“No podemos conciliar el sueño, tenemos temor hacia nuestra persona e integridad física, temor de qué va a suceder e incertidumbre, pues no tenemos un espacio físico ni computadora asignados para realizar nuestras funciones, estamos todo el tiempo en estado de alerta, angustia y nuestro estado emocional se ha mermado con toda esta situación”; así pidieron auxilio dos trabajadoras del Centro de Justicia Penal Federal de Morelia, Michoacán, en un escrito enviado al Sindicato del Poder Judicial Federal.
El escrito, del que La Silla Rota tiene copia, achaca el acoso a la jueza Gabriela Salcedo Manzo, quien llegó al Centro de Justicia Penal Federal el 16 de septiembre pasado, tras ganar la elección judicial del 1 de junio.
Ambas trabajadoras sostienen que los maltratos, insultos y la asignación de cargas de trabajo excesivas las han llevado a buscar terapia psicológica, que recibirán por parte de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y Acoso Sexual.
Te podría interesar
“Nos comentaron que requerimos de al menos 10 terapias para ello”, expusieron en el escrito enviado al sindicato, con fecha 19 de enero.
Ese mismo día ambas enviaron una queja al Tribunal de Disciplina Judicial, que hizo acuse de recibo de los documentos.
TAMBIÉN LEE: Inicia Tribunal de Disciplina Judicial 179 investigaciones en 120 días
Agresión verbal y violencia psicológica
Las trabajadoras, que piden ser identificadas como Y y A ante el miedo a sufrir represalias, se quejan de que han sido víctimas de insultos, de recibir burlas a su trabajo, hasta de ser obligadas a que les leyeran el Tarot aunque ellas no querían, y luego escuchar la advertencia de la tarotista de que “pronto les iba a pasar algo”.
También dicen que han escuchado presuntas amenazas veladas de la jueza, cuando ella de la nada les dice que conoce a personas de ‘La Maña’ (del crimen organizado), quienes le pueden ayudar a resolver problemas.
Una de ellas relata que antes de retirarle el habla, la jueza se ofreció a darle un masaje en la espalda porque sentía molestias; pese a que rechazó la oferta, pero la jueza la llevó a su oficina y le aplicó el masaje.
Otras quejas se refieren a la obligación a trabajar después de su horario, las críticas a su trabajo y la acusación penal por llevarse a casa equipo de cómputo para terminar el trabajo asignado.
“Así se lo hizo conocer al administrador regional de Morelia, Gustavo Flores Jiménez, a quien le dirigió un escrito donde le pide no dar acceso a ambas trabajadoras y que ‘no se les reciba el equipo de cómputo sustraído a fin de que sea entregado ante una autoridad judicial competente”, de acuerdo con un documento al que La Silla Rota tuvo acceso.
“Ella sabía que las sacábamos. Teníamos permiso y firmábamos una bitácora y un resguardo. Sin embargo, ella al presentar la denuncia ni siquiera presentó el comprobante de la factura y así se la aceptaron”, critican.
El 5 de enero, mediante un oficio, se les notificó que deberían estar a disposición del administrador para trabajar en el sitio en que se les indicara porque la juez no quería estar en la misma sede con ellas.
Si algo sale mal, las voy a ahorcar
En su escrito exponen que ya ha tenido enfrentamientos con trabajadores del Centro de Justicia, desde personal de limpieza hasta notificadores y elementos de seguridad, u otras personas juzgadoras.
Entrevistadas por La Silla Rota, ambas recuerdan que a su llegada parecía una persona amable, pero después se tornó hostil.
Por ejemplo, les advertía que, si algo salía mal, las iba a ahorcar.
A recuerda que un día le gritó por llegar tarde. Luego dijo a otras personas que la iba a sancionar quitándole una certificación, con el argumento de que no se presentaba a trabajar. Cuando A acudió para reclamarle, la jueza le preguntó, quién le había avisado.
Como A no reveló su fuente, decidió ya no dirigirle la palabra.
La jueza les ha hecho saber que no le podrían hacer nada, porque se jacta de su amistad con la magistrada Surit Berenice Romero, integrante del Órgano de Administración de Justicia.
TAMBIÉN LEE: Trabajadores del PJF denuncian acoso y retención ilegal por parte de jueza
No es un simple caso de acoso: jueza
Salcedo Manzo fue postulada en la elección judicial para jueza de distrito por el Poder Ejecutivo Federal. En la página de datos de Conóceles, del Instituto Nacional Electoral expuso que quería ocupar un cargo público para garantizar una justicia humanista y proteger los derechos de todos, construyendo una sociedad más equitativa.
La Silla Rota entrevistó a la jueza Salcedo Manzo. Dijo estar al tanto del caso, y que estaba interesada en dar su versión, pero necesitaba la autorización del Órgano de Administración Judicial para hacerlo.
“No es un simple tema de, entre comillas, acoso laboral como lo quieren hacer ver, sino que ya alcanzó dimensiones muy profundas. Para ustedes sería muy interesante precisamente hacer una publicación, con lo que está ocurriendo en realidad”, expresó.
Dijo que las empleadas como son sindicalizadas están haciendo declaraciones, pero que no deberían hacerlo porque hay investigaciones.
“No quiero incurrir en un delito y tampoco meter al medio de comunicación en una situación contraria porque obviamente las manifestaciones públicas se cargan de responsabilidades”.
Contexto
El Tribunal de Disciplina Judicial nació en septiembre de 2025, como producto de la reforma judicial de 2024.
Integrada por cinco magistrados, se encarga de aplicar sanciones a los servidores públicos del área jurisdiccional del Poder Judicial Federal.