Desde 2024, el Congreso de la Unión pidió investigar contratos millonarios adjudicados directamente por Pemex, entre ellos uno por más de mil 800 millones de pesos, otorgados a Petroservicios Integrales México, empresa vinculada al empresario Juan Carlos Guerrero, quien recientemente pagó millones de pesos por la ostentosa fiesta de quince años de su hija. Casi dos años después, el exhorto legislativo sigue sin resolverse.
El exdiputado federal panista Juan Carlos Romero Hicks, quien presentó el punto de acuerdo en julio de 2024, explicó en entrevista con La Silla Rota que la solicitud surgió tras recibir una denuncia anónima sobre posibles irregularidades en contratos otorgados por Petróleos Mexicanos.
Denuncia anónima llegó cinco días antes de las elecciones
De acuerdo con el exlegislador, el documento llegó a la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados el 28 de mayo de 2024, cinco días antes de las elecciones presidenciales, en las que resultó ganadora Claudia Sheinbaum.
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“Lo que calculé en ese momento fue: me llega una denuncia anónima, no debo ignorarla, debo turnarla a quien puede darle seguimiento”, relató.
Romero Hicks recordó que en ese momento presidía la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro, pero el Congreso se encontraba en receso y la actividad legislativa era procesada por la Comisión Permanente.
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El legislador presentó el punto de acuerdo el 10 de julio de 2024.
Punto de Acuerdo by La Silla Rota
Los contratos que se pidió investigar
El punto de acuerdo solicitaba investigar tres contratos adjudicados directamente por Pemex a empresas privadas por montos de miles de millones de pesos.
Uno de ellos era el contrato número 641003824, firmado con la empresa Petroservicios Integrales México por mil 827 millones de pesos, con vigencia hasta diciembre de 2026.
El documento advertía que, debido a que se trataba de adjudicaciones directas, no era posible conocer con claridad el procedimiento mediante el cual se seleccionó a las empresas, lo que generaba preocupaciones sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.
Además, señalaba que parte de la información relacionada con los contratos había sido clasificada como confidencial de manera parcial, lo que limitaba la posibilidad de revisar el proceso de contratación.
Esto, afirmó el exlegislador, se repitió varias ocasiones durante los últimos años y forma parte de un problema más amplio de corrupción en la contratación pública, ya que las áreas de adquisiciones y obra pública son los espacios donde se concentran la mayoría de las denuncias de irregularidades.
Tras el escándalo por la fiesta en la que cantaron Belinda y J. Balvin, mientras la conducción estuvo a cargo de Galilea Montijo, el empresario Juan Carlos Guerrero emitió un comunicado en el que informó que sus empresas “se encuentran en proceso de diálogo con PEMEX para la posible ampliación del contrato vigente, así como para la resolución de adeudos correspondientes a facturación pendiente de los años 2023 y 2024”.
641003824 contrato by La Silla Rota
Asignaciones, un mal común
“Las discrecionalidades en la aplicación de las asignaciones y las faltas de licitación han sido comunes”, aseguró el panista.
“Lo han hecho con prácticamente más del 70% de las adquisiciones y de las obras. Es un patrón de conducta inapropiado”, sostuvo.
El punto de acuerdo pedía que tres instancias revisaran los contratos señalados: el Órgano Interno de Control de Pemex, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
La intención era que estas instituciones determinaran si las adjudicaciones directas se realizaron conforme a la legislación aplicable y si existían posibles responsabilidades administrativas o legales.
Sin embargo, Romero Hicks señaló que, hasta donde tiene conocimiento, el caso no avanzó. “Lo que sé es que ahí se detuvo, punto”, afirmó.
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Un caso que no tuvo seguimiento
El diputado explicó que presentó el punto de acuerdo a título personal y no como resolución de la comisión que presidía, debido a que el Congreso se encontraba en receso y las decisiones legislativas se procesaban en la Comisión Permanente.
Además, recordó que las comisiones del Congreso no cuentan con facultades directas de investigación como las que existen en otros parlamentos alrededor del Mundo.
“Nosotros no éramos Órgano Interno de Control, no éramos Auditoría Superior de la Federación, no éramos Ministerio Público”, explicó.
Por ello, el mecanismo disponible fue el exhorto a las autoridades responsables de fiscalizar el uso de recursos públicos.
No obstante, casi dos años después de que el Congreso solicitó revisar los contratos, el exhorto legislativo continúa sin una resolución pública., como lo documentó la periodista Peniley Ramírez.
VGB