Un proyecto para analizar la reforma aprobada en el Congreso de Aguascalientes que propone reducir de 12 a seis semanas el plazo legal para la interrupción voluntaria del embarazo en Aguascalientes estaba listo para discutirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 6 de enero, pero fue retirado de la lista ese mismo día.
El proyecto no ha vuelto a aparecer enlistado, pese a que el Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado por la nueva integración, electa el 1 de junio, establece en su artículo 19 que, en caso de ser retirado, debe volver a listarse en un plazo que no excederá de 30 días naturales.
Hasta este 17 de febrero, el asunto no aparece enlistado.
El artículo 19 del Reglamento establece que si bien los proyectos de resolución pueden retirarse a solicitud justificada de la ministra o ministro ponente antes de la celebración de la sesión, es únicamente para “fortalecer sus consideraciones durante el desarrollo de la misma, previo acuerdo del Pleno”.
¿Por qué se bajan los proyectos?
El 15 de diciembre pasado, el ministro Irving Espinosa se refirió al proyecto del aborto, el cual dijo estaba enlistado para enero. Pero reconoció que era un tema difícil.
“Eso es un tema dirían los colombianos de los peliagudos, complicados y que tienen que ver con cuestiones íntimamente relacionadas con la bioética. Nosotros tenemos que ir valorando la constitucionalidad o no de aquella normativa que tiene que ver con el aborto dentro de cada entidad federativa”.
Explicó que serán sus compañeros ministros quienes también tendrían la posibilidad de estudiar su proyecto, realizar los comentarios y en su momento votarlo en el sentido que consideren.
Cuando un asunto se baja es porque los ministros autores del proyecto en cuestión buscan escuchar más voces o porque están mal elaborados y alguien se los hace ver, o también por presiones políticas del momento, dijo una fuente de la SCJN a La Silla Rota.
“Puede ser por presión política, el ponente es el que dice que echa para atrás el proyecto, puede que un ministro le haga ver a su compañero que computó mal tal cosa, ‘no llegó en tiempo la demanda, no atendiste tal cosa de confección del proyecto y debes mejorarlo’, por ejemplo, o que otro ministro o político interesado le diga que no es el momento de discutirlo”.
Bajar los asuntos es una práctica que también hacía la anterior corte y por las mismas razones, aclaró la fuente, como cuando el 25 de junio el tribunal constitucional, presidido por la ministra Norma Piña, retiró el de la prisión preventiva y dejó esa bola caliente a la actual conformación.
La diferencia de la anterior corte con la actual radica en que esta última baja entre cinco o seis asuntos los miércoles, cuando se discuten temas relacionados con lo penal y civil, y una cifra similar el jueves, día en que se abordan temas de materia administrativa y laboral, lo que habla de que hay presiones o deficiencias técnicas en la confección, agregó la fuente.
Otros temas bajados
Entre los temas que se han quitado de las listas de proyectos a discutir por el Pleno de la SCJN está el de salud menstrual y el de desalojos.
En el caso del primero, el 551/2024, ocurrió el 8 de enero, buscaba analizar si era constitucional o no que la tasa de cero por ciento de IVA se pueda extender a todos los productos de gestión menstrual y no se limite sólo a toallas sanitarias, tampones y copas. El asunto no fue enlistado ese día, cuando se esperaba su discusión.
Curiosamente, el proyecto también era del ministro Espinosa Betanzo.
Uno más que se bajó, debido a presiones de manifestantes, fue el relacionado con desalojos, de la ministra María Elena Ríos, enlistado para el 19 de enero. Desde tres días antes, activistas en contra de los desalojos habían advertido que irían a protestar a la corte el 19, lo que cumplieron e incluso impidieron el acceso a la sede de la SCJN.
Solo permitieron el acceso a la sede de la Suprema Corte hasta que tuvieron la certeza de que el proyecto ya no estaba enlistado y que iban a ser recibidos por algunos ministros.
Los manifestantes dijeron que el proyecto de Acción de Inconstitucionalidad 73/2019 proponía avalar la validez del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Señalaron además que el artículo impugnado quitaría derechos de los desalojados, como el de la audiencia, y los dejaría en la indefensión, aún si pertenecen a grupos vulnerables.
Otro proyecto bajado el 9 de octubre pasado fue el 217/2021, de la ministra Yasmín Esquivel, que buscaba avalar que para hacer un amparo en materia ambiental, sólo lo pueden presentar los directamente afectados y no organizaciones ambientales. Esa ocasión se retiró el asunto a petición del presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, para dar audiencia a los interesados en el tema.
Injerencia y proyectos inacabados
Para el experto en derecho constitucional de la Universidad La Salle, Christian Benítez Núñez, la injerencia del Ejecutivo puede pesar para retirar un tema de la lista y cita como ejemplo el tema de la salud menstrual.
Recuerda que el caso del IVA estaba listo para discutirse pero se retiró sin que hubiera claridad sobre el motivo. En ese tema sí hubo un pronunciamiento del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, en el sentido de que no le correspondía a la Corte ampliar la tasa cero, que eso correspondía al Legislativo.
“Sí podríamos advertir que el Ejecutivo marca una línea clara. Es preocupante porque si bien existe división de poderes, el Poder Judicial es un tribunal de cierre, es el que tiene la última palabra, que la Constitución le faculta para decirle al Legislativo una ley es inconstitucional y no tiene vigencia o decirle al Ejecutivo estos actos son inconstitucionales y debes detenerlo”, explica.
La Corte sí tiene esa facultad, sobre todo en temas de derechos humanos y la expresión del Ejecutivo de que no tenía competencia no tiene lugar en el sistema de contrapesos, enfatiza.
Para el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Edgar Corzo Sosa, el retiro de un asunto se puede dar por muchas razones. En las ponencias de los ministros hay un secretario de Estudio y cuenta que se dedica al análisis del proyecto, hace un borrador, lo pone a consideración del ministro y si se considera correcta, se agrega a la lista.
Cuando se sube a la lista se distribuye entre todas las ponencias y cada una da su punto de vista, si un ministro tiene observaciones se las da a conocer al autor del proyecto.
“Es una nota de buena práctica”, aclara el también constitucionalista.
Como lo importante es que los proyectos lleguen lo más maduros a la discusión del Pleno, se retiran si no lo están aún. También como los proyectos se dan a conocer por lo menos tres días antes, hay personas que piden audiencia tras conocerlos.
“Obvio, eso debe hacerse antes, pero puede suceder en momentos posteriores. Puede haber muchos asuntos. La madurez no se señala en 30 días”.
El punto principal es llevar el asunto más maduro al Pleno y ahí discutirlo. No debe ser normal retirar asuntos porque se supone que ya están maduros. No es lo normal”, concluye.
Contexto: la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una nueva etapa el 1 de septiembre de 2025, con los ministros electos el 1 de junio pasado.
En los casi seis meses de la nueva corte se han registrado incidentes como el intento de analizar sentencias de la anterior corte, lo que fue criticado hasta por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que ponía en riesgo el principio de cosa juzgada.
Ante las críticas la Suprema Corte echó reversa, aunque dejó abierta la puerta a la llamada “cosa juzgada fraudulenta”.
Otro incidente que levantó críticas en contra de los ministros fue el anuncio en enero de la compra de camionetas blindadas con un valor superior de 2 millones de pesos para los ministros. Ante la avalancha de críticas porque la percepción fue que no se cumplió la austeridad que ellos mismos han propugnado, el presidente de la corte, Hugo Aguilar Ortiz anunció que no las usarán.