La desaparición de menores de edad del norte del país ha aumentado, a raíz de la guerra que sostienen los Chapos y los Mayos, las facciones del Cártel de Sinaloa. Los menores de edad de Durango, por ejemplo, se van al vecino estado atraídos por falsas ofertas de trabajo, son reclutados y luego desaparecen en territorio sinaloense, de acuerdo con colectivos de buscadoras.
Carmen Rosario Soto Valles, fundadora del colectivo Buscando Emilios, nombrado así en honor a su hermano Emilio, desaparecido desde 2008, precisamente en Sinaloa explica que además enfrentan una ausencia de coordinación entre las fiscalías de los estados para llevar a cabo las búsquedas.
“Sí, se ve un aumento de desapariciones de menores, lamentablemente los están reclutando para traérselos a los enfrentamientos tanto en Sinaloa como en Zacatecas. Sí ha habido un aumento considerable de los menores, estamos hablando de niños de 13 a 17 años. Tengo dos casos de 13 años, otro de 14, uno más de 15 y uno de 17. Es lamentable esto, va en aumento”, dice en entrevista con La Silla Rota.
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Las familias de los menores cuando denuncian los casos ante las autoridades son revictimizadas. Las respuesta que reciben es que ellos son los responsables porque omiten cuidarlos. “Es lo que dijeron con el menor Rafael -uno de los casos que recibió en su organización- salieron a declarar en la Fiscalía de Durango que son omisiones de cuidados”.
Aclara que en el caso de los duranguenses mayores de edad no sólo desaparecen en Sinaloa por cuestiones de trabajo. La organización tiene registrados otros casos de personas que se van a tierras sinaloenses en calidad de turistas y son desaparecidos.
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“Hay una ausencia horrible, no se imagina usted la ausencia que tenemos de coordinación entre las fiscalías en los estados que le mencioné, porque son en los que hemos estado trabajando: Durango, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas”.
Además de Sinaloa y Zacatecas, los duranguenses también desaparecen en Chihuahua y el propio estado, añade Soto Valles. En Durango, que pertenece al triángulo dorado de trasiego de droga, conformado además por Sinaloa y Chihuahua, se registra un alto número de desaparecidos en Santiago Papasquiaro, en la Laguna y en Durango Capital.
“No se había visto esto o estaba muy muy tapadito, pero sí se están registrando muchos casos. Es a partir de que empezó la guerra en Sinaloa, hace año y medio. Y en Zacatecas también se van por ofertas de trabajo”, prosigue.
Las supuestas ofertas de trabajo son para irse a trabajo campos agrícolas. “Tengo dos menores reclutados para Zacatecas que se los llevaron por falsas ofertas de trabajo y uno de ellos alcanzó a hablarle a su mamá y decirle, ‘Mamá, traigo el teléfono, no se han dado cuenta, me traen y nada más alcancé a leer que dice bienvenido a Zacatecas”.
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La situación no ha cambiado
Carmen Rosario considera que desde que ella comenzó a buscar a su hermano a la fecha, son pocos los cambios que hay en la búsqueda de los desaparecidos, y las autoridades incluso evitan meterse a ciertas zonas, alegando que ahí están en guerra y por eso no lo hacen.
Las desapariciones en su estado natal es una crisis que por años se ha ocultado entre los expedientes incompletos, omisiones institucionales y el dolor de las familias han tenido que cargar solas con ese peso.
“En Durango, la búsqueda no avanza por falta de investigación y la ausencia de protocolos eficaces. Los casos se pierden en trámites y no en investigaciones reales”, explica.
Pero no es propia de Durango la situación que describe, de indolencia.
“Esta realidad es que existen coincidencias con los servicios forenses que nunca se revisan, cuerpos no identificados que no fueron notificados a las familias. Tengo el caso ahorita de un joven que tiene un año en el Servicio Médico Forense de Sinaloa y apenas la semana pasada nos notificaron”.
En sus casi 18 años de buscadora ha detectado que existe una omisión estructural grave, porque se pierden las primeras 72 horas de búsqueda, falta una activación de los protocolos para que se haga en ese lapso. A ello agrega los cientos de expedientes que están sin líneas de investigación.
Le molesta postura presidencial
Soto Valles aprovecha para referirse a la negativa del gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, de rechazar el informe de la Organización de las Naciones Unidas que muestra la gravedad de las desapariciones y las equipara a delitos de lesa humanidad.
“La postura que da la presidencia a mí en lo particular me molesta porque hablan de cifras”, dice en relación con la división que hizo el gobierno federal, de 132 mil personas reconocidas, de las cuales sólo reconoció a 43 mil 128 casos con datos suficientes.
“No son cifras, son nuestros familiares. No hablan de familias, de personas desaparecidas de seres humanos, no”, critica.
“No ha habido ningún cambio y lo hablo de la experiencia de casi dos décadas, 18 años que me respalda, no ha habido ningún cambio”, enfatiza. Pero resalta que incluso dentro de ese bloque reconocido, sólo hay 3 mil 869 casos con carpeta de investigación.
“Significa fiscalías que no investigan, registros incompletos, instituciones que revictimizan y un estado que pretende justificar su ausencia con estadísticas maquilladas”
Recuerda que cuando su hermano desapareció no existía una Fiscalía especializada de desaparición forzada. En la actualidad existe, creadas hace cosa de una década, pero a nivel estatal en Durango apenas se va a especializar porque no era especializada, apenas está en eso.
“Es lo mismo, es recepcionar la denuncia y ahí queda. No hacen actos de investigación, de nada sirve una Comisión nacional de búsqueda y una comisión ejecutiva, puesto que no se ven los cambios, no se ven las búsquedas, no se ve nada”.
