críticos, mismas que no lograron los objetivos esperados.
Muestra de ello es que, a casi medio año de haber implementado el Plan de Apoyo en las tres entidades, sólo en Zacatecas ha habido una disminución notable de los homicidios dolosos, mientras que, en Colima y Michoacán, por el contrario, se han incrementado estos y otros delitos, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Por tanto, estas últimas entidades presentan una tendencia contraria al registro de homicidios a nivel nacional, ya que en este ha habido una importante reducción de los mismos —26% durante los últimos nueve meses; es decir, la cifra más baja registrada durante los cinco años previos—.
Con base en lo anterior, surge la pertinencia para repensar y discutir los mecanismos de intervención gubernamental durante las últimas dos décadas para hacer frente a la criminalidad organizada, la cual es considerada actualmente como “la amenaza más perniciosa para la seguridad humana, el desarrollo y la justicia en el mundo actual”, según el Índice Global del Crimen Organizado 2021, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, el cual también coloca a México como el cuarto país en el mundo con mayor afectación debido a este tipo de criminalidad, solo por debajo de El Congo, Colombia y Myanmar.
No obstante, como también se afirma en dicho documento, el control del crimen organizado no debe de pensarse exclusivamente a través del uso de las armas. Una propuesta que ofrece la Global Initiative, es a través de la resiliencia al crimen, entendida como las medidas que emprenden los distintos actores estatales y no estatales para contener y desarticular las actividades de los grupos delictivos organizados a través de diversas acciones políticas, económicas y sociales. Es decir, además de la intervención de las instituciones en materia de seguridad y del sistema judicial, se requiere de una acción pública integral que contemple, entre otros aspectos, la prevención, la regulación económica, el apoyo a las víctimas de la violencia, la integridad territorial, la transparencia gubernamental y la gobernanza.
Lograr un cambio de estrategia requiere, antes que nada, una transformación conceptual acerca de cómo debe actuar el Estado en la atención de los problemas públicos. De acuerdo con el sociólogo Michael Mann (2006), el Estado es una organización territorialmente centralizada que puede poseer dos formas de poder distintas para intervenir en la sociedad. Por un lado, está el “poder despótico” a través del cual hace uso de la fuerza conforme a los intereses de ciertos grupos de poder y, por otra parte, se encuentra el “poder infraestructural”, a través del cual penetra a la sociedad civil y pone en ejecución logística las decisiones políticas en su territorio.
Para atender la problemática de la violencia criminal es necesario abandonar la visión que supone la presencia del Estado a través de medidas meramente policiales y castrenses, la cual ha sido privilegiada por las últimas décadas en nuestro país, así como en otras partes del mundo. Es decir, hay que dejar de lado la idea de que los problemas públicos se resuelven de manera más eficaz a través del uso del poder despótico del Estado; contrariamente, la acción de este debe hacerse de manera infraestructural. En materia de seguridad, una estrategia sustentada desde dicha perspectiva es aquella que busca fortalecer la resiliencia en las comunidades más afectadas por los agravios del crimen organizado.
En conclusión, la situación que hoy atraviesan entidades como Colima, Michoacán y Zacatecas muestran que es urgente cambiar la idea sobre la conveniencia de librar una guerra que, como ya se ha demostrado en distintas investigaciones académicas y periodísticas, no sólo no mejora la situación, sino que la agrava, y buscar medidas más acordes para garantizar la seguridad humana.
Referencias
Global Initiative Against Transnational Organized Crime. 2021. Índice Global del Crimen Organizado 2021.
Mann, Michael. 2006. El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados. Revista Académica de Relaciones Internacionales, núm. 5: 1-43.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 2022. Listados de incidencia delictiva en todo el país.
*Alan Salvador Hernández Morales
Es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, especialista en Opinión Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha desempeñado profesionalmente en instituciones académicas, en organizaciones de la sociedad civil y en la administración pública.