En medio del debate sobre cómo reactivar la inversión productiva en el país, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar puso sobre la mesa un tema que, a su juicio, ha quedado rezagado: la necesidad urgente de reconstruir y fortalecer la banca de desarrollo como palanca económica.
Desde el Palacio de San Lázaro, el legislador advirtió que, aunque existen avances en el diálogo entre el sector público y la iniciativa privada, las instituciones financieras del Estado aún tienen margen para detonar proyectos en sectores clave como vivienda, campo e infraestructura local. La apuesta, dijo, pasa por redirigir el crédito hacia actividades con impacto social y productivo.
A diferencia de la banca comercial, cuyo objetivo central es la rentabilidad, la banca de desarrollo tiene el mandato de impulsar el crecimiento económico incluso asumiendo riesgos que el sector privado evita. En ese esquema operan entidades como Nacional Financiera, Bancomext y Banobras, encargadas de financiar desde pequeñas empresas hasta proyectos de infraestructura.
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Sin embargo, el diagnóstico del legislador es claro: en los últimos años, la cartera de estas instituciones prácticamente no ha crecido en términos reales. Esto, pese a que cuentan con capacidad financiera suficiente para actuar como un instrumento contracíclico en momentos de desaceleración económica.
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Ramírez Cuéllar identificó dos problemas centrales. Por un lado, el riesgo de que la banca de desarrollo sustituya al crédito comercial en lugar de complementarlo; por otro, el exceso de recursos invertidos en instrumentos gubernamentales, en vez de canalizarlos a la economía real.
Ante este escenario, planteó una serie de medidas que incluyen fijar metas sectoriales claras para el periodo 2026-2030, reorientar el financiamiento hacia vivienda de interés social, tecnificación del campo e infraestructura municipal, así como fortalecer la transparencia mediante métricas públicas y auditorías independientes.
Las cifras reflejan el peso de este sector: la banca de desarrollo representa más del 11% del sistema financiero mexicano, con activos que superan los 3.1 billones de pesos. Tan solo en 2025, colocó más de 870 mil millones de pesos en crédito directo, beneficiando a cientos de miles de personas y empresas.
Para el diputado, estos números confirman que el Estado sí tiene herramientas para impulsar el crecimiento. El reto, insistió, no es de capacidad, sino de orientar los recursos hacia proyectos que generen desarrollo económico con impacto social tangible, en lugar de mantenerlos en circuitos financieros de bajo riesgo pero escaso efecto en la vida cotidiana.
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