La tarde que Vicente Fox anunció la creación de una Fiscalía Especial para investigar las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, así como la Guerra sucia de los años 70 y 80, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ignacio Carrillo Prieto, un abogado expresivo, supo que se había sacado la rifa del tigre cuando le llamé por teléfono.
“A ver si no me come el tigre”, me respondió el jurista.
El nombre oficial de la oficina a cargo de Carrillo Prieto fue Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Un poco en broma, un poco en serio, Carrillo Prieto decía que en los hechos era un agente del ministerio público federal al que pomposamente llamaban Fiscal Especial.
De enero de 2002 a noviembre de 2006, Carrillo Prieto mantuvo unas oficinas en un viejo edificio en la esquina de Juárez e Iturbide, en el centro de la Ciudad de México. Ahí o en sus domicilios fueron interrogados desde Luis Echeverría, Alfonso Corona del Rosal, Miguel Nazar Haro y muchos personajes vinculados a esos años oscuros en la historia del país.
Cada que algún personaje de ese calibre era sentado en el banquillo de los acusados, el discurso oficial iba en el sentido de que se iba a acabar con la impunidad. Sin embargo, algunos murieron o, como el emblemático Echeverría, acabó purgando una pena en prisión domiciliaria por su estado de salud y su edad, aunque al final resultó exonerado por tribunales y buenos abogados como Juan Velásquez.
Versiones recogidas por este reportero señalan que políticos y políticas de altos vuelos presionaron a Vicente Fox para “bajarle” al tema de la Fiscalía Especial.
Incluso, ya en el sexenio de Felipe Calderón se iniciaron varios procedimientos administrativos en contra de Carrillo Prieto por presuntos actos de corrupción.
A principios de 2008, la Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró de la presunción de quebranto público por más de 21 millones de pesos a Ignacio Carrillo Prieto.
En las resoluciones a los expedientes 40/2005, 39/2005 y 36/2005, la SFP determinó que no se impondría sanción alguna a Carrillo Prieto y otros ex funcionarios de la Fiscalía, y ordenó archivar como asuntos “total y definitivamente concluidos”.
Le achacaban, por ejemplo, una factura de consumo en el restaurante La Cava, que estaba al sur de la Ciudad de México, por 32 mil pesos, a donde fue a comer el 15 de noviembre de 2002. Ese comedero era predilecto de la alta burocracia universitaria de la UNAM… y de Carrillo Prieto.
La Secretaría de la Función Pública no pudo probar a Carrillo Prieto anomalías en el uso de recursos erogados para el pago de testigos protegidos ni por “investigaciones especiales”, gastos que sumaban 20 millones de pesos.
Carrillo Prieto había realizado pagos en efectivo a testigos de casos de la guerra sucia de los años 70, sobre todo en el estado de Guerrero, donde la gente le pedía dinero hasta para instalar un molino de maíz para testificar.
Aunque hubo denuncias por asesinato de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de casos muy sonados en los años 80 y 90, todo se quedó en la nada.
Así, los cruentos asesinatos de guerrilleros en Guerrero o las decenas de muertes en Tlatelolco en 1968 quedaron en la impunidad.
En 2018, al cumplirse 50 años de la matanza en Tlatelolco, conocí a Francisco Eduardo de la Vega, quien no solo tenía un archivo de fotografías de presos en Lecumberri, de aquellos años aciagos, sino que junto con Rodolfo Echeverría eran los dos únicos ciudadanos mexicanos reconocidos como víctimas de esa acción en la que el Estado ensangrentó las manos de militares. Un tercero se sumaría ya entrado este sexenio.
La entonces Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), hoy minimizada por el gobierno de López Obrador, emitió una declaración en la que habló de la necesidad de que el Estado se disculpara con las víctimas.
“Una disculpa pública por parte del Estado, la aplicación de sanciones judiciales o administrativas correspondientes y la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas”, eran acciones necesarias, según un documento de la propia CEAV.
Hasta donde se sabe, el propio secretario de la Defensa Nacional, general Clemente Vega, se inconformó con las acciones que estaba haciendo la CEAV y, en algún momento, personalmente hizo saber que en las fuerzas armadas había inconformidad al respecto.
No hubo ni disculpas, ni justicia ni reparación del daño.
El pasado 30 de agosto a las 14:34 horas el presidente López Obrador tuiteó: “Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nos reunimos con familiares y sobrevivientes de la guerra sucia. Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición”.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, en su página de internet publicó: “Durante la presidencia de Vicente Fox se creó en el 2002 la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) con el objetivo de investigar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas entre las décadas de 1960 a 1980. Fueron años de diligencias y trabajo, sin embargo, el final de la FEMOSPP fue abrupto. Su investigación no fue reconocida por el Gobierno Federal, que intentó que sus hallazgos fueran los menos difundidos posibles” (Informe Histórico de la FEMOSPP – Alejandro Encinas).
Estamos a unos días de un aniversario más de la matanza de Tlatelolco.
De antemano, hacer algo, lo que sea por esas masacres y la Guerra Sucia en la segunda mitad del siglo pasado, será otra batalla perdida para López Obrador.
Punto y aparte. Derruir a la OEA no será algo que vean los ojos presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. Una batalla más perdida, aunque le reditúe ciertas ganancias.
Punto final. Algo pasa en la política mexicana: hay fracturas internas en Morena, en el PRD, en el PRI, en el PAN, en Movimiento Ciudadano… hasta el PVEM traiciona a su aliado López Obrador. Será que está en su naturaleza.
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RÈPLICA
