El 3 de febrero de 2025 empezó como tantas otras para la familia Hernández García. María y Juan, padres de seis hijos, preparaban a su hija de 10 años para un largo viaje desde Rio Grande City, en el sur de Texas, hacia un hospital en Houston, en Estados Unidos. Desde que la menor había sido diagnosticada en 2024 con un tumor cerebral poco común, estas visitas médicas se habían convertido en rutina. Pero aquel día, el trayecto de cinco horas sería distinto: la rutina se quebró, y la vida familiar cambió de rumbo.
En el puesto de control de la Patrulla Fronteriza en Sarita, a 145 kilómetros de su destino, la familia fue detenida. Llevaban una carta médica que explicaba la urgencia del tratamiento. Era la misma que habían presentado en ocasiones anteriores. Sin embargo, esta vez no hubo paso. Durante horas, la familia fue interrogada. Después, fueron trasladados a un centro de procesamiento federal, donde pasaron la noche, y al día siguiente, deportados a México.
Los seis hijos, cinco de ellos ciudadanos estadounidenses, fueron expulsados junto con sus padres, quienes carecen de estatus migratorio regular. Entre ellos estaba la niña con cáncer cerebral y otro menor con una afección cardíaca. El hijo mayor, también ciudadano estadounidense, no viajaba con ellos y permanece en el país.
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María y Juan —nombres ficticios usados por razones de seguridad— habían estado trabajando en la agricultura, empacando frutas y verduras. Nunca habían tenido problemas con la ley. Según su abogado, Danny Woodward, del Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), no existía una orden de expulsión acelerada registrada en sus documentos actuales. La familia había cruzado antes el mismo puesto de control sin incidentes.
Desde su expulsión, residen en Monterrey. Allí, el pasado jueves, fueron visitados por tres miembros del Caucus Hispano del Congreso de EE. UU. (CHC, por sus siglas en inglés): Adriano Espaillat, Sylvia Garcia y Joaquin Castro. El grupo se desplazó desde Washington en un intento por llamar la atención sobre el caso.
Durante el encuentro, los congresistas escucharon a los padres, quienes buscan desesperadamente una forma de regresar legalmente a Estados Unidos, al menos uno de ellos, para continuar el tratamiento médico de su hija. Mientras tanto, la niña no ha podido acceder a la atención especializada que recibía en Houston. Su salud, dicen sus padres, es frágil.
“Fuimos detenidos y nos enfrentamos a la decisión más difícil de tomar, que era separarnos permanentemente de nuestros hijos, o ser deportados juntos”, relató María en una declaración en video.
Niños deportados por la administración de Trump
El caso no es aislado. En abril, una madre hondureña fue deportada junto a su hijo de cuatro años, también ciudadano estadounidense, en pleno tratamiento por cáncer en etapa cuatro. Los defensores de los derechos de los migrantes advierten que estas decisiones obligan a familias de estatus migratorio mixto a elegir entre la separación o la salida forzada del país.
Contexto: Según el American Immigration Council, unos 4,4 millones de niños ciudadanos estadounidenses viven con al menos un padre indocumentado. En muchos de estos hogares, los padres proveen cuidados médicos y estabilidad. Las deportaciones, señalan los expertos, colocan a los menores en situaciones de vulnerabilidad médica y emocional.
La Patrulla Fronteriza, al ser consultada, declaró que “los hechos relatados son inexactos” y que cualquier persona con una orden de expulsión previa enfrenta consecuencias. No ofrecieron detalles específicos del caso por razones de privacidad.
Mientras tanto, en Monterrey, la familia Hernández García vive con la incertidumbre del mañana. La niña continúa sin tratamiento especializado. Sus padres, sin un camino claro de regreso. El viaje que emprendieron aquella mañana de febrero, en busca de una consulta médica, quedó interrumpido. Ahora, esperan que el eco de su historia cruce la frontera que ellos ya no pueden.