México mientras proyecta una imagen de liderazgo regional y estabilidad macroeconómica, diversos estudios y organizaciones globales advierten señales preocupantes sobre el tejido social, la estrategia de seguridad y la salud de sus instituciones democráticas.
Amnistía Internacional, en su informe Cambiando el Paradigma y en pronunciamientos recientes, sostiene que la persistencia de la militarización como respuesta a la violencia ha resultado fallida. La organización advierte que este enfoque no ha reducido los niveles delictivos y, por el contrario, ha generado un entorno propicio para detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles y ejecuciones extrajudiciales. A esta lectura se suman las advertencias de organismos de derechos humanos sobre la estrategia de seguridad pública.
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El caso de Sinaloa ilustra la magnitud del problema. Según cifras citadas por la organización, los homicidios en la entidad pasaron de 478 en 2022 a 1,663 en 2025, un aumento de 248%. Las carpetas por feminicidio crecieron 245% en el mismo periodo, y las desapariciones y no localizaciones aumentaron más de 253%. Para Amnistía, estos datos evidencian que la seguridad pública no puede seguir descansando en esquemas predominantemente militares sin controles civiles efectivos.
HRW pone el foco en retroceso democrático
Human Rights Watch (HRW) incluyó a México entre los países con mayores retrocesos democráticos y abusos graves a derechos humanos. En la presentación de su informe anual en la Ciudad de México, su directora para las Américas, Juanita Goebertus, habló de una “contradicción muy clara” entre el discurso internacional del gobierno mexicano y la realidad interna marcada por violencia, impunidad y debilitamiento institucional.
HRW advierte sobre la erosión de contrapesos al poder, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, el debilitamiento de la independencia judicial y la consolidación de la militarización iniciada en el sexenio anterior y profundizada con reformas recientes. La organización también expresó preocupación por la crisis de desapariciones forzadas, que supera los 133,000 casos, y por la negativa oficial a reconocerla como un fenómeno estructural.
La periodista Denise Dresser, integrante del consejo asesor de HRW para América Latina, subrayó que es la primera vez que México aparece en la categoría de mayor erosión democrática, junto a países que históricamente han sido señalados por este tipo de retrocesos. Si bien el informe reconoce avances sociales, como la salida de millones de personas de la pobreza, enfatiza que los apoyos económicos no sustituyen la protección frente a los abusos del poder.
Con la próxima celebración del Mundial de Fútbol en territorio mexicano, HRW anticipa que la atención internacional se centrará no solo en el evento deportivo, sino en la situación de derechos humanos en las regiones sede, algunas de ellas marcadas por hallazgos de fosas clandestinas y altos índices de desaparición.
Confianza social, baja
Un punto de partida es la confianza social. De acuerdo con el Global Attitudes Survey 2025 del Pew Research Center, retomado por el economista Olivier Blanchard, México se ubica entre los países con menor nivel de confianza interpersonal en el mundo. El 82% de las personas encuestadas considera que “la mayoría de la gente no es confiable”, frente a apenas un 18% que opina lo contrario. La cifra coloca al país en los últimos lugares entre los de ingreso medio analizados, solo por encima de Turquía.
El contraste internacional es marcado. En Suecia, por ejemplo, el 83% de la población considera que se puede confiar en la mayoría de las personas. Países Bajos, Canadá y Alemania registran niveles similares, muy por encima del promedio mexicano.
Incluso dentro del grupo de países de ingreso medio, México destaca negativamente: Indonesia reporta 53% de respuestas favorables a la confianza, mientras que Brasil, Argentina y Sudáfrica muestran altos niveles de desconfianza, aunque sin alcanzar la proporción observada en territorio mexicano.
Especialistas señalan que la confianza social es un indicador clave del funcionamiento democrático y del desarrollo económico, ya que influye en la cooperación cívica, el cumplimiento de normas y la legitimidad institucional. En ese sentido, la posición de México en este ranking no solo refleja una percepción social, sino un desafío estructural.
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