La publicación de una base de datos sobre pensiones en instituciones públicas provocó críticas entre jubilados y usuarios de redes sociales, luego de que el gobierno federal difundiera información sobre personas que reciben pagos de retiro financiados con recursos públicos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó los registros con corte al 31 de diciembre de 2025 en el portal oficial de transparencia. La base incluye pensiones de instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro y entidades financieras públicas como Nacional Financiera, Banobras, Bancomext y Banrural.
De acuerdo con la dependencia, la información forma parte de un ejercicio de transparencia que busca mostrar cómo se utilizan recursos del erario. En el listado aparecen personas que perciben más de un millón de pesos mensuales, pero también jubilados con montos mucho menores.
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Tras la difusión del listado, el tema se volvió tendencia en la red social X, donde algunos usuarios señalaron que la publicación de nombres de pensionados los expone a riesgos de seguridad.
Uno de los mensajes con mayor circulación fue publicado por el usuario Armando Luna Franco, quien responsabilizó al gobierno federal de cualquier intento de extorsión o delito financiero contra su madre después de que su nombre apareciera en la lista.
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El usuario explicó que su madre se jubiló como secretaria ejecutiva de Pemex y señaló que su pensión mensual ni siquiera alcanza el salario de la presidenta de la República. También afirmó que el monto equivale aproximadamente a una séptima parte de ese ingreso.
Jubilados denuncian exposición en redes
Otros usuarios afirmaron que comparten la inconformidad por la difusión de datos de personas retiradas del servicio público.
En una de las respuestas destacadas, una usuaria identificada como jubilada expresó respaldo a las críticas. “Soy jubilada y me uno a tu enojo. No fuimos altas funcionarias en ninguna de estas instituciones con super salarios. Nos están exponiendo”, escribió la usuaria Martha Patty G en la misma conversación.
Algunas publicaciones señalaron que la difusión de nombres de pensionados podría generar riesgos en un contexto de delincuencia y extorsión. Otros usuarios indicaron que los registros corresponden a información pública disponible en plataformas de transparencia.
El tema también generó cuestionamientos sobre el alcance de la publicación y sobre la diferencia entre casos de pensiones millonarias y jubilaciones que se ubican por debajo del salario presidencial.
Debate jurídico sobre derechos adquiridos
La discusión en redes también incluyó posicionamientos de especialistas en derecho sobre el alcance de las reformas propuestas para limitar pensiones financiadas con recursos públicos.
El abogado José Mario, presidente de la organización Perteneces AC, señaló en una publicación que el debate no se limita a los montos de las pensiones, sino a la posibilidad de modificar derechos ya otorgados bajo leyes anteriores.
En su mensaje explicó que una persona que cumplió los requisitos de retiro bajo una legislación vigente adquiere un derecho jurídico definido. Según su planteamiento, las mensualidades posteriores forman parte de la ejecución continua de ese derecho.
El abogado también indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterios sobre la irretroactividad de la ley. Este principio establece que una norma posterior no puede eliminar o reducir un derecho ya consolidado en perjuicio de una persona.
A partir de ese criterio, el especialista planteó que el debate jurídico debe distinguir entre modificar reglas para pensiones futuras o intervenir en beneficios que ya se encuentran vigentes.
Reforma busca fijar límites a pensiones públicas
La discusión ocurre mientras el Congreso analiza cambios al artículo 127 de la Constitución para establecer un límite a las pensiones financiadas con recursos públicos.
La semana pasada, el Senado aprobó una reforma que establece que ningún haber de retiro pagado con recursos del erario podrá superar la mitad de la remuneración asignada a la Presidencia de la República dentro del presupuesto anual.
El proyecto forma parte de una iniciativa impulsada por el gobierno federal para revisar los sistemas de retiro dentro del sector público.
Datos presentados por autoridades federales indican que en algunas instituciones existen pensiones que superan el salario presidencial e incluso rebasan el millón de pesos mensuales.
Entre los casos citados aparecen jubilaciones en Luz y Fuerza del Centro, donde exdirectivos reciben ingresos superiores al millón de pesos al mes. En esa institución más de mil jubilados perciben montos superiores al salario de la titular del Ejecutivo federal.
La base de datos también incluye registros de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, donde se identificaron pensionados con ingresos superiores al sueldo presidencial.
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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que la publicación de esta información forma parte de medidas para fortalecer la transparencia y para que las instituciones públicas publiquen sus registros completos en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Mientras el proceso legislativo continúa, el debate público se mantiene entre quienes respaldan la difusión de estos datos como un ejercicio de rendición de cuentas y quienes consideran que la exposición de nombres de pensionados genera riesgos y abre cuestionamientos sobre el respeto a derechos adquiridos.
VGB