Un ejercicio realizado por La Silla Rota con los presupuestos estatales y legislativos de 2026 revela que el Plan B de la reforma electoral, que busca limitar el gasto de los Congresos locales al 0.7% del presupuesto de cada estado, no afectará a los poderes legislativos más grandes del país. Los recortes se concentrarían en unas cuantas entidades.
De acuerdo con los datos de los presupuestos ya aprobados, estados como el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz, que encabezan la lista de los congresos más costosos en términos absolutos, ya operan por debajo del nuevo límite constitucional. Incluso, bajo la regla propuesta, contarían con un margen para incrementar su gasto sin rebasar el tope del 0.7%.
El caso más ilustrativo es el del Estado de México. Aunque mantiene el Congreso con mayor presupuesto del país, con alrededor de 1,983 millones de pesos, este monto representa apenas una fracción de su gasto total. Con un presupuesto estatal superior a los 410 mil millones de pesos, el tope del 0.7% le permitiría ejercer hasta 2,872 millones, es decir, casi 900 millones de pesos adicionales sin incumplir la reforma.
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Una situación similar ocurre en la Ciudad de México. El Congreso capitalino ejercerá en 2026 aproximadamente 1,886 millones de pesos, muy por debajo del límite de 2,193 millones que marcaría la nueva disposición. Esto lo coloca en un nivel cercano al 0.60% del gasto total, dejando un margen superior a los 300 millones de pesos.
En Jalisco y Veracruz la tendencia se repite: aunque sus congresos figuran entre los de mayor presupuesto en términos nominales, también se ubican por debajo del umbral propuesto.
En contraste, el impacto del recorte que plantea la reforma se concentraría en pocos estados. El caso más claro es el de Michoacán, cuyo Congreso, con un presupuesto cercano a 1,209 millones de pesos, supera de forma significativa el tope estimado de 755 millones, lo que implicaría un recorte de más de 450 millones de pesos para ajustarse a la nueva regla.
A este grupo se sumaría, aunque de forma marginal, Durango, donde el margen de ajuste sería menor.
De acuerdo con datos difundidos por la propia Presidencia, mantener los 32 congresos locales del país cuesta alrededor de 18 mil 429 millones de pesos al año. Sin embargo, el análisis de los presupuestos estatales muestra que ese gasto ya se encuentra, en su mayoría, por debajo del umbral propuesto del 0.7%, lo que limita el impacto real de la reforma en términos de ahorro. El ahorro aproximado al sumar el recorte, sería aproximadamente de mil 200 millones de pesos lo que apenas representar
Sin embargo, especialistas advierten que el impacto de la medida no necesariamente se traducirá en beneficios directos para la población. El ex consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez sostuvo que no existe garantía de que los recursos que se recorten a los congresos se destinen efectivamente a obras municipales, ya que ese destino no está establecido en ningún ordenamiento legal, pese a que la iniciativa plantea destinarlos a ese fin.
En la misma línea el también expresidente del entonces IFE, Leonardo Valdés Zurita, ha sostenido en distintos análisis que el gasto electoral en México representa una proporción mínima del presupuesto público, por lo que su reducción tendría un impacto limitado en términos de ahorro real.
Valdés Zurita, ha advertido que el gasto electoral total en México representa una proporción mínima del presupuesto público —apenas alrededor del 0.03% del gasto federal, equivalente a unos cuantos centavos por cada mil pesos—, por lo que los ahorros planteados por la reforma tendrían un impacto limitado en las finanzas públicas.
PT analiza propuesta de revocación de mandato
El Partido del Trabajo (PT) analizará la propuesta de adelantar la revocación de mandato para que coincida con las elecciones locales y federal de 2027, incluida en el Plan B de la reforma electoral.
Este miércoles, legisladores sostendrán una reunión con el dirigente del partido, Alberto Anaya, para definir su postura.
El senador Alejandro González precisó que están evaluando el tema para tener una postura precisa y evitar opiniones que no estén basadas en argumentos.
“Cuando tú expresas un respaldo lo haces en términos generales. Reiteramos que una iniciativa legislativa ya debe examinarse con cuidado en todos los aspectos, incluso en los denominados transitorios”, apuntó.
Mencionó que, por ejemplo, no se incluyó el tema de las consultas populares en materia electoral en la redacción final de la iniciativa.
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La vicecoordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, afirmó que votará a favor de la reforma electoral, incluyendo el tema de revocación de mandato.
“Hasta este momento el respaldo se mantiene”, aseguró, aunque reiteró que es su posicionamiento personal.
La senadora Lizeth Sánchez sostuvo que debe existir una contienda equilibrada entre todos los partidos políticos.
“Vamos a revisarla y haremos nuestro pronunciamiento respectivo, pero estamos a favor de que el pueblo quita y el pueblo pone; de la austeridad republicana, estamos de acuerdo en todas esas cosas, sólo vamos a revisar que no afecte una democracia equitativa”, apuntó.
Partido Verde refrenda su apoyo a Plan B en el Senado, sostiene Manuel Velasco
El coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, señaló que el grupo parlamentario respaldará el Plan B de la reforma electoral, con excepción del senador Luis Melgar que ha anticipado su voto en contra.
“Soy muy respetuoso del senador Melgar; por supuesto, como su coordinador, trataré de convencerlo de que vote junto con el grupo, pero él habrá de tomar su definición y yo no puedo tomar una definición por él”, expresó.
Señaló que coinciden con los puntos propuestos en la iniciativa, como los ahorros en ayuntamientos para beneficio de los municipios, así como en congresos locales.
El legislador reconoció que en la primera propuesta de reforma electoral, Pablo Gómez, quien encabezaba la comisión presidencial, no atendió ninguno de sus planteamientos.
Sin embargo, dijo que lograron un consenso con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para poder avanzar con el Plan B.
Por su parte, el senador de Morena Óscar Cantón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que mantendrán el espíritu de la reforma electoral enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el proceso de revocación de mandato.
“No se va a modificar, se va a quedar como llega la iniciativa presidencial”, respondió sobre la posibilidad de que la mandataria pueda llamar al voto a su favor.
Sin embargo, aclaró que no puede pedir el voto por ninguna candidatura ni partido político.
Sobre la fecha de la consulta de revocación, que está propuesta para que se realice el mismo día de la elección, dijo que aún están analizando este punto.
El legislador garantizó que se va a corregir el tema de paridad de género que quedó fuera de la iniciativa, y dijo que se trató de un error burocrático.
LA RUTA DE LA DISCUSIÓN
El Plan B de la reforma electoral se discutirá el próximo lunes en las comisiones unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, señalaron senadores de Morena.
La ruta prevista es que, una vez que se apruebe en comisiones, se dé primera lectura en el pleno el martes y segunda lectura para su votación el miércoles.
El senador Saúl Monreal señaló que hay unidad con los aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde para que puedan respaldar la reforma.
Sobre adelantar la fecha de revocación de mandato, aseguró que realizarla en las elecciones de 2027 no genera inequidad en la contienda.
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