Le pido poner su mente en blanco e imaginarse que logró, con mucho esfuerzo, pero gran satisfacción, comprarse un departamento en una de las zonas de mayor desarrollo en esta ciudad. Digamos, Santa fe. Imagine que con mucho esfuerzo tiene un negocio en esa zona y todos los días trabaja para que sea exitoso, dando empleos a otros y pagando impuestos. O más aún, que invierte su capital y el de su empresa, convence a bancos para que participen y respalden su proyecto de desarrollo y que sale a convencer a posibles compradores –dele una mordida a una concha o mejor a un pan de muerto–.
Ahora imagine que un día se encuentra con una notificación de la FGR –sí: la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero–, señalándole que el inmueble que usted compró legalmente y sobre el que no hay ninguna duda de su origen, es parte de un procedimiento para recuperar supuestos bienes de la nación –échese un shot del fuerte que más le guste–.
O peor aún, se encuentra con sellos de aseguramiento de la fiscalía en su propiedad, citando un expediente del que usted no tiene la menor idea y acusándolo de delincuencia organizada por una supuesta “denuncia anónima”, sin que siquiera lo citen por su nombre o por su razón social y, por cierto, sin que le den acceso a la supuesta carpeta de investigación.
¿A poco se quedó temblando? Lo peor es…
Que esta pesadilla la están viviendo en este momento muchas personas que viven o tienen propiedades dentro de las 53 hectáreas de terrenos que la fiscalía está buscando asegurar y que, según ellos, son parte de los bienes de la nación –por un decreto de tiempos del porfiriato–, que supuestamente en algún momento fueron invadidos ilegalmente y que también, supuestamente, ahora se quieren recuperar a partir de una denuncia anónima… sí, leyó usted muy bien, por una denuncia anónima, que está en manos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, autoridad que no tiene competencia en la materia, pero que su sólo nombre intimidaría a cualquiera, ¿o no?
Historias reales…
Son cientos, si no es que miles, los afectados que desde hace varias semanas viven en la zozobra constante, a quienes busqué, y aunque la mayoría por miedo no quiso hablar, otros sí lo hicieron, pero pidiéndome el anonimato, pues el enemigo no es pequeño.
El caso de Ana es muy significativo. Recibió una herencia de su padre y, sumándola a sus ahorros y a una hipoteca que aún está pagando, compró un departamento en uno de los edificios ahora en disputa. Con un embarazo ya muy avanzado, vive cada día la angustia de perder su único patrimonio.
A Carlos, un empresario de la zona, hace más de dos años le aseguraron, por primera vez, el predio donde está su negocio. Interpuso un amparo que ya ganó, pero la autoridad federal nuevamente le aseguró el mismo predio, argumentando que la dirección es diferente.
Y está el caso de un desarrollador que ya tenía 150 compradores en puerta, pero que ante la incertidumbre que genera una acción absolutamente arbitraria de la fiscalía, terminaron por echarse para atrás y se le cayeron todas sus ventas. Hoy tiene una inversión que puede verse comprometida y enfrentar las consecuencias de perder su capital.
Increíble, pero cierto…
Lo poco que la fiscalía ha explicado es que se trata de bienes de la nación que tienen su origen en un decreto de 1907. Un argumento que, a decir de expertos, no se sostiene, porque ese decreto se fundamenta en una ley de 1894 ya derogada; es decir, ni el uno ni el otro tienen vigencia.
Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, es contundente: “Lo que en el fondo buscan es extender su construcción y hacer una Ciudad de la Justicia con base en despojos e injusticias”.
La zona se ubica en el polígono conocido como Conafrut, donde la fiscalía está construyendo nuevas instalaciones que denominan Parque de la Justicia, proyecto que tiene un pasado lleno de irregularidades que aún no han subsanado ni regularizado.
Además, Lía me dio un dato para demostrar las contradicciones: el polígono de Conafrut tiene su origen en una expropiación de los años 70 del siglo pasado. Lo que significa que la autoridad, en algún momento, reconoció la propiedad privada de esos terrenos.
Uno de los principios de nuestro Estado derecho es que nadie puede ser privado de su propiedad, sino mediante juicio. Cosa que claramente no está ocurriendo en este caso.
¿Quién es el delincuente?
Antes de que un juez resuelva, la fiscalía ya colocó sellos de aseguramiento en toda la franja de los primeros predios que se encuentran en Prolongación Paseo de la Reforma y está citando en general a inmobiliarias o a quienes ocupan los inmuebles, porque tampoco tiene certeza de quiénes son los propietarios. Es hasta que acuden a informarse cuando les cambian el citatorio por uno personalizado, como lo obliga el procedimiento -inhale y exhale-.
Es decir, supuestamente persiguen un delito de lavado de dinero y delincuencia organizada, pero no saben quién es el delincuente.
¿Está usted a salvo?
Una vez más, imagine que un día se despierta y el gobierno le dice que su propiedad no lo es, que son terrenos de la nación y que todo lo que usted haya hecho se lo van a quitar.
Eso es lo que está pasando en Santa fe, en la zona que se ubica entre la carretera libre a Toluca y Prolongación Paseo de la Reforma, justo al lado de Puerta Santa fe.
De hecho, Lía Limón, es muy clara: “Si la fiscalía logra su cometido en estas 53 hectáreas, se dejará el antecedente para que, cuantas veces se quiera y a voluntad de un solo funcionario, se haga uso de artimañas y, con toda impunidad, se atente contra el patrimonio de cualquier ciudadano”.
¿Dónde quedan el derecho a la propiedad privada, el Estado de derecho y el principio de certeza jurídica?
“Peor aún, esto no sólo afecta a quienes viven, tienen negocios o desarrollos en esa franja de Prolongación Paseo de la Reforma. El decreto en mención incluye un territorio que va de Huixquilucan a Chapultepec; o sea, que si usted vive en esa franja y mañana al fiscal le gusta su casa, con el mismo argumento se la quita”, sentenció Lía Limón.
Por no dejar…
¿Ya me va a dar mis copias, doctor Gertz?
La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.
* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.