La violencia en contra de las mujeres y las niñas representa una amenaza a sus derechos, libertades fundamentales y a la dignidad humana. Todo abuso físico, emocional, sexual o psicológico tanto en los espacios privados, como en los espacios públicos vulnera sus derechos humanos, su integridad y sus opciones de desarrollo. Ante este escenario, para las instituciones, las autoridades y la sociedad civil, resulta prioritario reconocer la transversalidad de esta violencia estructural y la vulnerabilidad de ser sujeta de ella en razón de la raza, condición étnica, edad, situación económica o por condición de discapacidad. Asimismo, es imprescindible identificar que la información, la sensibilización y la colaboración en esta temática será esencial para la adopción de medidas efectivas para prevenir y erradicar este fenómeno.
En ese sentido, el más reciente estudio de las Naciones Unidas “Asesinatos de mujeres por motivos de género y niñas (femicidio/feminicidio) Estimaciones mundiales de asesinatos relacionados con el género de mujeres y niñas en la esfera privada en 2021” encontró que, el año pasado, alrededor de 45 mil mujeres y niñas en todo el mundo fueron asesinadas por sus parejas u otros miembros de su familia, lo que equivaldría a más de 5 mujeres cada hora. En este informe, se resaltó la importancia de mejorar la recopilación de datos sobre estos crímenes. Pues contar con esta información permitiría una medición y comprensión más completa de la magnitud de este fenómeno, así como el seguimiento y análisis de los patrones y tendencias a lo largo del tiempo. Mejores datos, subraya este estudio de la ONU, pueden conducir a políticas específicas más efectivas. Asimismo, favorece la identificación de las fallas en las respuestas encaminadas a la protección de las víctimas, al mejoramiento de las medidas preventivas, y a la garantía en el acceso a la justicia.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, así como de la campaña de las Naciones Unidas con 16 días de activismo contra la violencia de género que se lleva a cabo del 25 de noviembre al 10 de diciembre, se considera prioritario reflexionar y considerar las acciones que todas y todos podemos hacer para contribuir a erradicar esta temática que se posiciona como la violación de los derechos humanos más generalizada en el mundo.
Para su edición del año 2022, la campaña “Únete para poner fin a la Violencia contra las Mujeres” destaca la importancia de amplificar las voces de las sobrevivientes y activistas, así como la urgencia para brindar apoyo a las organizaciones de mujeres y fortalecer los movimientos feministas. Para la ONU, contrarrestar este fenómeno requiere de todas y todos, a fin de llevar a cabo acciones que empoderen a las sobrevivientes, reduzcan y prevengan la violencia contra las mujeres y las niñas, y con ello, se garantice la protección de sus derechos.
En el Instituto Nacional de Transparencia, en observancia de nuestras atribuciones, estamos convencidos de que, a través del ejercicio de los derechos humanos que tutelamos, podemos establecer vías para conocer y erradicar este fenómeno. Ya que, el derecho de acceso a la información contiene una cualidad de empoderamiento para las mujeres en la lucha para exigir una vida libre de violencia y discriminación. Este derecho es una “llave” para cruzar las barreras que impone la opacidad, una prerrogativa que posibilita articular exigencias y tomar mejores decisiones al respecto.
En el plano colectivo, el ejercicio del derecho a saber y la transparencia, favorecen la generación de información de calidad para el análisis y mejoramiento de las políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres y niñas. Por ello, las instituciones, las autoridades y la sociedad civil debemos reconocer el impacto de nuestras acciones en la prevención, análisis y erradicación de este fenómeno. Acciones que requieren de un enfoque más integral y colaborativo que sume y construya capacidades en los actores involucrados en este tema. Además, en el ámbito de nuestras competencias, se tiene que priorizar el acceso a la información y la transparencia desde la perspectiva de género: poner a disposición toda información o datos que les permita a las mujeres ejercer a plenitud sus derechos, sin que medien barreras o disposiciones diferenciadas que les discriminen o revictimicen.