La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció criterios firmes desde 2025 para prohibir que los servidores utilicen recursos públicos para defenderse de multas, sanciones administrativas o penales derivadas de su malas prácticas.
El día de hoy, el Pleno determinó que las multas impuestas a servidoras y servidores públicos por incumplir sentencias de amparo pueden combatirse con su propio patrimonio.
Los ministros abordaron que la inconstitucionalidad del desvío de recursos públicos (tipificado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas), implica que el dinero del erario no puede ser usado para financiar la defensa legal personal de funcionarios.
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La Corte estableció que dicho tribunal constitucional sólo puede intervenir en la representación jurídica si se actúa expresamente en nombre de la persona sancionada.
Funcionarios no pueden utilizar el presupuesto público para evadir las consecuencias de sus actos
En 2025, se llevaron a cabo investigaciones y procesos contra servidores públicos por desvío de recursos y remuneraciones ilícitas, subrayando la responsabilidad personal en el ejercicio del cargo.
La SCJN invalidó normas que permitían a autoridades imponer multas discrecionales, protegiendo a los ciudadanos de abusos y obligando a los funcionarios a actuar con apego a la ley.
Esta medida refuerza el principio de que los servidores públicos son responsables de sus actos y no pueden utilizar el presupuesto público para evadir las consecuencias de sus faltas.
CAGC