Regresa al joven que tenía un año en el Semefo de Sinaloa sin que se le avisara a su familia. Como llevaba ropa de camuflaje la Comisión de búsqueda estatal ya no se hizo cargo de ayudar a trasladarlo a Durango.
Dicen que porque fue muerto por enfrentamiento y que era un delincuente, que pertenecía al crimen organizado y que ahí ellos no pueden apoyarlos. ¿Cómo es posible que le digan eso a la familia?, cuestiona.
“La señora que anda reclamando los restos del joven es su tía, porque la mamá ya falleció y el papá es adicto, no cuentan con él”, describe el contexto familiar. “¿Cómo es posible que se revictimice de nueva manera? ¿De qué sirve que se creen estas instituciones si no nos apoyan?”.
El caso de Pedro Emilio
Sobre su hermano Emilio, Carmen Rosario Soto Valles recuerda que desapareció el 11 de diciembre del 2008, en Mazatlán, Sinaloa.
La desaparición ocurrió mientras Emilio realizaba sus labores en el campo, preparando la tierra para la cosecha de chile jalapeño. Ese día, al negarse a pagar la extorsión conocida como cobro de piso exigida por facciones delincuenciales, fue privado de la libertad. Desde ese momento su hermana inició un camino que marcaría para siempre a su familia.
“Han pasado casi dos décadas y, a pesar de que su caso ha pasado por una larga lista de ministerios públicos, fiscales, vicefiscalías, peritos e instituciones creadas supuestamente para atender desapariciones —incluyendo comisiones especializadas, de búsqueda y de atención a víctimas— no existe una sola línea de investigación real que permita conocer su paradero”.
Pedro Emilio tenía 23 años cuando fue arrancado de su vida, de sus sueños y de su familia, dice con la voz entrecortada.
“Hoy debería tener 41 años, pero 18 de esos años se han consumido en una ausencia dolorosa, en una espera que se vuelve más cruel con cada día que pasa. La desaparición de mi hermano no sólo representa un expediente olvidado: es una agonía interminable para quienes lo amamos y seguimos exigiendo que el Estado cumpla con su obligación de buscarlo, investigar y decirnos dónde está Pedro Emilio. Su ausencia sigue abierta, viva, reclamando verdad y justicia.
La desaparición de menores ocurre en un contexto nacional donde México supera las 132 mil personas desaparecidas, de acuerdo con cifras oficiales.
De ese universo, apenas 3 mil 869 casos cuentan con carpeta de investigación, lo que evidencia el nivel de impunidad en el delito.
En este escenario, colectivos advierten que la desaparición de menores ya no es un hecho aislado, sino parte de un patrón vinculado también al reclutamiento forzado por grupos criminales.
Acusan especialistas fallas en políticas públicas
En tanto, especialistas aseguran que las autoridades no han logrado responder a la magnitud del delito y la crisis continúa mientras los casos de desaparición siguen en aumento
En México, las políticas públicas contra la desaparición forzada de personas han resultado insuficientes para la magnitud de la problemática que enfrenta el país, señaló Marisol Méndez, coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia.
“Las medidas han sido insuficientes y no han mostrado resultados hasta el día de hoy. ¿Y qué indicador tenemos para decirlo? Que sigue habiendo desapariciones”, remarcó en entrevista con La Silla Rota.
Uno de los puntos más alarmantes, señaló, es que las cifras presentadas por el gobierno mexicano buscan disminuir el impacto de las más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas, presentadas solo como una tercera parte de la cifra total.
“Las personas que los están buscando son sus familias y no las autoridades encargadas de la búsqueda, como son las comisiones de búsqueda”, remarcó.
México, primer país en considerar el artículo 34 de la ONU
El 2 de abril, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada solicitó a las Naciones Unidas que considere medidas destinadas a apoyar al Gobierno de México en la prevención, investigación y erradicación de este delito, perpetrado a tales niveles que podría considerarse un crimen de lesa humanidad.
“Es la primera vez que se utiliza por parte del Comité; no se había utilizado nunca para otro país, ni siquiera para países en contextos de guerra”, enfatizó Méndez sobre la decisión presentada.
Explicó que esta medida es una acción para que la Asamblea General de las Naciones Unidas esté notificada de que, en México, las desapariciones se cometen de manera generalizada y sistemática.
Además, la abogada refirió que este informe se inició en 2012, en el que se han documentado las deficiencias críticas en políticas públicas y una grave falta de investigación forense.
“Se cita a México por primera vez dado que los números son alarmantes en cuanto a personas desaparecidas, de personas que siguen pendientes de identificación forense y de la problemática que sigue combatiendo día a día y va en aumento”, puntualizó.
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Falta de presupuesto e impunidad
Méndez resaltó que existen varios temas a considerar, en primer lugar, el presupuesto asignado a las comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas en el delito.
“Deben tener un presupuesto suficiente para realizar las búsquedas inmediatas y también las investigaciones, pero hay otro tema que el Comité destaca mucho en el informe reciente, que tiene que ver con la falta de investigación y la impunidad”, recalcó.
Advirtió que hay una absoluta impunidad en los delitos de desaparición, lo cual da un mensaje a los perpetradores de que pueden seguir cometiéndolos sin tener una sanción real.
“Y lo otro que destaca el Comité es la participación, no solo de grupos criminales, sino también de autoridades en los tres niveles, donde se presume que hay ausencia o tolerancia por parte de los funcionarios”, sentenció.
Esto implicaría que las desapariciones no pueden ocurrir sin el conocimiento de las autoridades, municipales, locales o federales, por lo cual el Comité identificó casos en los que hay participación por parte de los funcionarios.
VGB