El 15 de octubre de 2020, el arresto del general Salvador Cienfuegos Zepeda en el aeropuerto de Los Ángeles, California, sacudió las estructuras del poder militar en México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusaba de usar su rango para ofrecer protección al Cártel de Sinaloa,así como de recibir sobornos millonarios y estar coludido con dicha organización criminal para el trasiego de drogas. La denominada “Operación Padrino” era la investigación internacional más sólida y contundente sobre un militar mexicano relacionado directamente con el narcotráfico. Pese a esto, nadie en el gobierno de México supo de lo que las autoridades estadounidenses tenían entre manos hasta la detención del general.
J. Jesús Esquivel —corresponsal en Washington, D. C. de la revista Proceso— fue el primer reportero en tener pistas sobre esta operación meses antes del arresto, cuando un fiscal federal de distrito —a quien conoció durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York— le dio el pitazo. En este libro relata aquel encuentro y todo lo que pudo recabar sobre la operación, desde los antecedentes, que datan de 2015, hasta la reacción del gobierno mexicano a la detención, así como las consecuencias en la relación con Estados Unidos luego de que México hubiera optado por la liberación de Cienfuegos. A sus órdenes, mi general traza una línea para entender todas las concesiones que han existido para el ejército durante el gobierno de López Obrador y demuestra la fuerza perdurable de esta institución en México.
Fragmento del libro de J. Jesús Esquivel “A sus órdenes mi general” editado por Grijalbo. Cortesía de publicación Penguin Random House.
J. Jesús Esquivel es licenciado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Desde 1988 es corresponsal en Washington D. C., acreditado ante la Casa Blanca, el Congreso Federal y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Trabajó como editor y productor de Televisa y fue el primer corresponsal en Washington de TV Azteca. Se ha desempeñado como analista político en varios programas de radio y televisión de cadenas como National Public Radio, CNN, Univisión, Al Jazeera, Telesur de Venezuela y RCN de Colombia.
A sus órdenes, mi general • J. Jesús Esquivel
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2015: el inicio. 2019: los cargos
Corría el tercer trimestre de 2015 cuando un equipo de fiscales federales de distrito en Las Vegas, Nevada, desmenuzaba una investigación criminal sobre lavado de dinero procedente de la venta de drogas ilícitas en Estados Unidos que involucraba a la fracción del cártel de los hermanos Beltrán Leyva comandada por Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2.
En colaboración con la dea, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el Buró de Inmigración y Aduanas (ice, por sus siglas en inglés), del Departamento de Seguridad Interior (dhs, por sus siglas en inglés) y de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, los fiscales federales estadounidenses trazaban las líneas de acción para capturar a más de 40 personas que operaban como lavadores de dinero del H2 y para confiscar decenas de millones de dólares en efectivo provenientes de la venta de enervantes.
“Un día el fiscal Michael P. Robotti revisaba y escuchaba las conversaciones con los lavadores de dinero a través de los cables y micrófonos colocados en el cuerpo de infiltrados e informantes de los departamentos de Justicia y del Tesoro y por medio de teléfonos celulares interceptados, cuando oyó que uno de los socios del H2 hablaba de un general muy poderoso que garantizaba el éxito de las operaciones del cártel en México”, narra un importante exfuncionario de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Con esa grabación nació en 2015 la investigación que eventualmente se convirtió en la Operación Padrino”, revela el funcionario, quien me aclara que al dejar su puesto en el Departamento de Justicia firmó un documento que le impide ser fuente periodística on the record para hablar de los casos de investigaciones criminales en los que estuvo involucrado o que estuvieron bajo su responsabilidad y supervisión. “Además, esto se trata de un caso delicado de corrupción por parte de mi gobierno, y temo que con lo que te contaré será muy fácil para el Departamento de Justicia identificarme; pero lo que hicieron en el caso Cienfuegos es abominable.”
Bajo el toldo de una carpa blanca que nos cubría de la tupida llovizna, el exfuncionario inició el recuento de lo que llama “la investigación internacional más sólida y contundente sobre un militar mexicano relacionado directamente con el narcotráfico internacional” durante su carrera de más de una década en el Departamento de Justicia.
Con una taza de café cada uno, capuchino el suyo, negro el mío, debajo de la carpa colocada en la esquina de la calle 77 y la avenida Madison, en la cafetería del Hotel Mark, en Manhattan, Nueva York, ese lunes 27 de junio de 2022 a las 9:30 de la mañana comenzaron a empotrarse correctamente las piezas del caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda y a exponerse las mentiras de William Barr, quien fuera procurador general de Justicia en la presidencia de Donald Trump, y de Christopher Landau, embajador en México de ese mismo gobierno.
