Un deterioro acelerado de la función de los jueces amenaza el acceso efectivo a la justicia de más de 130 millones de personas en México, a causa de la reforma que comenzó a implementarse en septiembre de 2025, advirtió la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Estamos ante una transformación que debilita garantías estructurales, estabilidad en el cargo, inamovilidad, seguridad personal y presencia de presiones indebidas”, planteó la magistrada en retiro ante la CIDH, en la audiencia realizada este 9 de marzo en Guatemala sobre la situación de Operadores de justicia en distintos países de América Latina.
Los cambios que ha comenzado a sufrir el sistema de justicia mexicano no se tratan sólo de ajustes administrativos, afirmó Molina.
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La estabilidad de la carrera judicial está amenazada y la permanencia o salida de cientos de personas juzgadoras dejó de depender del mérito y de criterios objetivos y depende de criterios aleatorios como el azar, expuso.
A ello sumó que muchos juzgadores de carrera han enfrentado el menoscabo sistemático de sus condiciones laborales, intimidaciones, presiones institucionales y hasta sanciones encubiertas.
“Este ambiente desalienta el juicio independiente y premia lo obvio”.
Esa situación ha forzado a colegas a separarse del cargo, incluida ella misma, compartió. La inestabilidad es tan profunda que la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, planteó públicamente la posibilidad de mover la elección judicial a 2028.
“Esa sola duda revela la fragilidad del diseño adoptado”.
Otro tema son los cambios de adscripción ordenados por órganos sin competencia, sin dar derecho a audiencia, sin posibilidad de impugnación, análisis de riesgo ni medidas de protección.
“Se trata de reubicaciones forzadas e ilegales hacia regiones con altos niveles de violencia. Estas decisiones no solo ponen en peligro nuestra vida, también condicionan el contenido de las resoluciones”, alertó.
Medidas disciplinarias generan presiones y miedo
También se refirió al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que opera sin salvaguardas suficientes de independencia y aplica medidas disciplinarias discrecionales, lo que genera presiones y miedo al decidir.
Ejemplificó con el caso de un juez suspendido en Colima en noviembre pasado por un órgano que calificó de incompetente, sin procedimiento legal adecuado y de forma expedita tras la petición pública de la presidenta Sheinbaum.
La suspensión se originó por ejercer control de convencionalidad, ordenado por la Corte Interamericana y recomendaciones de otros cinco organismos internacionales.
“Más allá del caso particular, esto envía un mensaje vivo a todo el sistema judicial”, aseveró.
Adicionalmente, se han abierto carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República contra personas juzgadoras por el sentido de sus decisiones. Los nuevos formatos de revisión ordinaria de los órganos jurisdiccionales incluyen como parámetros de evaluación el criterio del juzgador.
Molina pidió a los integrantes de la CIDH vigilar la manera en que se aplica la reforma judicial en México, hacer un llamado al gobierno mexicano a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los jueces y vigilar el uso del nuevo régimen disciplinario.
"A las demás países presentes en esta audiencia les digo claramente, no permitan que este modelo se replique. Mi país ofrece un ejemplo preocupante en la región. Defender la independencia judicial hoy es defender los derechos de quienes más necesitan justicia mañana".
Trato distinto a jueces electos y de carrera
El nuevo Órgano de Administración Judicial ha otorgado trato diferenciado a jueces electos y jueces de carrera. A los primeros se les conceden permisos con facilidad, incluso para eventos públicos como informes de labores. A los segundos se les niegan licencias médicas o urgentes aún solicitadas sin goce de sueldo. El mensaje es inequívoco, doblegar o provocar la renuncia.
Otro aspecto que abordó fue la falta de pago de indemnización a más de 150 juzgadores que fueron cesados al no participar en la elección judicial, aún después de 6 meses del pago previsto en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial, pese a que tienen impedimentos legales para ejercer como abogados.
“Esta falta de pago también es castigo”, sentenció.
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Estabilidad judicial para jueces desapareció y enfrentan presiones
El magistrado en retiro Pablo Héctor González, originario de Chihuahua e integrante de la Red por la Independencia Judicial, también participó en la audiencia.
Dijo que la estabilidad judicial ha desaparecido para miles de jueces de carrera destituidos y también para los recientemente electos, quienes enfrentan presiones políticas y la amenaza permanente de procedimientos disciplinarios. En varios estados, jueces recién electos han renunciado a su cargo después de apenas días o semanas, sin que se sepa si fue por presiones políticas, amenazas o alguna otra razón, dijo.
Algunos jueces han sido señalados públicamente por sus resoluciones y a veces responsabilizados por la eficiencia de instituciones como la Fiscalía General de la República.
“Incluso cuando se trata de errores claramente judiciales, el remedio es el recurso y no el ataque público”, sugirió.
Para un juez independiente, un caso político puede significar el fin de su carrera si no resuelve como se le pide o como se espera.
Para un juez electo por el apoyo del partido en el gobierno, ello es condición para su nombramiento.