A su llegada al aeropuerto de San Luis Potosí, la presidenta Claudia Sheinbaum fue abordada por un grupo de personas. Entre ellos, un menor captó su atención con una petición directa y singular: "regrésanos la comida chatarra, Claudia, por favor".
La mandataria tomó la petición con humor, pero aprovechó para recordarle al niño que esa comida "hace mucho daño" y que el azúcar "hace mucho daño".
Este breve intercambio subraya la complejidad y las diversas perspectivas en torno a la reciente prohibición de la venta de comida chatarra en las escuelas de México.
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Contexto: la prohibición de la venta de comida chatarra dentro de las escuelas públicas y privadas del país entró en vigor a partir del 29 de marzo de 2025. Esta medida es parte del programa “Vida Saludable”, impulsado por el gobierno federal con el objetivo de reducir los altos índices de obesidad infantil y juvenil que afectan a la población mexicana.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha establecido lineamientos que prohíben la venta y promoción de productos ultraprocesados con altos niveles de azúcar, grasas saturadas, grasas trans y sodio en las cooperativas y tiendas escolares. Entre los alimentos restringidos se encuentran refrescos, bebidas azucaradas, frituras, dulces, chocolates, pasteles, pan, botanas y comida rápida como hamburguesas y pizzas.
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Para apoyar esta transición, la SEP, con el respaldo de la Secretaría de Salud, se comprometió a capacitar a los expendedores de alimentos escolares entre el 31 de marzo y el 4 de abril, informándoles sobre los productos permitidos y prohibidos. También se anunció la distribución de recetarios y manuales sobre alimentación saludable para expendedores y padres de familia.
El objetivo principal es eliminar la oferta de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional en los espacios escolares y promover el consumo de agua natural, la práctica deportiva y una comunicación de buenas prácticas en alimentación.
Implementación: desafíos y realidades fuera de las aulas
A pesar de la ley, la realidad en las inmediaciones de las escuelas muestra un panorama diferente. Un recorrido realizado por La Silla Rota en primarias y secundarias de Iztapalapa constató que decenas de comerciantes continuaron instalando sus puestos de golosinas y vendiendo sus productos a los estudiantes al salir de clases.
Puestos de dulces, frituras, jugos, gorditas, tostadas, quesadillas, dorilocos, helados, banderillas y pizzas se mantenían listos para recibir a los niños. Comerciantes como Estefanía, que vende helados, o doña Rosa, quien esperaba a su nieta, señalaron tener necesidad de trabajar y vender, a pesar de haber sido informados de la prohibición fuera de las escuelas por la ley aprobada por la SEP.
Alimentos que están prohibidos dentro de las escuelas, como chicharrones, dulces y refrescos, siguen disponibles sin restricción a pocos pasos de las aulas. Esto, sumado a la presencia de tienditas y Oxxos alrededor de los planteles, complica el objetivo de limitar el acceso a la comida chatarra.
Reacciones encontradas entre padres y alumnos
La prohibición ha generado opiniones divididas entre los padres de familia. Algunos la consideran necesaria para fomentar una cultura de alimentación saludable, señalando que el consumo fuera de la escuela es responsabilidad individual. El señor Felipe Ramos, por ejemplo, apoyaba la medida.
Otros padres, sin embargo, critican la ley, argumentando que no todos tienen recursos o tiempo para preparar comida saludable en casa, y que una bolsa de chicharrones puede ser una opción económica para quitarle la ansiedad de comer a un niño. La señora Luisa expresó su descontento, al igual que la señora Carmen, quien cuestionó que se regañe a los alumnos por traer alimentos desde casa, incluso si son productos como sándwiches o tortas compradas en un Oxxo.
Además, algunos padres denuncian que maestros y autoridades escolares han llegado a revisar las mochilas de los alumnos para impedir la entrada de frituras, jugos y refrescos. Alumnos reportan que los prefectos realizan estas revisiones y que se levantan "reportes" a quienes son sorprendidos con estos alimentos.
Esta práctica es vista por algunos padres como incorrecta, ya que la ley prohíbe la venta, no que los alumnos traigan comida de casa. Otros padres, como la señora Mara Monroy, están de acuerdo con la revisión de mochilas, incluso si se hacía antes de la prohibición de la comida, debido a los altos índices de sobrepeso infantil.
Existe confusión entre los padres sobre cómo se aplica la ley. Algunos afirman que cada escuela la interpreta de manera diferente, con algunas prohibiendo solo frituras y refrescos, mientras que otras vetan helados, jugos y todo excepto guisados, arroz, huevo y fruta. Esta falta de uniformidad se suma a la dificultad de que los niños realmente consuman las opciones saludables que se les envían desde casa; una madre comentó, entre risas, que su hijo no se comía la fruta ni la verdura.
Perspectivas críticas y propuestas de cambio
Más allá de la implementación, la prohibición ha sido criticada por expertos. La nutrióloga Raquel Lobatón considera que la medida proviene de un enfoque "gordofóbico", centrado en prevenir la obesidad y estigmatizar a los niños gordos, asumiendo erróneamente que su sobrepeso se debe solo a estos alimentos. Afirma que la política ignora la falta de recursos y tiempo en muchos hogares para preparar comidas complicadas.
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Lobatón critica que las escuelas se conviertan en "policía alimentaria" y sugiere que prohibir alimentos puede generar obsesión y culpa en los niños, llevándolos a consumirlos a escondidas. Para ella, prohibir no es la solución, y aconseja a los padres exigir que se respete la norma permitiendo a los niños llevar el lunch que deseen sin confiscaciones.
Algunos padres y especialistas también han señalado que, si bien se prohíbe la comida chatarra, otros problemas como el consumo de vapeadores o sustancias ilícitas dentro de las escuelas no reciben la misma atención. Se ha dicho que es más fácil meter cigarros que unos cheetos en algunas escuelas.
En medio de este panorama, ha surgido información sobre un proyecto de reforma presentado por la SEP que podría revertir parte de la ley. Este documento, fechado el 4 de abril, buscaría permitir el uso de productos ultraprocesados con sellos de advertencia en la preparación de alimentos dentro de las escuelas, eliminar la prohibición de venta fuera de los planteles, reducir las sanciones y retirar facultades de verificación a Cofepris. La definición de sanciones se limitaría a la promoción publicitaria, no a la venta o preparación.
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La petición infantil a la presidenta Sheinbaum, aunque anecdótica, refleja la resistencia y el descontento que genera una política destinada a combatir la obesidad infantil, pero que enfrenta múltiples desafíos en su aplicación y genera un amplio debate sobre su efectividad, equidad y enfoque.