La entrevista era crucial para el desarrollo de la investigación de este libro y para los anales de la historia política y del narcotráfico del México en lo que va de este siglo. La fuente, abogado de profesión especializado en criminología, fue el supervisor de la investigación por narcotráfico y lavado de dinero del caso Cienfuegos Zepeda.
—Pasaron muchas semanas, meses, se llegó a 2018. Por esa investigación arrestamos a unas 40 personas por lo menos; varios de esos operadores de lavado de dinero del H2 mencionaron el nombre del general Cienfuegos Zepeda, El Padrino; así lo llamaba el lugarteniente de Patrón Sánchez en los mensajes de texto que intercambiaban constantemente entre ellos, cuenta el exfuncionario.
El martes 13 de noviembre de 2018, en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, se inició el juicio por narcotráfico y lavado de dinero en contra de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, jefe de una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa.
Como ya mencioné, tras ese proceso judicial ante el juez Brian Cogan se determinó que el Departamento iría tras todos los políticos y militares mexicanos que pudieran estar corrompidos por el trasiego de drogas, muchos de los cuales habían sido mencionados públicamente en el juicio.
—Ésa fue la iniciativa que tomó Richard Donoghue —entonces subprocurador de Justicia interino bajo la presidencia de Trump y Fiscal Federal—. Nosotros aprovechamos esa ventana que nos abrió y le presentamos todo lo que ya teníamos sobre Cienfuegos Zepeda. Por Donoghue se forjó también la decisión de ir primero por Genaro García Luna, que como sabes y recordarás en el juicio del Chapo fue mencionado por varios de los testigos de los fiscales federales de distrito como receptor de millones de dólares que le pagó el Cártel de Sinaloa a cambio de información y protección.
En acuerdo con los fiscales y varias agencias federales, Donoghue ordenó que le prepararan un memorando criminal sobre el caso Cienfuegos Zepeda y que todo lo relacionado con la investigación se mantuviera en absoluto secreto. En poder de los fiscales federales de distrito había innumerables documentos con las transcripciones de cables —mensajes de texto y conversaciones telefónicas interceptadas y grabadas— en las que se hablaba ya del Padrino, perfectamente identificado como Cienfuegos Zepeda, y sobre su relación con la fracción del cártel dirigida por El H2.
—Se elaboró el memorando criminal, como lo solicitó Donoghue —explica el exfuncionario, antes de hacer una pausa para darle un sorbo a su capuchino y agregar—: normalmente un memorando criminal, por muy importante y delicado que sea el caso, consiste en 10 o 12 páginas en las que se resumen los cargos y las evidencias con las que se cuenta para proseguir con el caso del implicado. El memorando del general Cienfuegos Zepeda tenía más de 50 folios. Contábamos con todo para que fuera arrestado, enjuiciado, declarado culpable y sentenciado por narcotráfico y lavado de dinero; las pruebas del expediente eran muy sólidas.
Más adelante retomaremos la conversación y entrevista en Nueva York con el exfuncionario del Departamento de Justicia. En el contenido de esa charla encontrarán cómo, con todo el desparpajo del mundo y de manera deliberada, Barr y Landau mintieron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 14 de agosto de 2019, la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn recibió de parte de Donoghue el encausamiento judicial contra El Padrino, en el que un gran jurado le imputaba al extitular de la Sedena cuatro delitos con dos apartados relacionados con el narcotráfico. El expediente de ocho páginas correspondiente al caso número CR 19-366, “Estados Unidos de América contra Salvador Cienfuegos Zepeda, también conocido como ‘El Padrino’ y ‘Zepeda’”, establece lo siguiente:
Cargo uno
En, cerca o entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, […] el acusado, Salvador Cienfuegos Zepeda, alias El Padrino y Zepeda, junto con otros, con conocimiento de causa y de manera intencionada; conspiró para manufacturar y distribuir una o más sustancias controladas de las que con conocimiento y causa razonable creía que serían importadas ilegalmente a Estados Unidos desde un lugar fuera del país. Dicho delito involucra: a) una sustancia que contiene heroína, b) cocaína, c) metanfetamina y d) mariguana. El monto de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana involucradas en la conspiración es de un kilogramo o más y le es atribuible al acusado como resultado de su conducta y la de otros.
