El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá entregar la información sobre los costos y empresa encargada de la modernización de su sistema de videovigilancia en ocho oficinas centrales y las 32 juntas locales, que había sido reservada por un periodo de cinco años.
Así lo determinó la autoridad garante del Órgano Interno de Control (OIC), en respuesta a un recurso de revisión interpuesto por La Silla Rota en el que solicitó el contrato INE/050/2025, relativo a la renovación del sistema de videovigilancia en zonas comunes, pasillos y puntos de acceso.
La Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE reservó el contrato y su anexo argumentando que se trata de información de seguridad nacional que pone en riesgo la vida e integridad de las personas que laboran en las instalaciones.
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Tras analizar el caso, el OIC determinó que el contrato “no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que pudieran poner en riesgo, ni la seguridad nacional ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna”.
El INE consideró que debía clasificarse el nombre del proveedor ante la posibilidad de que, por medio de ese dato, se pudiera llegar al personal de la empresa que colaboró en la instalación de los equipos y pudiera proporcionar datos sensibles, sin embargo, el OIC desestimó este argumento señalando que no hay pruebas o antecedentes que sostengan esta preocupación.
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Por otra parte, el órgano sí confirmó la clasificación del anexo técnico, ya que contiene información detallada que podría propiciar un sabotaje en perjuicio del INE.
“Si cayera en manos de personas expertas o con más o menos altos grados de conocimiento en informática e infraestructuras tecnológicas, podría posibilitar su destrucción, inhabilitación o sabotaje”, alertó.
INE reconoce amenazas contra instalaciones
El Comité de Transparencia advirtió que en los últimos años, el INE ha enfrentado un incremento sostenido de amenazas, que van desde manifestaciones masivas y toma de instalaciones, hasta actos de vandalismo, quema de material electoral y episodios de violencia en las inmediaciones de algunas sedes.
“Comprometer la seguridad de las instalaciones se traduce en poner en riesgo funciones sustantivas para la organización de los procesos electorales, como lo son el resguardo de material electoral, administración de los tiempos oficiales del estado en la materia, integración y actualización de padrón electoral, los procesos de credencialización, así como fungir como árbitro en la competencia política”, sostuvo.
Señaló que el control de accesos y su implementación responde a una problemática operativa concreta, consistente en la insuficiencia de mecanismos manuales para gestionar flujos crecientes y consistentes en inmuebles complejos, sin que esto restrinja los derechos de acceso al INE.
La Coordinación de Seguridad y Protección Civil del INE expuso que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio de la seguridad pública, pues describe de manera técnica y operativa la implementación, puesta en marcha y operación del sistema de vigilancia.
Equipos no se renovaban desde 2008
El INE expuso que el sistema de cámaras fue instalado desde 2008, pero desde entonces no se habían sustituido los equipos y sólo se les daba mantenimiento, por lo que dejaron de funcionar de forma óptima.
Si bien había cámaras en diversos inmuebles, no había interconexión y su capacidad de almacenamiento era bajo, explicó en su respuesta la Coordinación de Seguridad y Protección Civil.
Además, el despliegue de personal de seguridad en las instalaciones, sin un equipo interconectado, no permitía un monitoreo global, incluyendo las de las entidades federativas.
Al no contar con información en tiempo real, planteó, se dificultaba la toma de decisiones vinculadas con la seguridad, lo cual generaba limitaciones, entre otras, el control de acceso y retraso en las actividades de las áreas.
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Contexto
El INE llevó a cabo una remodelación del equipo de vigilancia en sus oficinas centrales y en los estados, con la instalación de más de 300 cámaras, torniquetes de acceso, ponchallantas, entre otros elementos.
Las cámaras fueron fabricadas por la empresa Verkada, pero el Instituto no reveló el nombre de la empresa adjudicada en el contrato.
El sitio web del proveedor detalla que el precio de las cámaras puede ir de los 3 mil 398 dólares (57 mil 168 pesos) a los 3 mil 698 dólares (64 mil 268 pesos), incluyendo hardware y licencia de 10 años.
También cuentan con una función para grabar audio mediante un interruptor de silenciamiento físico y digital, aunque funcionarios del órgano electoral aseguraron que esta función está deshabilitada en los equipos.
Pese a que el Instituto precisó que sólo se instalaron cámaras en áreas comunes y no en oficinas, se colocaron al menos cuatro cámaras dentro de la sala de prensa, encima del área de computadoras.
VGB