El Cyrus R. Vance Center for International Justice presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura para el periodo 2020-2025, y excandidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La denuncia, interpuesta el pasado 13 de febrero, documenta presuntas violaciones a los derechos políticos y la falta de integridad electoral durante el proceso de elección de jueces en México celebrado en 2025, el cual derivó de la reforma judicial aprobada en 2024.
Condiciones de desigualdad e irregularidades
Según el documento presentado, las elecciones se llevaron a cabo en condiciones "estructuralmente desiguales" y carecieron de garantías mínimas de imparcialidad y supervisión independiente. Entre las irregularidades documentadas destacan la distribución de “acordeones” que indicaban por qué candidatos votar, así como recortes presupuestales que impidieron la participación de sectores como los votantes en el extranjero y personas en prisión preventiva.
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Además, se señala que las autoridades no definieron con claridad el proceso antes de su inicio, generando incertidumbre tanto en candidatos como en la ciudadanía.
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La petición subraya que las autoridades electorales desestimaron diversos recursos legales y denuncias sobre estas anomalías durante el proceso.
Sodi Cuéllar, asegura haber participado "de buena fe" en la contienda, sostiene que este conjunto de circunstancias afectó negativamente las condiciones de su participación y la legitimidad del proceso electoral en su totalidad. Por ello, se ha solicitado a la Comisión que evalúe las violaciones y ordene reparaciones integrales a su favor.
Una reforma bajo la lupa internacional
Esta acción legal representa la tercera petición que el Vance Center presenta en representación de juzgadores mexicanos afectados por la reforma impulsada bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Anteriormente, el organismo representó a grupos de jueces y juezas federales en peticiones que documentaron cómo los cambios constitucionales vulneraron principios de independencia judicial, igualdad y no discriminación, afectando particularmente la carrera judicial de las mujeres.
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Al respecto, Jaime Chávez Alor, Director Ejecutivo Adjunto del Vance Center, calificó el proceso como una "simulación electoral" que no garantiza una judicatura independiente y ética. El directivo enfatizó que esta petición es única pues permite que la CIDH y el Estado mexicano atiendan los problemas documentados de manera significativa antes de que se realice la próxima fase de elecciones judiciales programada para el año 2027.
Tras recibir formalmente la petición, la CIDH, como órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), iniciará un proceso de verificación para evaluar la validez de las alegaciones. En caso de considerarlo procedente, la Comisión tiene la facultad de formular recomendaciones a México para abordar las violaciones a derechos humanos, impulsar investigaciones pertinentes o adoptar medidas cautelares para evitar que estos hechos se repitan en el futuro