Cargo dos
En, cerca o entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, el acusado, junto con otros con conocimiento de causa e intención, conspiró para importar desde un lugar fuera de Estados Unidos: a) un kilogramo o más de heroína, b) cinco kilogramos o más de cocaína, c) 500 gramos o más de metanfetamina y mil kilogramos o más de mariguana.
Cargo tres
En, cerca o entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, el acusado, con conocimiento de causa e intención junto con otros; conspiró para distribuir y poseer: a) un kilogramo o más de heroína, b) cinco kilogramos o más de cocaína, c) 500 gramos o más de metanfetamina y d) mil kilogramos o más de mariguana.
Cargo cuatro
En, cerca o entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, el acusado, con conocimiento de causa e intención y junto con otros, realizó una o más transacciones financieras con efectos directos al comercio interestatal y extranjero que implicó la transferencia y entrega de moneda de México y Estados Unidos. Esas operaciones involucraron los dividendos de actividades ilícitas específicas como tráfico de narcóticos y adquisición de propiedades con recursos provenientes de actividades ilegales con el intento de promover o llevar a cabo actividades determinadas prohibidas contra las leyes de Estados Unidos. Las transacciones fueron diseñadas en su totalidad o en parte para encubrir y camuflar la naturaleza, ubicación, proveniencia, propiedad y control de los recursos derivados de actividades ilícitas en violación de los códigos 1956 (a)(1)(B) y (ii) de las leyes de Estados Unidos sobre transporte, transmisión y transferencia de instrumentos monetarios y fondos desde uno más lugares en Estados Unidos o desde otras ubicaciones fuera de Estados Unidos para con uno o más beneficiados localizados en México quienes tenían la intención de promover y realizar actividades ilegales.
Apartado sobre la confiscación criminal en los cargos del uno al tres:
Por la presente Estados Unidos notifica al acusado que, si es declarado culpable de los delitos del uno al tercero, el gobierno [estadounidense] buscará confiscarle cualquier propiedad constituida o derivada de los recursos obtenidos directa o indirectamente de dichos delitos. Se le incautará cualquier propiedad utilizada o que se pretendió usar de alguna manera o en parte para cometer o facilitar la realización de dichas infracciones a las leyes o códigos legales de Estados Unidos.
Si cualquiera de las propiedades confiscables descritas arriba como acto u omisión del acusado: a) no puede ser localizada una vez llevadas a cabo las diligencias, b) ha sido transferida, vendida o depositada a una tercera persona, c) ha sido colocada fuera de la jurisdicción de la corte, d) ha sido sustancialmente disminuida en su valor o e) ha sido fusionada con otra propiedad que no pueda ser dividida sin dificultad, es la intención del gobierno de Estados Unidos, en conformidad con el artículo 21 de las leyes estadounidenses, sección 853(p), buscar el decomiso de alguna otra propiedad del acusado con el valor del inmueble sujeto a la incautación y descrita arriba en el cargo.
Apartado sobre la confiscación criminal para con el cargo cuatro:
Por la presente Estados Unidos informa que, de ser declarado culpable del cuarto delito, el gobierno buscará confiscarle cualquier propiedad que se le pueda adjudicar, pero si a) no puede ser localizada con el ejercicio de las diligencias, b) ha sido transferida, vendida, o depositada a una tercera persona, c) ha sido colocada fuera de la jurisdicción de la corte, d) su valor ha sido aminorado de manera sustancial o e) ha sido fusionada con otra propiedad que no pueda ser dividida con facilidad, es la intención del gobierno de Estados Unidos buscar la incautación de cualquier otra propiedad del acusado que tenga el valor de la propiedad sujeta a confiscación y descrita en la acusación.
Además de la rúbrica de Donoghue, el encausamiento incluye también la firma de los fiscales federales de distrito Michael P. Robotti, Craig R. Heeren y Ryan C. Harris. En otro de los documentos entregados ese mismo 14 de agosto de 2019 al juez Cogan en la corte federal en Brooklyn, el fiscal Harris le notifica al magistrado que en relación con la investigación y acusación al general Cienfuegos Zepeda, el Departamento de Justicia buscaría la celebración de un juicio que duraría menos de seis semanas, que el expediente criminal se encontraba sellado, que se había emitido ya una orden de aprehensión y que los castigos a las cuatro imputaciones no incluían la pena capital.