Varias de las entidades que renovarán gubernatura en 2027 están identificadas como las más violentas por los mapas de riesgo que se han elaborado. Han sido señaladas desde el proceso electoral de 2021 y después volvieron a encender alertas en 2024.
Las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027 son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y Michoacán. Varias de ellas concentran antecedentes de violencia político-criminal documentados por organizaciones como Data Cívica, Integralia y México Evalúa.
En 2021, el proceso electoral fue catalogado como uno de los más violentos de la historia reciente. Durante las campañas fueron asesinados decenas de políticos, aspirantes y candidatos. Estados como Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Sonora y Baja California registraron altos niveles de agresiones, amenazas y homicidios vinculados al contexto electoral.
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De hecho, los mapas de riesgo difundidos rumbo a la elección de 2024 colocaron nuevamente a varias de esas entidades como focos rojos. Un documento presentado con base en estudios de Data Cívica, Integralia, México Evalúa y Semáforo Delictivo identificó niveles altos o medios de riesgo en entidades como Guerrero, Zacatecas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
Aunque el INE rechazó asumir formalmente ese mapa tampoco negó la existencia de regiones críticas. El instituto reconoció que sí existen zonas donde la violencia, la inseguridad o conflictos territoriales dificultan la instalación de casillas y la operación electoral.
La presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei, sostuvo que no tienen atribuciones para hacer mapeos del crimen organizado, pero que han actuado en coordinación con las autoridades en materia de seguridad cuando hay amenazas o ante la imposibilidad de instalar casillas.
Asesinatos en elecciones van en aumento
De 2021 a 2024, periodo en el que se llevaron a cabo cuatro procesos electorales, los asesinatos relacionados con violencia política aumentaron un 356%, esto incluye a autoridades, personas funcionarias, candidatas o militantes activas de partidos políticos, de acuerdo con un informe de Data Cívica y México Evalúa. Es decir, pasaron de 71 casos en 2021 a 342 casos en 2024, a la par de otros hechos violentos en las entidades.
También advirtió factores de alto riesgo previo a la elección judicial de 2025 en entidades como Michoacán, Colima y Chihuahua, cuyas gubernaturas se renuevan el próximo año, por tráfico de drogas y precursores químicos para su elaboración, cobro de piso y extorsión.
En el proceso electoral de 2021, cuyos cargos se renovará en 2027, se registraron 239 incidentes de violencia y 36 aspirantes o candidatos asesinados, de acuerdo con un reporte de Integralia.
De las candidaturas asesinadas, la mayor parte se concentraron en Veracruz (8), Jalisco (6) y Oaxaca (4). Principalmente fueron para cargos municipales.
Mientras que de acuerdo con datos de Laboratorio Electoral, fueron 24 asesinatos de candidatos, precandidatos o aspirantes. Pero también se suman 22 personas que tenían un cargo público al momento de ser asesinadas durante el proceso electoral.
INE detecta zonas de riesgo
A la par de la localización de focos rojos, es primordial la coordinación con autoridades federales y locales de seguridad para garantizar protección a candidaturas en riesgo, puntualizó el exconsejero electoral Marco Baños.
En entrevista con La Silla Rota, explicó que el INE, mediante los vocales de las Juntas Distritales y los capacitadores electorales hacen el recorrido en territorio para determinar los lugares de instalación de las casillas.
Durante este trabajo en campo, pueden identificar riesgos de distintos niveles: desde perros callejeros que puedan atacar al personal, hasta lugares con presencia del crimen que impida el registro de funcionarios de mesa o la instalación de las casillas.
Los capacitadores asistentes electorales se encargarán de la integración de mesas directivas de casilla que incluye notificar a las personas sorteadas, capacitación y visitas domiciliarias. “El reto del INE consiste en que se garantice la seguridad de todo ese personal que estará en campo y que su integridad física quede plenamente salvaguardada”, sostuvo.
Durante la etapa de precampañas y campañas, dijo, el INE debe realizar los convenios con instituciones de seguridad para que el INE aporte la información que se genere en campo y las autoridades competentes establezcan los mecanismos de protección de todas las personas involucradas.