José trabaja en una empresa de construcción y su sueldo promedio es de 12 mil pesos mensuales. Desde que la fábrica abrió sus puertas, José empezó a trabajar y crecer en ella por más de 25 años. Cuando incrementa la producción y se vende mayor material, gana hasta 15 mil pesos, el único problema es que, para su pensión, no percibirá ni la mitad de su salario.
José ya está en edad para pensionarse y el salario que su patrón dio de alta en el IMSS fue de 5,186.10 pesos mensuales.
Para colmo, hoy llegó el estado de cuenta que le envió su Administradora de Fondos para el Retiro (“Afore”); prefiere tomar un respiro preparándose un café. Abre el sobre lentamente y al leer que sus ahorros presentan pérdidas, (algunos les llamamos robos) su cara se transforma en un rostro de incertidumbre sin poder saber si vivirá su vejez con una pensión digna o no.
Lupita no corre la misma “suerte”, tiene 64 años de edad y desde que tenía 15 ha trabajado vendiendo todo tipo de enseres domésticos en su puesto.
A pesar de que ella junto con 5 millones, 848 mil, 497 personas adultas mayores conforman parte de la Población Económica Activa (PEA), Lupita no percibirá ninguna pensión.
Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) del INEGI, para el segundo trimestre de 2022 se estimó que en México habitaban 17 millones 958 mil, 707 personas de 60 años y más (adultas mayores), que representan el 14% de la población total del país, 70% de ellos son de los llamados informales.
Se calcula que para 2050 habitarán 33.4 millones de personas mayores, pero una mayoría carecerá de una pensión.
Las pensiones son una prestación de seguridad social que se traduce en un beneficio económico que reciben unos cuantos al momento de concluir su vida laboral, por cesantía en edad avanzada o vejez.
Son una prestación fundamental para la planeación y certeza de los trabajadores, ya que representa un instrumento para sustituir los ingresos laborales que deja de percibir una persona al dejar de laborar, condición esencial para proteger su subsistencia en la edad adulta mayor.
Las reformas a la Ley del Seguro Social, a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 diciembre 2020, redujeron el mínimo de semanas de cotización, que pasaron de 1,250 a 750 en 2021, para que el trabajador teóricamente acceda a su fondo de retiro; para 2022 son 775, cada año subsecuente incrementará 25 semanas de cotización. El incremento será hasta el 2031, para lo cual se solicitarán 1,000.
Es decir, se reduce la condición de tiempo de cotización de 1,250 semanas (equivalentes a 24 años, una semana de trabajo) y como ruta final serán 1,000 semanas (equivalente a 19 años, 3 meses), en el ramo de cesantía en edad avanzada y de vejez.
Otro aspecto relevante en esta reforma son las aportaciones de los empleadores. A partir de enero del próximo año, subirán gradualmente de 3.15% al salario base de cotización hasta alcanzar 11.875% en 2030.
Faltó leer las letras chiquitas: las malditas “UMAS”. A partir del 01 de enero de 2023 se acabará con la referencia del Salario Mínimo General que aplicará sólo en el primer rango. Al exceder de 1.01 salarios mínimos, todo será cuantificado con UMA.
Terrible agresión a los derechos del trabajador, la más artera, ya que el valor diario de la UMA en 2022 es de 96.22 pesos; mientras que el salario mínimo general es de 172.87 pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte es de 260.34.
La Consar reportó que al cierre del tercer trimestre del 2022 las Afores manejan un poco más de 5 mil billones de pesos. Sin embargo, las minusvalías (que deben llamarse mayusvalías) que se han presentado a octubre de 2022 son casi de 473 mil millones de pesos, lo que representa casi el doble del gasto total neto del gobierno de la Ciudad de México.
Estas salvajes mayusvalías representan pérdidas económicas que curiosamente no impactan en el patrimonio de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), quienes administran e invierten los recursos de los trabajadores depositados en las Afores, sino este impacto lo reciben únicamente los ahorradores.
Dentro de la regulación mexicana no se contempla una protección al ahorro de los trabajadores en el manejo de los recursos que realizan las Afores; caso contrario que sí se prevé en las instituciones de banca múltiple en donde existe el seguro a la protección del ahorro bancario.
Las Afores invierten los recursos destinados al retiro de los trabajadores en deuda gubernamental (50.34%), deuda privada nacional (15.27%), renta variable internacional (14.07%), así como renta variable nacional y deuda internacional (20.32%). En caso de no tomar buenas decisiones en los riesgos de las inversiones y su periodicidad, pueden afectar el ahorro de los trabajadores, principalmente de quienes planean retirar los recursos de su Afore (o que están por pensionarse) en el periodo que se registran las minusvalías.
Todo trabajador tiene derecho a que su patrón le garantice el acceso a la seguridad social para tener un trabajo digno. Pero ¿qué pasa cuando no se le da de alta con su salario real o cuando la fiscalización por parte de las autoridades en materia de seguridad social es inexistente? Ese derecho se convierte en letra muerta.
Lo que es más grave es que tenemos una seguridad social que ya no lo es, y que sigue siendo negocio de unos cuantos, a costa del ahorro de los trabajadores. Una ley de ahorro para el retiro cómplice que cierra los ojos ante las pérdidas multimillonarias de las aseguradoras privadas que siguen tan campantes en nuestro país por la protección gubernamental de la que gozan.
Aseguradoras privadas que tienen permiso para despojar por una contrarreforma creada en plena pandemia por el gobierno de AMLO para descontar en salarios y pagar con miserables UMAS las pensiones a quienes se les considera criminalmente como desperdicio de la sociedad.